Tribunal desestima petición de empresario acusado de evasión contributiva

  • 03/11/2021

El juez Anthony Cuevas del Tribunal de San Juan Tribunal de San Juan desestimó un recurso judicial presentado por Luis Benítez Avilés contra el Departamento de Hacienda por falta de agotar los remedios administrativos disponibles y ausencia de una determinación final de la agencia.

El empresario había presentado un mandamus para que se paralizara el proceso administrativo que se lleva a cabo en Hacienda, incluyendo las gestiones de cobro y embargo de bienes hasta que se resuelvan los casos criminales.

El pasado 30 de septiembre el secretario de Hacienda, Francisco Parés y el de Justicia, Domingo Emanuelli, presentaron cargos criminales contra el empresario Benítez Avilés, por radicar planillas falsas y fraudulentas, dejar de reportar ingresos que superan $7 millones y utilizar varias corporaciones para evadir el pago de contribuciones y costear lujos y gastos personales ostentosos. El empresario podría enfrentar entre 3 a 8 años de prisión por cada cargo.

Gobernador defiende legislación que viabilizó el Plan de Ajuste a la Deuda

  • 03/11/2021

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia defendió hoy la legislación que viabilizó el Plan de Ajuste a la Deuda (PAD) ante la interpretación del estatuto que realizó la Junta de Control Fiscal (JCF) e indicó que atenderá el asunto de las pensiones de los maestros y jueces mediante legislación.

La aprobación de la Ley 53 enfrentó reparos entre los senadores y senadoras porque la versión de la medida que impulsaba el ente fiscal permitía el recorte a las pensiones de los jubilados y de los servidores públicos activos. El Senado finalmente aprobó la medida tras insertar en el proyecto lenguaje ambiguo, que aseguró, protegería todas las pensiones. Pero el lunes la Junta presentó una moción ante la jueza federal Laura Taylor Swain informando que enmendaría el PAD solo para eliminar el recorte de 8.5% a las pensiones de $1,500 hacia arriba.

“Vamos a hablar con precisión. La legislación fue clara y la Junta así lo ha acogido en cuanto a que no pueden haber recortes a las pensiones y la Junta está enmendado el Plan de Ajuste para eliminar la sección que recorta las pensiones para todos los retirados del gobierno. Eso se corrigió”, afirmó Pierluisi Urrutia en un aparte con la prensa tras participar en un evento del Departamento de Educación.

“La Junta lleva años, esto no es nuevo, insistiendo en que se deben reformar los sistemas de pensiones de los maestros y de los jueces y eso ha estado ahí en el plan fiscal certificado ya por años, alrededor de cuatro o cinco años. Eso no son noticias. Mi posición es que ese asunto se debe atender por la vía legislativa. Entonces, ahora mismo la Junta está planteándole a la juez Taylor Swain que puede hacer esos cambios en los sistemas de retiro de los maestros y de los jueces sin necesidad de recurrir a la Asamblea Legislativa. Eso se está litigando. La Asociación de Maestros lo ha litigado. La Oficina de la Administración de los Tribunales lo ha objetado y la juez es la que lo va a decidir”, agregó.

En esa línea, el gobernador señaló que existe consenso entre el Ejecutivo y el Legislativo para aprobar legislación que atienda el dilema de las pensiones independientemente de la decisión que tome la jueza que atiende el caso de la quiebra gubernamental.

“Tan pronto las finanzas del gobierno mejoren y eso va a ser así cuando este Plan de Ajuste sea confirmado, nosotros vamos a poder atender los reclamos de nuestros servidores públicos por regla general, incluyendo los maestros, incluyendo los policías. O sea, que todos estén tranquilos que lo importante aquí es que se confirme el Plan de Ajuste, que el gobierno esté en mejor condición financiera para entonces atender todos los reclamos vengan de donde vengan”, apuntaló.

