Decenas de hogares de niños sin licencia para seguir operando a partir de octubre

\

A dos meses de la entrada en vigor de la Ley federal “Family First”, ninguna de las 42 instituciones residenciales en la isla ha completado los requisitos de licenciamiento, reconoció Glenda Gerena, titular de la Administración de Familias y Niños (Adfan), la dependencia del DF a cargo del Programa de Protección de Menores.

De las 42 instituciones, 37, dijo Gerena, están en trámites de licenciarse, mientras Adfan y el DF están “en conversaciones” con el gobierno federal para determinar cuánto tiempo se les va a permitir operar sin la licencia que necesitarán a partir del 1 de octubre.

La agencia tiene a su cargo, en este momento, a 2,485 menores, de los cuales 1,479 están en plan de reunificación con sus familias. El resto, 1,006, están disponibles para adopción. Aparte de las 42 instituciones residenciales, el DF licencia 90 hogares sustitutos, que son residencias particulares de personas que, por un estipendio mensual, albergan en sus casas por determinado a tiempo a menores removidos de sus familias.

El Nuevo Día

Marginal del Expreso Baldorioty de Castro estará cerrada hasta el 20 de agosto

Los conductores que transitan por la marginal de la PR-26 Salida 4B, frente al Residencial Luis Llorens Torres hacia San Juan, podrán utilizar: la calle Arco Iris hasta llegar a la calle Corona donde doblarán a la izquierda hasta llegar a la intersección con la calle Tapia. Luego, tomar a la izquierda y continuar hasta llegar a la marginal de la carretera PR-26 en dirección hacia San Juan. Las obras se extenderán hasta el viernes, 20 de agosto en la madrugada.



NotiCel

Multa de $250 para quienes tiren las mascarillas y los guantes en las playas

De ahora en adelante, las personas que dejen tiradas las mascarillas o los guantes plásticos en las playas o balnearios del País se exponen a una multa de $250, esto luego que el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia estampó su firma sobre una medida, que penaliza esta práctica.

Pierluisi Urrutia también convirtió en leyes una medida que crea la “Carta de Derechos del Consumidor”, otra que autoriza a los abogados y abogadas a solicitar certificados de actas de nacimiento, matrimonio y defunción de sus clientes ante el Registro Demográfico y otra medida que ordena al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, que evalúe el traspaso las instalaciones de la Escuela Rosendo Matienzo Cintrón al municipio de Sabana Grande con el fin de establecer un proyecto educativo-deportivo y agrícola en dicho pueblo.

La semana pasada estampó su rúbrica sobre una medida que proscribe las neveras de “foam” de las playas y balnearios pero todavía tiene ante su consideración una medida para despenalizar las manifestaciones.

Hoy, en rueda de prensa, señaló que su equipo de trabajo evalúa ese proyecto y realizará las debidas recomendaciones.

Responsabilidad del empleado no vacunado pagar prueba de COVID-19

Las agencias y escuelas públicas no tendrán pruebas de COVID-19 disponibles para los empleados y empleadas que opten por no vacunarse contra el virus.

Corresponde a cada funcionario realizarse la prueba y presentarla cuando se reporte a trabajar cada lunes, aclaró hoy el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia.

Actualmente, hay lugares que realizan las pruebas de detección del virus de forma gratuita o las costea el plan médico con la debida orden médica.

“La responsabilidad recae sobre el servidor público”, apuntó el Mandatario.

No descartó, sin embargo, que en el futuro el Gobierno sufrague ese costo.

El 95% de los maestros y el personal de apoyo de las escuelas públicas ya se inoculó contra el copie-19, mientras que 94,000 estudiantes entre las edades de 12 a 19 años también recibió el pinchazo.

Las nuevas directrices promulgadas en las pasadas semanas requieren que todos los empleados y estudiantes mayores de 12 años de las escuelas y universidades públicas y privadas se vacunen para regresar a las aulas. Los empleados públicos del gobierno central también tienen que presentar evidencia de la inoculación.

Quedan exentas del requerimiento las personas con condiciones médicas, quienes tendrán que presentar un certificado médico, y las personas cuyos dogmas religiosos rechacen este tipo de intervención en el cuerpo. En caso de una objeción por principios religiosos, esos empleados tendrán que presentar una declaración jurada con la firma del ministro o líder religioso.

En rueda de prensa junto al subsecretario de Educación, Héctor Joaquín Sánchez Álvarez, el Mandatario anunció que cerca de 42,000 empleados del Departamento de Salud recibirán un incentivo $5,000 por su “trabajo fundamental” durante la pandemia.

El pago de este incentivo especial, que se costeará con fondos federales, se realizará en dos pagos: $2,500 en diciembre de este año y $2,500 en mayo, cuando acabe el año escolar.

“Su muerte no nos trae paz ni pone fin a esta desgracia”, asegura familia de Andrea Ruiz ante suicidio del asesino

Luego que el imputado de asesinar a Andrea Ruiz Costas fuera hallado muerto en la cárcel, la familia de la joven de 35 años calificó la situación como “otra tragedia añadida a esta devastadora historia”.

