Justicia confirma investigación de dos querellas contra fiscal de Aibonito

La subsecretaria de Justicia, Wanda Casiano, confirmó que la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia investiga dos querellas presentadas contra la fiscal del Distrito de Aibonito, Naylimar Arroyo Colón.

Este portal de noticias supo que se trata de dos querellas separadas, la primera fue presentada mediante declaración jurada ante el Departamento de Justicia por el esposo de Arroyo Colón y la segunda por el padre del joven Sebastian Dávila, asesinado el 26 de junio del 2019, en el barrio La Plata de Aibonito, y cuyo caso está asignado a la fiscal.

La fiscal Arroyo Colón dijo, a preguntas de este portal de noticias, que desconocía de la investigación de la División de Integridad Pública, que no ha sido interrogada al momento y negó las alegaciones sobre irregularidades en su función como representante del Ministerio Público.

Se alega que en el asesinato de Sebastian Dávila participó Jay O’Neill González Mercado, quien aguarda ser juzgado por el secuestro y asesinato de la joven Rosimar Rodríguez Gómez ocurrido el 17 de septiembre de 2020. Rodríguez Gómez de 20 años fue encontrada en estado de descomposición en Dorado.

La semana pasada Francisco Dávila, padre del fenecido Sebastian, y cuyo caso lleva la fiscal Arroyo Colón, denunció que después de una vista en la que se encausó a González Mercado, la fiscal le reclamó con palabras soeces por estar hablando con la Prensa. Dávila calificó esta conducta como inapropiada. Sebastián fue asesinado el 26 de junio del 2019, en el barrio La Plata de Aibonito.

“En un periódico sale que si se hubiese atendido el caso de mi hijo (Sebastián) la joven Rosimar (Rodríguez Gómez) estuviese con vida. Cuando acaba la vista preliminar ella me reúne en un cuarto de testigos, cierra la puerta furiosa y me dice: ‘mira puñeta, a mí con nombre y apellido me dijeron que usted está filtrando información a la Prensa y no me gusta que me cojan de pendeja, usted está filtrando que por mi culpa Rosimar falleció”, denunció el padre del joven asesinado en entrevista con Jay Fonseca.

Por su parte, la madre de Sebastian, Nancy Villanueva, dijo a este portal de noticias que no está de acuerdo “con el fin del señor Francisco Dávila de remover a la fiscal Nailymar Arroyo Colón del caso”. “Ella (Arroyo Colón) estuvo en escena. El señor Francisco (Dávila) provocó que removieran al agente Vázquez quien igual estuvo en escena”, sentenció la madre de joven fenecido.

“¿Cómo un fiscal extraño al caso va a llevarlo con el mismo amor y afán de quien origina la investigación?”, cuestionó Villanueva.

Villanueva confirmó que la fiscal Arroyo Colón utilizó palabras soeces cuando habló con el padre de su hijo. Dijo que estuvo presente en la reunión, pero entendió que la fiscal habló así porque estaba molesta debido a que se podía dañar la investigación.

Se desploma edificio al norte de Miami Beach atrapando a un número indeterminado de personas

Un edificio se desplomó la madrugada del jueves al norte de Miami Beach, en el área de Surfside, dejando un número indeterminado de personas atrapadas entre los escombros.

En un mensaje en Twitter, los bomberos de Miami-Dade indicaron que más de 80 de sus unidades estaban en el área de Collins Avenue y la calle 88 tras “el colapso parcial de un edificio” poco después de las 2 de la mañana. En los servicios de comunicación de emergencia, los bomberos de Miami Beach indicaron que trabajaban en el colapso del edificio “con múltiples personas” y solicitaban la asistencia de “todas las unidades disponibles”.

NBC

Sector privado con opiniones a favor y en contra del alza del salario mínimo a $9 por hora

Una historia en portada de El Nuevo Día establece que el sector privado tiene opiniones que chocan sobre el impacto que tendrá el alza en el salario mínimo. Luego que el Senado aprobó su aumento a $9 por hora.
La Cámara de Comercio dice que es razonable mientras el Centro Unido de Detallistas (CUD) dice que será nefasto para el Gobierno y el Comercio.

El presidente del CUD dijo que la Legislatura será la responsable de que 50,000 empleados se queden sin trabajo. Mientras la Asociación de Restaurantes (Asore) y la Asociación de Comercio al Detal sugieren que el aumento de salario debe ser de manera escalonada. Mientras, la mayoría del Partido Popular en la Cámara no contempla problemas en aprobar la medida que establecería además la Junta de Salario Mínimo. 