Según la interpretación de la Junta, la Ley 53 no detiene la congelación de beneficios de retiro a empleados públicos activos contemplada en el PAD. Tampoco exige que se hagan los ajustes a las pensiones por el costo de vida o inflación.

Las vistas para certificar el Plan de Ajuste a la Deuda empiezan el 8 de noviembre. Pero más allá del recorte a las pensiones, expertos han insistido en que el pago de la deuda es insostenible y que las proyecciones de la propia JCF estiman que Puerto Rico enfrentaría otra quiebra en el 2036.

Ex mano derecha del Secretario de Justicia pide no se le juzgue por “malos amigos”

  • 03/11/2021

La licenciada Marianne Santini Hernández hasta ayer secretaria asociada y mano derecha del secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, aseguró que su renuncia se fundamenta “exclusivamente por diferencias en cuanto a formas y procesos” y advirtió que el país merece que se seleccione a sus funcionarios gubernamentales por “sus méritos profesionales” y “no por quienes son nuestros amigos o nuestros ‘malos amigos’”.

Las declaraciones escritas de Santini Hernández surgen luego de que Emanuelli Hernández, anunció hoy la designación de la fiscal Mónica Rodríguez Madrigal como nueva secretaria asociada interina del Departamento de Justicia.

Con la comunicación escrita que envió a los medios de comunicación, la exfiscal Santini Hernández dejó entrever las grietas que existen al interior de la agencia.

Pese a que Justicia informó que Santini Hernández renunció a su puesto ayer, Emanuelli Hernández le retiró la confianza y le pidió la renuncia el lunes, según fuentes de este portal de noticias. La semana pasada, el Secretario de Justicia también solicitó la renuncia de la jefa de fiscales, Melissa Vázquez Sandoval, quien a inicios de esta semana regresó a dirigir la Fiscalía de Bayamón.

En febrero pasado y a un mes y medio de asumir el cargo, Emanuelli Hernández relevó a la entonces subsecretaria, la experimentada fiscal Phoebe Isales Forsythe, y la devolvió a su puesto de fiscal de Distrito en Fajardo. Las tres fiscales, que formaban parte del equipo cercano del Secretario, salieron en medio de pugnas internas en la agencia.

“Quisiera aclarar que los traslados de la fiscal Phoebe Isales Forsythe y de la fiscal Melissa Vázquez Sandoval fueron decisión exclusiva del Secretario de Justicia, Lcdo. Domingo Emanuelli Hernández”, afirmó Santini Hernández.

“Soy una mujer de carácter íntegro y así lo he demostrado durante mis más de 20 años de dedicación al Departamento de Justicia sin perseguir otro interés que no sea defender sus postulados. Puerto Rico merece servidores que se dediquen con entereza y honradez. Ese ha sido mi norte y siempre lo será”, agregó.

Ante los señalamientos sobre su carácter, convocó al país a juzgarla por su hoja de trabajo y sus méritos y no por su temperamento serio y recto.

“Tener determinado carácter no es requisito de empleo; pero tener principios, seriedad, profesionalismo, conocimiento adecuado y de dedicación al trabajo; sí lo deben ser”, esgrimió.

“Por el bien del Pueblo de Puerto Rico, deseo lo mejor para el Departamento de Justicia que merece el servicio comprometido de profesionales que sean regidos por principios de justicia y equidad. Espero que al final, a todos nosotros, se nos aprenda a juzgar por nuestros méritos como profesionales y no por quienes son nuestros amigos o nuestros ‘malos amigos’. El País no se merece menos”, concluyó en su escrito.

Fiscal Especial Independiente presentará cargos criminales por esquema de compra de pruebas de COVID-19

  • 03/11/2021

Los fiscales especiales independientes, licenciados Ramón M. Mendoza Rosario, Manuel Nuñez Corrada y Juan E. Catalá Suárez presentarán cargos criminales luego de concluir su investigación sobre el caso relacionado con la compra de las Pruebas COVID-19. No se especificó las personas contras las que radicarán cargos.

