Noelia García, secretaria de la Gobernación, dijo que la única ganancia que recibe LUMA anualmente es una cuantía fija por operar y mantener el sistema eléctrico. Agregó que dentro de esa cuantía fija, Luma Energy establecen el salario de sus ejecutivos y que esto de ninguna manera impacta la factura de los clientes. Los gastos de estos ejecutivos no son gastos reembolsables bajo el contrato, agregó.
La medida no se llevó a votación final anoche y el presidente del Senado, Jose Luis Dalmau Santiago tuvo que reconocer que la versión del informe de conferencia llevada a votación no era la misma que se había repartido entre los senadores. El informe en discusión elimina la lista de 22 días feriados que el Senado había propuesto para que se pagaran a tiempo doble.
En una semana se han elevado las cifras de casos de COVID-19 en las cárceles de 167 a 405 casos.Afortunadamente, según reporta la agencia, no hay personas hospitalizadas. Sin embargo, durante la pandemia han fallecido tres empleados y tres confinados por complicaciones relacionadas al COVID-19.
Ante lo acontecido, la secretaria de Corrección ordenó un “lockdown” del 11 al 30 de noviembre en todas las cárceles.
Mientras la UPR y el Recinto de Ciencias Médicas están en serios problemas con las agencias acreditadoras, el vicepresidente de la Junta se fue a hacer otras gestiones como presidente de la liga de baloncesto nacional ausentándose de la reunión junto con otras personas lo que provocó un comentario adverso de parte de los acreditadores.
Según reportado por El Nuevo Día, uno de los miembros del cuerpo rector afirmó que esto mostraba falta de interés de ser acreditados. De hecho, según la agencia acreditadora la UPR no ha demostrado la capacidad económica para poder sostener sus programas de Ciencias Médicas por lo que podría perder la acreditación.
Info:
El portavoz de la mayoría popular en el Senado, Javier Aponte Dalmau dijo que Héctor Joaquín Sánchez “es un político y no un educador”.
“El gobernador nos quiere imponer a Héctor Joaquín y él no goza de la confianza de la mayoría popular porque es un político. El gobernador tiene que nombrar a una persona ya que nos ponga en posición de poderla evaluar en sus méritos en Educación”, declaró Aponte Dalmau en entrevista con EL VOCERO.
Tanto Jorge Colberg Toro como Ramón Torres llegaron a la CEE de manera oficial hace poco más de tres meses, tras la salida de Gerardo “Toñito” Cruz. Ambos alegaron que encontraron un desastre en asuntos presupuestarios mantenidos en secreto, reglamentos sin redactar e incumplimiento con las disposiciones del Código Electoral. Rechazaron además las expresiones de Cruz de que el Partido Popular está al borde del precipicio y pidieron que fundamente las alegaciones en una declaración jurada.
Ante la decisión del Senado de no atender sus nombramientos, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia solicitó esta tarde el retiro de 36 nombramientos.
El mandatario realizó el trámite al filo de las 6:30 p.m., como ocurrió al final de la primera sesión ordinaria y luego que la Cámara alta solo atendió tres nombramientos al inicio de la jornada de hoy.
En la comunicación enviada al Senado, el mandatario solicitó retirar los nombramientos del comisionado de seguros, Mariano Mier Romeu, del director ejecutivo de la Oficina de Puerto Rico Innovation and Technology Service (Prits) Enrique Volckers Nin, la nominación al Apelativo del juez superior Jorge Díaz Reverón, esposo de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, el ascenso en rango de la actual jefa de Fiscales Jessika Correa González y el nombramiento a jueza superior de la fiscal Wanda Casiano Sosa.
Ayer, el gobernador anticipó que evaluaba la posibilidad de renominar por tercera ocasión a la mayoría de estos designados y designadas durante el receso del Senado, que inicia mañana.
Pierluisi Urrutia también retiró la designación al Tribunal de Apelaciones de juez administrador del Tribunal de Caguas, Ricardo Marrero Guerrero, un nombramiento que impulsaba el presidente senatorial, José Luis Dalmau Santiago.
Dalmau Santiago intentó -sin éxito- que Pierluisi Urrutia nombrara a Marrero Guerrero al cargo de presidente alterno de la Comisión Estatal de Elecciones. Luego logró que el mandatario lo designara al Apelativo la semana pasada.