El Vocero

Inversionistas que pagan cero contribuciones y no invierten ni crean empleos

En casi 10 años, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) nunca auditó a las 3,311 personas acogidas a la Ley 22, a pesar de que tenía la obligación de hacerlo desde el 2015, según el estatuto.

La agencia no verificó los informes anuales que cada beneficiario debe rendir cada año, su única herramienta de fiscalización. Esta semana, el DDEC envió por primera vez 1,086 notificaciones de incumplimiento a beneficiarios de Ley 22 por no entregar estos informes, reconoció la agencia al Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

Una muestra al azar de 304 beneficiarios de este incentivo, un 10% de los 3,040 decretos otorgados desde que empezó en el 2012 hasta junio de 2020, refleja que la mayoría apenas crean empleos y representan un impacto mínimo en la economía local.

Entre los negocios que sí han creado se repiten las pequeñas compañías de asesoría financiera, manejo de inversiones o bienes raíces, domiciliadas en casas y apartamentos, revela la investigación del CPI. De las casi 400 empresas identificadas en la muestra, un 27% fueron canceladas o disueltas al poco tiempo de haber sido creadas. Y hay 115 beneficiarios, o un 37%, que no tienen ningún negocio registrado bajo su nombre en el Departamento de Estado.

Además, se identificó que al menos 91 “inversionistas residentes” de la muestra tienen familiares que también obtuvieron decretos de Ley 22 a título personal solo por estar emparentados con el inversionista principal, sin que el Gobierno conociera en qué invierten, si en algo. Hay personas retiradas y empleados de compañías de tecnología, bienes raíces, financieras, startups y bufetes que se mudan a la Isla para trabajar remoto, sin realizar mayores inversiones o ningún negocio aquí.

Tirado e inoperante el registro anticorrupción, nuevo Secretario de Justicia busca ponerlo al día

De 18 perfiles que tenía hace menos de tres meses, el Registro Anticorrupción ahora cuenta con 3,132 casos de personas que no podrán ser contratados por el Gobierno de Puerto Rico por diez años, a partir de la fecha en que terminen de cumplir sentencia.

Esos 3,132 casos salen de la depuración de una lista de 16,000 que dejó la pasada administración de Gobierno. “Para empezar, no se había hecho el trabajo adecuado, eso estaba tirado allí. Había personas y muchos casos que no cualificaban dentro del delito de corrupción, también había personas repetidas”, detalló Domingo Emanuelli secretario de Justicia. 
El Vocero

313 sigue reclamando que Salud le pague pruebas rápidas de Covid-19 vendidas a sobreprecio

Esta litigación comenzó el 5 de mayo de 2020 cuando 313 LLC presentó una demanda contra el Departamento de Salud por incumplimiento de contrato al negarse a recibir 51,000 de las llamadas pruebas rápidas serológicas que detectan la presencia de anticuerpos contra el SARS-CoV-2.

El Departamento de Salud ha rechazado dos ofertas de transacción presentadas por la compañía 313 LLC para poner fin al pleito que mantienen por el pago de miles de pruebas de COVID-19 que siguen almacenadas a más de un año de que se compraron y pagaron, según trascendió en una vista judicial celebrada ayer. El juez Andrés Ramírez Marca citó a una vista de transacción el 16 de noviembre de 2021.

De no haber acuerdo, se señalará el juicio. Las pruebas expirarán en febrero del próximo año y permanecen guardadas en un almacén bajo la temperatura y recomendaciones del fabricante. Salud alega que rechazó recibirlas porque la empresa las entregó tardíamente y el alto precio pactado de $36 por kit de prueba se aceptó por el compromiso de entrega rápida. Investigaciones periodísticas hallaron que las pruebas Novo Test ofrecidas por 313 LLC eran vendidas en China y Estados Unidos por $2.95.

EL Nuevo Día

Wayne Stensby niega que ocurran más apagones en Puerto Rico desde que LUMA Energy entró en funciones

El presidente de Luma Energy, Wayne Stensby dijo en una vista pública ayer ante la Cámara de Representantes que en Puerto Rico no hay necesariamente más apagones y que el incremento en el número de llamadas recibidas en sus centros de llamadas se debe a que contestan el teléfono más que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Luego de estas declaraciones no pudo decir a que se deben los apagones de los pasados días. Además, el presidente de Luma no pudo identificar hoy cuántos empleados de los 2,550 que tiene contratados la empresa trabajan en los centros de llamadas de servicio al cliente.

El Nuevo Día & Jay Fonseca.com