La vista de determinación de causa para arresto, conocida como Regla 6, fue pautada para mañana jueves, 4 de noviembre de 2021, a las 9:00 de la mañana, en la Sala de Investigaciones del Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

Aunque el referido inicial incluía a la hoy ex gobernadora Wanda Vázquez Garced y otros funcionarios, el Panel del FEI centró la investigación en Lilliam Sánchez, hoy ex subsecretaria de la Gobernación; Mabel Cabeza, hoy ex funcionaria de La Fortaleza adscrita al Task Force Medico de COVID, General José Burgos, pasado comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias; y el licenciado Juan Maldonado.

Pendiente a la ampliación de esta noticia.

ASES escogerá nuevo administrador del programa de farmacia el próximo miércoles

  • 03/11/2021

El proceso de selección del próximo administrador del programa de farmacia del Plan Vital debe culminar el próximo miércoles cuando el director de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Jorge Galva, presente un informe con una recomendación a la Junta de Directores de la corporación pública.

Cinco empresas participan en el proceso de licitación de servicios profesionales para administrar el contrato anual de $44 millones, que incluye el programa de farmacia y el programa de reembolso de medicamentos y que cubre a 1.5 millones de personas.

Esa reunión de la Junta de Directores debía celebrarse hoy, pero quedó aplazada en medio de una pugna legal entre ASES y la Administración de Servicios Generales (ASG), que solicitó a la corporación pública información del trámite a raíz de una queja que recibió cuestionando el proceso de solicitudes de propuestas, según una investigación del programa Cuarto Poder, que WAPA Televisión transmite los martes.

La raíz de la controversia se encuentra en el alcance de la Ley 73 de 2019, que centralizó el proceso de compras y servicios del gobierno.

Inicialmente, ASES rechazó entregar la información del proceso, que indicó realiza de forma ciega o anónima, y cuestionó la jurisdicción de la ASG para fiscalizar e intervenir en el trámite. Argumentó que su única participación en el proceso se limitaba a elaborar el Registro Único de Profesionales.

Por eso, la ASG acudió al tribunal, que hoy debía celebrar una vista en su fondo para atender la controversia. Ya el pasado 7 de octubre, el juez Alfonso Martínez Piovanetti había ordenado a ASES la entrega de la información. Pero no fue hasta anoche, previo a la transmisión del reportaje de Cuarto Poder, que ASES entregó a la información requerida.

En respuesta, la ASG sometió hoy una moción de desistimiento del caso. La moción establece que ASES entregó copia de la solicitud de propuestas, el listado de los miembros de la Junta de Subastas, el listado de los compradores y copia del reglamento de compras y subastas de ASES.

“La parte demandante ha revisado los documentos sometidos por la parte demandada y estima que los mismos cumplen, en estos momentos, con la información requerida para ejercer su función fiscalizadora. A partir de este momento, estamos en posición de estudiar el contenido del RFP y determinar si el referido documento se trata de un servicio profesional, o un servicio no profesional bajo la jurisdicción de la ASG”, reza la moción de desistimiento.

Ante este escenario, el juez Martínez Piovanetti ordenó el archivo del caso.

Concluida por ahora la pugna legal, ASES continúa con el proceso de selección de la nueva empresa que administrará el programa de farmacia y que surgió de auditoría de la Oficina de Contabilidad General (GAO, en inglés) porque la misma empresa, MC21, administra el programa desde hace 16 años.

El contrato entraría en vigor el próximo 1 de febrero de 2022.

Educación concede permanencia a 1,034 maestros y maestras

  • 03/11/2021

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia y el secretario interino del Departamento de Educación (DE), Eliezer Ramos Parés, anunciaron hoy la otorgación de cambio de estatus a 1,855 maestros, como medida para asegurar la estabilidad del sistema educativo y mantener el inventario de educadores en todas las escuelas.