Después que culminó el trámite en el hemiciclo de la Cámara alta, Pierluisi Urrutia expresó pesar por la situación.
“Lamento que haya pasado casi un año y la mayoría del Partido Popular Democrático en el Senado no actuara sobre 36 nombramientos mientras que la Cámara de Representantes tampoco atendió dos nombramientos de importancia. Siempre que he realizado nombramientos, he presentado candidatos con la capacidad y los conocimientos para ocupar el cargo al que les designo”, planteó en declaraciones escritas.
“Es por esto que estoy retirando los nombramientos que no fueron atendidos y como ya había adelantado estaré haciendo renominaciones en la gran mayoría de los casos, y los anunciaré en su momento. Que quede claro, siempre procuraré por la continuidad y la sana administración del Gobierno”, agregó.
Al inicio de la jornada, la Cámara alta atendió la extensión del interinato del rescatista Nino Correa Filomeno como comisionado interino del Negociado de Manejo de Emergencias hasta junio del 2022, la designación a juez superior de Néstor Acevedo Rivera y la extensión a un nuevo término del fiscal Francisco González Muñiz.
Mira la lista aquí: Nombramientos retirado
En una gaveta del Senado quedarán hoy las cinco designaciones al Tribunal de Apelaciones realizadas por el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, entre ellos el nombramiento del juez superior Jorge Díaz Reverón, esposo de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced. Su término como juez superior expira a finales de este mes. La Cámara alta tampoco atenderá el ascenso en rango de la actual jefa de Fiscales Jessika Correa González, el nombramiento a jueza superior de la fiscal Wanda Casiano Sosa, el nombramiento del comisionado de Seguros, Mariano Mier Romeu y de Enrique Volckers Nin como director ejecutivo de la Oficina de Puerto Rico Innovation and Technology Service (Prits).
Hoy, en el último día de trabajos de la segunda sesión ordinaria solo se considerarán tres nombramientos del Ejecutivo y la reforma laboral, confirmó a este portal de noticias el portavoz del cuerpo Ángel Raúl Matos.
Al inicio de la jornada, la Cámara alta atendió la extensión del interinato del rescatista Nino Correa Filomeno como comisionado interino del Negociado de Manejo de Emergencias, la designación a juez superior de Néstor Acevedo Rivera y la extensión a un nuevo término del fiscal Francisco González Muñiz.
El Senado autorizó extender el nombramiento de Correa Filomeno luego de que el gobernador en el día de hoy volvió a someter su interinato ante la consideración del cuerpo.
Los senadores y senadoras aprobaron a viva voz la Resolución 454, que permite a Correa Filomeno mantenerse en la jefatura de la agencia hasta el 30 de junio de 2022. El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, presentó la resolución autorizando la extensión del interinato, que bajó por descargue y quedó aprobada sin debate.
Luego el Senado también aprobó a viva voz el nombramiento del licenciado y exfiscal Néstor Acevedo Rivera como juez superior y la designación del fiscal Francisco González Muñiz a un nuevo término.
La aprobación de estos nombramientos ocurrió luego de que Dalmau Santiago informó a la delegación del PNP que solo bajaría a votación los 11 nombramientos, que la Comisión de Nombramientos refrendó ayer y que daría tiempo al gobernador para retirar las designaciones que el propio Pierluisi Urrutia ya anticipó volverá a nombrar cuando inicie el receso de la Cámara alta, como ocurrió al final de la primera sesión ordinaria.
La Comisión de Nombramientos preparó 13 informes, pero solo llevó a votación 11. Ayer se anticipaba que los 11 bajarán al pleno del Senado para votación, pero los trabajos cerraron anoche sin que evaluarán los nombramientos. Hoy, debía bajar pero en un cambio de postura tras la celebración de un caucus del Partido Popular Democrático solo se bajaron a votación tres nombramientos.
La presidenta del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, Nydia Cotto Vives, reveló esta tarde que el alcalde de Mayagüez, José Guillermo “Guillito” Rodríguez, enfrenta un proceso administrativo ante la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario (UPAD) de dicho ente investigador, que contempla sanciones disciplinarias.
Hoy, el Panel asignó dos fiscales especiales para investigar un supuesto esquema fraudulento en el ayuntamiento tras recibir un referido del Departamento de Justicia. De forma simultánea, envió a la UPAD el informe preliminar de Justicia para su evaluación y recomendación.
