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Antes de nominar al juez superior Jorge Díaz Reverón por tercera ocasión, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia dijo hoy que preguntará al esposo de la exgobernadora Wanda Vázquez Vázquez si todavía tiene interés en una de las cinco plazas vacantes que hay en el Tribunal de Apelaciones.
Ayer, el primer ejecutivo dejó la puerta abierta para realizar la designación, pero hoy modificó su respuesta en medio de las negociaciones que el Ejecutivo llevaba a cabo con la delegación del Partido Popular (PPD) en el Senado para planchar los nombramientos que podrían atenderse en una sesión extraordinaria. Al mismo tiempo, Vázquez Garced defendía a su marido por alegaciones contenidas en una demanda por despido injustificado que sostienen que el inversionista Fahad Ghaffar regaló a Díaz Reverón el lujoso BMW que adquirió al inicio de la pandemia. La exgobernadora negó esa imputación.
“Esa decisión no se ha tomado, pero esa información que salió a relucir es lo mismo que salió a relucir meses atrás y que entiendo fue investigado por la propia Rama Judicial y básicamente no se encontró ningún señalamiento. O sea, que no es nada nuevo”, apuntó a preguntas de la prensa.
“Ahora la decisión en cuento a renominarlo o no, no la he tomado. Quisiera consultarlo a él personalmente en cuanto a sí desea que se le renomine. El cargo que él ocupa como juez superior expira el 30 de este mes. Así que le voy a consultar y en su momento decidiré si se denomina”, abundó.
Dos fuentes legislativas con conocimiento de los nombramientos aseguraron que Díaz Reverón no cuenta con los votos para pasar el crisol del Senado en este momento. El juez tenía los votos durante la primera sesión ordinaria. En esa ocasión, el senador popular Albert Torres Berríos cabildeo votos a favor del nombramiento dentro de su delegación, pero en esta ocasión Torres Berríos enfrenta un proceso disciplinario, que le ha quitado fuerza a poder de cabildeo.
Esta mañana, Vázquez Garced hizo un llamado al Senado para que evalúe a su compañero de vida “en sus méritos” y aseguró que la divulgación del contenido de la demanda buscaba descarrilar su designación.
El cuatrienio pasado la exgobernadora consultó a la Oficina de Ética Gubernamental la posibilidad de nombrar a su marido a un cargo judicial. Pero Ética concluyó que no podía realizar ese tipo de nombramiento porque incurriría en conducta antiética y prohibida por la Ley orgánica de la agencia.