Del total de docentes, 821 maestros cambiarán de estatus transitorio a probatorio y 1,034 cambiarán de estatus probatorio a permanente.

“El trabajo y la dedicación de nuestros educadores merece todo nuestro apoyo. Hoy otorgamos permanencias a sobre 1,800 maestros que están comprometidos con la educación pública y con ayudar a nuestros estudiantes a superar rezagos, lo que les permitirá seguir adelante en sus estudios y en su vida profesional. Ahora contaremos con un mayor banco de recursos: esto contribuye a un sentido de estabilidad y pertenencia en cada uno de los docentes y, al mismo tiempo, se replica en la comunidad escolar para beneficio del estudiantado. Felicitamos a todos los maestros que hoy nos acompañan; contamos con ustedes para educar con excelencia a los líderes de nuestro futuro”, expresó el primer ejecutivo.

El grupo de docentes que recibe cambio de estatus hoy está compuesto de maestros de Español, Inglés, Matemáticas, Ciencias, Historia, Bellas Artes, Computadora, Salud, Educación Física, Administración de Empresas, Educación Agrícola, Ciencias de Familia y el Consumidor, Ciencias de la Salud, Educación Industrial, Educación Técnica, Educación en Tecnología e Ingeniería, Educación 4-6, Educación Especial, Educación Temprana y Montessori.

El cambio de estatus también aplica a consejeros profesionales, trabajadores sociales y bibliotecarios.

Por su parte, Ramos Parés subrayó la importancia de lograr las permanencias para la continuidad ininterrumpida de los servicios educativos en las 856 escuelas públicas de la Isla.

“Con estas permanencias continuamos nuestro trabajo y compromiso de brindar todos los recursos necesarios para la educación de nuestros estudiantes y que cada plantel escolar tenga los maestros que requiere. Esto nos asegura un inicio de clases exitoso, con el mínimo de trámites de contratación de personal. Entendemos que, a su vez, esto brinda una seguridad adicional a los padres, madres o encargados, y a todos los miembros de la comunidad escolar. Queremos que tanto nuestros maestros como nuestros estudiantes continúen con nosotros”, destacó el secretario.

Previo al trámite de firma de contrato, los recién nombrados maestros permanentes participaron de adiestramientos y capacitaciones enfocados en brindar herramientas de utilidad para atender el rezago académico de los estudiantes; estrategias para el manejo de emociones a causa de la pandemia; capacitación sobre plataformas digitales y herramientas para la intervención; así como un repaso de las responsabilidades de los maestros al pasar a la categoría de permanentes.

Por otra parte, en la búsqueda de facilitar los trámites para nombramientos a maestros, el DE también anunció un nuevo reglamento de certificaciones que pretende mostrar una nueva visión de los requisitos para lograr la certificación; además, se crearon nuevos certificados que ofrecen mayores oportunidades a maestros de Inglés de K-12.

Otro de los nuevos cambios en el área de certificaciones es que solo se requerirá que las universidades certifiquen el grado del maestro, para así eliminar los requisitos del promedio.

Asimismo, la agencia se propone llevar a cabo el nombramiento de superintendentes escolares y facilitadores docentes para las oficinas de regiones educativas (ORE), lo que permitirá la implementación del Plan de Recuperación Académica y el Plan Estratégico que ha puesto en marcha el secretario interino con el aval del Departamento de Educación federal.

“Agradecemos al gobernador Pierluisi, quien ha priorizado la educación de nuestra niñez y juventud con la aprobación de iniciativas que buscan agilizar los procesos, al tiempo que dan seguridad de empleo a maestros comprometidos con un mejor futuro por medio de la enseñanza”, concluyó el secretario interino.

Detectan irregularidades en contratación hecha por Departamento de Estado

  • 03/11/2021
El Departamento de Estado en el Viejo San Juan.

