La primera vista pública de una medida que busca crear un fideicomiso para el retiro de los policías, que se nutriría de los ingresos de la venta de las licencias de las máquinas tragamonedas, reveló hoy una compleja trama que mezcló señalamientos de ineficiencia gubernamental, ligereza legislativa, interferencia de la Junta de Control Fiscal (JCF) e insatisfacción con la gestión del actual director ejecutivo de la Comisión de Juegos, Orlando Rivera Carrión.

En medio de esa ensalada de asuntos, también surgió un extenso debate sobre la deseabilidad de promover legislación que podría promover la adicción al juego en menoscabo del bienestar colectivo.

Hace tres años la legislatura enmendó la “Ley de Máquinas de Juegos de Azar” para disponer que el 50% de los ingresos de las licencias se destinaran a crear un fideicomiso para el retiro de los maestros. Otra enmienda posterior creó la Comisión de Juegos, que busca legalizar y regular la industria de las máquinas tragamonedas a través de una conexión electrónica al Departamento de Hacienda. Esa enmienda asignaba el 50% de los recaudos que generarán los impuestos a la industria del juego a las pensiones de los empleados públicos y el 15% para los gastos operaciones de la Policía.

Pero al día de hoy, el dinero del retiro de los policías no se ha asignado al fideicomiso y existe confusión en torno al proceso de legalización de las máquinas tragamonedas, que tras la creación de la Comisión de Juegos, se mueve a paso lento.

Por esa razón, el representante José “Cheito” Rivera Madera, quien preside la Comisión de Turismo dela Cámara de Representantes, presentó en diciembre pasado el Proyecto de la Cámara de 1119 para que el 95% de los ingresos de las licencias de estas máquinas vaya a un fideicomiso independiente y fuera del alcance de la JCF y del propio gobierno central. La pieza legislativa también elimina el requisito de conectar las máquinas tragamonedas al Departamento de Hacienda.

“Conocemos la burocracia gubernamental y ahora hay que sumarle a la Junta que quiere legislar por nosotros y gobernar por el gobernador”, afirmó Rivera Media al final de la vista que se extendió más de tres horas.

Ante la Comisión de Turismo, el director ejecutivo de la Comisión de Juegos indicó que el dinero generado por las licencias de las máquinas de azar permanecía en el Departamento de Hacienda porque la JCF no autorizaba el uso de esos fondos, una situación que afectaba el funcionamiento de la agencia que dirige desde hace poco más de un año.

Rivera Carrión depuso bajo juramento y compareció ante el cuerpo acompañado de su abogada Tatiana Valle.

Aunque Rivera Carrión no rechazó la medida y dejó esa a la discreción del cuerpo, levantó preocupaciones por el efecto que tendría la desregulación de la industria. También -a preguntas de los legisladores- mencionó las limitaciones presupuestarias de la agencia que dirige y las demandas que ha enfrentado la Comisión para adoptar reglamentos y encaminar el proceso de fiscalización.

En un momento, ante preguntas del representante Eddie Charbonier Chinea, respondió que no contaba con un almacén para colocar las máquinas ilegales que su agencia debía fiscalizar. Sin embargo, se mostró confiado en que con el equipo adecuado podría fiscalizar las máquinas.

Desde que asumió el cargo, Rivera Carrión ha concedido 11,000 marbetes de un total de 25,000 que puede otorgar por Ley. Estimó que existen unas 80,000 máquinas operando sin la autorización de la agencia. La medida en discusión propone autorizar 45,000 máquinas de juegos de azar sin la conexión a Hacienda, que permitiría su fiscalización y que todavía la Comisión de Juegos no ha implementado porque no  ha realizado una licitación para escoger al proveedor de este servicio. También existe una polémica en torno a las máquinas tragamonedas que la agencia podría certificar.

Pero en medio de su ponencia, el representante Rivera Madera del Partido Popular Democrático indagó sobre la participación de Rivera Carrión en un chat con miembros de la industria, que debe regular y que provocó que los comisionados de la Comisión de Juegos se reunieran para pedirle explicaciones porque parecía favorecer a unos maquineros sobre otros.

Aunque Rivera Carrión inicialmente expresó resistencia a responder preguntas sobre el polémico chat, reconoció que había sido impropio participar en el mismo.

“Ahora mirando te digo que no. Mi participación en el chat fue temporal. Quería conocer el sentir de una industria que está dividida”, apuntó.

Pero insistió en que sus expresiones habían sido sacadas de contexto y voluntariamente se ofreció a entregar el contenido del chat íntegro.

El representante también preguntó por la reglamentación que permite a Rivera Carrión viajar con gastos pagos como parte del proceso de certificación de las máquinas de juegos al azar. Una demanda ante el Tribunal de San Juan también cuestiona la legalidad de pedir a los licitadores que paguen los gastos y viajes a Estados Unidos como parte del proceso de subasta para las líneas de interconexión de las máquinas de juegos de azar.