Cotto Vives explicó durante una entrevista en “Los Datos son los Datos”, que transmite Wapa TV, que el primer ejecutivo municipal encara dos procesos: uno de naturaleza penal y otro de naturaleza administrativa.
Detalló que la UPAD evaluará el informe preliminar y determinará si corresponde ampliar la investigación preliminar de Justicia o si los hallazgos ante su consideración le permiten realizar una recomendación, que podría contemplar varios escenarios que van desde una suspensión hasta la destitución.
“El Panel decide si acoge o no la acoge (la recomendación)”, apuntó la exjueza a preguntas de Jay Fonseca.
El Panel encomendó a los fiscales especiales Miguel Colón Ortiz y Leticia Pabón Ortiz investigar si el alcalde de la Sultana del Oeste incurrió en delitos de malversación de fondos públicos y de omisión en el cumplimiento de su deber; así como violaciones a la Ley de Ética Gubernamental al permitir que se usará una partida de $9.8 millones de fondos públicos para renovar y mejorar el Centro de Trauma de Mayagüez fondos del ayuntamiento para hacer inversiones a través de la empresa municipal Mayagüez Economic Development Inc. (MEDI).
La investigación también abarca a la gerente de Finanzas del ayuntamiento, Yahaira Valentín Andrades.
El proceso de selección del próximo administrador del programa de farmacia del Plan Vital quedó pendiente luego de que la Junta de Directores de la Administración de Seguros de Salud (ASES) determinó pedir información adicional a las empresas que participan en el proceso de licitación, informó el portavoz de la agencia Ramón Alejandro Pabón.
“No se adjudicó. Todavía está en evaluación. Lo que se hizo fue pedir información adicional como parte del proceso de evaluación”, indicó.
Los licitantes tenían hasta el viernes 13 de noviembre para entregar la información. Ahora corresponde a la Junta escoger una fecha para la próxima reunión y adjudicar el contrato. Según Pabón, la Junta todavía no ha determinado cuándo se reunirá nuevamente.
Indicó también que el director de ASES, Jorge Galva, se inhibió de participar en el proceso y delegó en la subdirectora ejecutiva, Roxanna Rosario la presentación del informe con recomendaciones al cuerpo directivo.
“Lo hizo por transparencia”, respondió sobre la razón de la inhibición.
Cinco empresas participan en el proceso de licitación de servicios profesionales para administrar el contrato anual de $44 millones, que incluye el programa de farmacia y el programa de reembolso de medicamentos y que cubre a 1.5 millones de personas. El nuevo contrato entraría en vigor el 1 de febrero de 2022.
Este proceso de petición de propuestas para la administración del programa de farmacia surgió de una auditoría de la Oficina de Contabilidad General (GAO, en inglés) porque la misma empresa, MC21, administra el programa desde hace 16 años.
La Junta de Directores de ASES tiene 11 miembros, entre ellos, el comisionado de Seguros, Mariano Mier Romeu, el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Juan Carlos Blanco Urrutia, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, Omar Marrero, el secretario de Salud, Carlos Mellado López, y el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea.
Esta reunión del miércoles debía celebrarse la semana pasada, pero quedó aplazada en medio de una pugna legal entre ASES y la Administración de Servicios Generales (ASG), que solicitó a la corporación pública información del trámite a raíz de una queja que recibió y que cuestionaba el proceso de solicitudes de propuestas, según una investigación del programa Cuarto Poder, que WAPA Televisión transmite los martes.
La controversia giraba en torno Al alcance de la Ley 73 de 2019, que centralizó el proceso de compras y servicios del gobierno.
Inicialmente, ASES rechazó entregar la información del proceso, que indicó realiza de forma ciega o anónima, y cuestionó la jurisdicción de la ASG para fiscalizar e intervenir en el trámite. Argumentó que su única participación en el proceso se limitaba a elaborar el Registro Único de Profesionales.
Por eso, la ASG acudió al tribunal para reclamar la entrega de los documentos que necesitaba para evaluar si la petición de propuesta cumple con los criterios de servicios profesionales que reclama ASES o si se trata de un trámite de compra que debe realizarse a través de la agencia.
Finalmente, ASES entregó la información y la ASG desistió de la acción civil.