El Departamento de Estado no cumplió con una serie de criterios en el otorgamiento de un millonario contrato para el establecimiento de la Plataforma de Servicios Integrados Virtual (CSI), según se desprende de una investigación llevada a cabo por la Oficina del Inspector General (OIG).

En un documento de 32 páginas, al que este medio tuvo acceso, la empresa XUVO Technologies, LLC estuvo encargada de la integración de varios servicios para la implementación de esta plataforma y fue contratada el 31 de diciembre del pasado año para -precisamente- desarrollar el sitio web del CSI.

El contrato se entregó por una cuantía de $11,128,320, con una vigencia del 31 de diciembre de 2020, al 31 de marzo de 2021 (tres meses). El mismo sería sufragado con los fondos que provenientes de la ley federal Cares Act.

En la investigación hecha por el OIG, se encontró, entre otras cosas, que no se entregaron documentos requeridos para la contratación y que tampoco el Departamento de Estado contaba con una aprobación de la entidad Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS).

De igual forma, la propuesta presentada por la firma “carecía de justificación o un detalle de los servicios profesionales a realizar”.

“En cuanto a la certificación de fondos requerida, el DE (Departamento de Estado) sostiene que el 10 de diciembre de 2020, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) otorgó la cantidad de $11,428,320.00 para establecer un Centro de Servicios Integrados Virtual. La misma fue contabilizada y autorizada por la cuenta 245-0230000-0000-893- 2020, cuyos fondos tenían un vencimiento hasta el 31 de diciembre de 2020. Sin embargo, los fondos fueron extendidos por un año adicional, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2021”, reza el documento.

Como parte de los documentos que faltaron por entregar para poder darle paso a la contratación se encuentran las certificaciones sobre la radicación de planillas de contribución sobre ingresos durante los últimos cinco (5) años contributivos, previo al año que se interesa formalizar el contrato. También “una certificación sobre no deuda contributiva; o que se encuentra acogido a un plan de pago, cuyos términos y condiciones está cumpliendo”.

De igual forma, según el informe, nunca se entregó una certificación que asegurara que ningún servidor público del Departamento de Estado “tiene interés pecuniario en este contrato, compra o transacción comercial y tampoco ha tenido en los últimos cuatro (4) años directa o indirectamente interés pecuniario en este negocio”.

El reporte agrega que como resultado de la investigación, se detectó que “al evaluar la documentación requerida para la otorgación de contratos gubernamentales, seis (6) documentos no constan en el expediente del contrato, certificado y entregado por el Departamento de Estado”.

Entre los documentos, señala a la certificación de “Estatus de Elegibilidad” para empleo en el servicio público o contrato de servicios profesionales del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH). 

La pesquisa establece que el 5 de marzo del corriente año, la compañía entregó al DE, la factura número 670, con fecha del 4 de marzo de 2021, por los servicios prestados. El contratista envió la misma de forma virtual, del periodo del 31 de diciembre de 2020 al 19 de febrero de 2021. 

“La factura incluyó una tabla cuyo contenido es igual a los costos presentados en la propuesta. No se presentó un informe detallado de los servicios prestados con la cantidad de horas invertidas, fecha, costo por hora y detalle de los servicios”, dice el reporte.

CONTRATACIÓN QUE NO SE AJUSTÓ A LAS LEYES

El ente concluyó que la contratación de la compañía no se ajustó a las leyes y normas establecidas por el gobierno y que los hallazgos presentados “señalan faltas que resultan incompatibles con el desempeño efectivo de las operaciones del Departamento de Estado; y lo que resulta contrario a las normas de contratación gubernamental”.

“No surge evidencia que justifique su incumplimiento con las Leyes y Reglamentos aplicables a las normas de contratación gubernamental”, dicta el informe.

La investigación de la Oficina del Inspector  cubrió el período de noviembre de 2020 a agosto de 2021.