“Su muerte no nos trae paz ni pone fin a esta desgracia”, sostuvo la familia en una comunicación escrita.

“El asesinato de Andrea fue desencadenado por la incompetencia e insensibilidad de dos empleadas aún activas en la judicatura. No lo olvidemos”, agregaron en referencia a la juezas que no encontraron causa de arresto contra Miguel Ocasio Santiago solo un mes antes de que la joven apareciera muerta.

“Lamentablemente ese individuo nunca mostró arrepentimiento por su vil acto y optó por escapar de la justicia terrenal”, añade la declaración escrita.

“Nosotros, la familia de Andrea, seguiremos luchando por la justicia para ella y para todas las mujeres que valientemente buscan protección en este país; nosotros seguiremos exigiendo transparencia y rendición de cuentas en los procesos de justicia; específicamente en lo relativo a su caso”, reiteraron.

“Todavía nos queda camino por recorrer y que quede claro que esto no acaba aquí. Estaremos trabajando incansablemente para que la muerte de Andrea genere cambios urgentes en nuestro sistema para beneficio de todos y todas”, concluye la declaración circulada hoy.

Wanda Vázquez se une a facultad de la Inter mientras es investigada por Ética Gubernamental

La ex gobernadora Wanda Vázquez Garced se unió al profesorado del Departamento de Justicia Criminal de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.

Así lo confirmó a este portal digital de noticias la profesora Marilina Lucca Wayland, rectora de la Inter Metro, al tiempo que apuntó que la ex mandataria fue evaluada y seleccionada para una plaza que estaba vacante en el Departamento de Justicia Criminal tras la muerte del profesor Adam Colón y comienza como profesora a tarea completa.

“Hemos tenido una buena experiencia con servidores públicos que están entrando a la cátedra. Estamos honrados en que la licenciada Wanda Vázquez entre a trabajar con nosotros y quiera estar en la cátedra”, sostuvo mientras indicó que el presidente de la Inter confirmaría su posición en los próximos días.

En la actualidad, la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) mantiene activa una investigación contra Vázquez Garced. El referido ocurre luego que el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) determinó no asignarle un Fiscal Especial Independiente (FEI) pero referirla a la OEG debido a que se alega que la ex gobernadora cuando se enteró que era investigada le expresó a su principal asesora legal que sería “bueno para su defensa” tener acceso a un informe de investigación relacionado al mal manejo de suministros tras los terremotos en Ponce. Ante esto, su asesora le solicitó a la entonces secretaria de Justicia interina, Wandymar Burgos que investigara si Vázquez Garced estaba entre los referidos de Justicia.

Ante el escenario de que la ex gobernadora es investigada por posibles violaciones a la ley, la rectora de la Inter indicó que “no puedo opinar sobre eso porque no ha habido un resultado final”.

Vázquez Garced trabajó como abogada especializada en violencia doméstica y sexual, antes de su nombramiento como secretaria del Departamento de Justicia de Puerto Rico por el ex gobernador Ricardo Rosselló en 2017.

En 2010 fue designada para dirigir la Oficina de la Procuradora de las Mujeres por el entonces gobernador Luis Fortuño.

Previo a esto, en noviembre de 2018, Vázquez fue acusada de haber intervenido en nombre de su hija y su yerno tras un robo domiciliario en la residencia de estos. Eso la convirtió en la primera secretaria de Justicia en enfrentar cargos penales, pero el juez Yazdel Ramos Colón la exculpó de haber cometido cualquier infracción ética y dijo que no había prueba suficiente contra ella.

Jasmine Camacho-Quinn: Segundo oro para Puerto Rico, la décima medalla olímpica y la primera en establecer marca olímpica

Esta mañana sonó por segunda ocasión La Borinqueña en unas olimpiadas. Jasmine Camacho-Quinn, de tan solo 24 años, alzó los brazos anoche como campeona olímpica de Tokio 2020 en la carrera de 100 metros con vallas.

La atleta dijo que ya se imagina una parada en Puerto Rico para celebrar la medalla, tal y como ocurrió en el 2016, cuando la parada fue, sobre todo, para Puig como la primera medallista de oro olímpica de Puerto Rico. Su tiempo ganador fue de 12.37 segundos por encima de su marca en la semifinal, que fue un récord olímpico de 12.26. La joven atleta recibió la medalla de oro poco antes de las 7:00 a.m. hora de Puerto Rico.  

Cortesía Telemundo



Ética Gubernamental radica querellas contra Alcalde de Mayagüez por nepotismo

La Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico (OEG) presentó una querella contra el Alcalde del Municipio de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez Rodríguez, por otorgar varios nombramientos a su hermano, Orlando Rodríguez Rodríguez, en puestos de confianza en el Municipio, sin solicitar autorización de la OEG. 

El hermano del alcalde fue nombrado como Ayudante de Desarrollo Comunal en 2001 y se le otorgó una dispensa pero en 2013, 2017 y 2021 nombró nuevamente a su hermano y no consultó con la OEG resultando en nepotismo. Se alega que violó así dos artículos de la Ley de Ética en seis ocasiones. El Alcalde se expone a multas de $20,000 por cada infracción.