“El viaje de Chicago, Illinois así es”, indicó sobre el viaje a visitar la empresa Incredible Technologies con gastos pagos por la propia empresa.

Durante el intercambio con los legisladores, el representante penepé José Aponte Hernández se expresó en contra de la medida y favoreció que la Comisión de Juegos mantuviera sus facultades.

“Lo que hay que hacer es cumplir la ley, que no se está cumpliendo en este momento”, apuntó Aponte Hernández.

Aponte Hernández también preguntó sobre un estudio que realizó la Comisión de Juegos y que encontró que no se justifica una expansión de la industria.

“Lo rechazaron en Cámara y en Senado”, respondió Rivera Carrión.

Pero su correligionario, el representante Charbonier Chinea, cuestionó duramente a Rivera Carrión. Le exigió que ofreciera datos puntuales y no aproximaciones.  

¿Usted cree que puede fiscalizar lo que pide este proyecto?, preguntó el representante.

“Seguro que sí, si me dan la oportunidad de yo entrar y conectar las máquinas con la máquina que es, yo lo puedo hacer”, señaló el director ejecutivo de la Comisión de Juegos.

Luego el representante lució incómodo cuando Rivera Carrión mencionó los asuntos que afectan su desempeño y mencionó a los operadores, las demandas, la falta de presupuesto y “los comentarios y los chats”.

“Con todo el respeto, no creo que eso sea una respuesta seria”, soltó Charbonier Chinea.

El secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Cidre Miranda, no endosó la medida, que describió como punto de partida para elaborar una pieza legislativa que recoja la política pública de estado.

“El proyecto propone eliminar el requisito de conexión como condición para poder operar una máquina. Entendemos respetuosamente que dicho requisito debe permanecer inalterado. La conexión permite que la Comisión de Juegos conozca datos importantes, tales como: el dinero que circula en las máquinas; si las maquinas han sido intervenidas; los premios que se han pagado, entre otras cosas”, afirmó.

Además, Cidre Miranda también habló del impacto negativo de la adicción y de la desregulación de las máquinas.

Ante preguntas de Rivera Madera, el secretario de Desarrollo Económico defendió el trabajo de los comisionados de la Comisión de Juegos.

“Yo estoy acompañado de otros seis comisionados, que tienen un compromiso inquebrantable con Puerto Rico. Le quiero asegurar a esta Comisión, al pueblo de Puerto Rico y al señor gobernador, que es quien nombró al director ejecutivo de la Comisión de Juegos, que de nosotros identificar cualquier situación en su mínima expresión, que pueda tener un destello de falta de claridad, de falta de transparencia, a este servidor y en representación de los comisionados, no nos va a temblar la mano en tomar las decisiones que haya que tomar”, concluyó.

El  presidente del Frente Unido de Policías Organizados, Diego Figueroa, y el presidente del  Cuerpo Organizado de la Policía, Carlos Lowell Matos, apoyaron la medida y en sus ponencias describieron las limitaciones del dinero que el Plan de Ajuste a la Deuda asigna al retiro de los policías. También expresaron malestar por la interferencia de la Junta en medidas que buscaban allegarle fondos al retiro de los policías. Según indicaron, que la partida de $850 millones contenida en ese plan podría agotarse en 15 años.

“Lo que usted dijo esta mañana al comienzo de la vista, usted lo que expuso fue básicamente eso. Que fue lo que me da lugar a mí para decir que no quiero dinero sucio en la mesa de un policía. Lo que usted está diciendo se trata de eso mismo. Hay unas personas que quieren conexión porque tienen unos intereses inmensos sobre esa situación”, apuntó Figueroa.

“Usted lo acaba de describir. Usted lo puso en evidencia. Cualquier persona que conozca algo de investigación criminal o que haya investigado se da cuenta inmediatamente de que lo que puso inmediatamente sobre la conexión es un acto, y lo trajo a todas luces, deshonesto totalmente en la forma en que se está llevando. Llegó hasta Chicago y fuera de Chicago. Llegó a conseguir una expresión de que hubo visitas no pagadas con dinero público y pagadas por inversionistas de conexión. Aquí se han descubierto muchas cosas. Por eso es que digo este proyecto en sus manos y en esta Comisión, más lo que acaba de expresar el legislador Aponte. Es lo que yo digo el juego siempre va a existir, pero me da lugar a mí a pensar que este proyecto tiene futuro para la Policía de Puerto Rico y que puede ser viable como usted dice con unos cambios específicos sobre ese particular. Salvaguardando de que las pirañas no estén rondeando que parezcan chopas, y que cuando uno meta el pie se lo coman”, agregó al final de la audiencia.