Sin plan de respuesta ante catástrofes los pacientes que necesitan diálisis en la Isla

Las entidades de gobierno y las privadas que ofrecen servicios básicos y directos a los pacientes de diálisis en Puerto Rico no cuentan con un plan de respuesta de emergencia estructurado y unificado que facilite la atención rápida a esta población que durante la catástrofe del huracán María se vio tan afectada.

Los planes de respuesta de emergencia de las agencias gubernamentales responsables de los servicios básicos, como el agua y la energía eléctrica, así como el Departamento de Salud y las principales entidades privadas que ofrecen los servicios de diálisis, no dibujan un escenario concreto de acción, según El Nuevo Día.

Salud describió su función como una de coordinación. En el 2017, después de María, unos 620 pacientes tuvieron que salir del archipiélago en un intento por conservar la vida, cuando la falta de servicios, como el agua y la energía eléctrica, junto a una débil respuesta del gobierno y la incapacidad de las compañías de servicio de diálisis, limitaron la continuidad y consistencia de sus tratamientos.

Pero esas entidades privadas que ofrecen los servicios de diálisis aseguran estar listas hoy, pese a que sus planes públicos carecen de detalles.



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Latente conflicto laboral en los muelles, mañana esperan discutir propuesta que estaba en agenda hoy

La negociación de una propuesta que podría acabar la disputa entre la Unión de Trabajadores de los Muelles y la empresa Luis Ayala Colón, Sucesores Inc. quedó en el aire hoy cuando el presidente del sindicato, Carlos Sánchez Ortiz no se presentó al encuentro de mediación pautado para esta mañana.

De acuerdo al secretario del Trabajo, Carlos Rivera Santiago, los mediadores de la agencia prepararon una propuesta que se discutiría esta mañana, pero ante la ausencia de Sánchez Ortiz, decidieron posponer la sesión de hoy.

Pero para recuperar el tiempo perdido los mediadores trataron durante la tarde de este martes de coordinar una reunión para mañana, miércoles, a pesar de que el sindicato ha limitado los días de negociación a martes y jueves y en sus redes sociales aseguraba que la negociación continuará este jueves.

“Ayer estuvimos en reuniones allá en la empresa. Tuvimos una reunión donde se discutió un informe de OSHA precisamente para asistir en unas dudas que había y estuvimos con las partes conversando, como parte de la negociación. En el día de ayer le dijimos a las partes que hoy nos íbamos a reunir a las 9:30 a.m. porque el Departamento iba a presentar una propuesta por lo que había escuchado de cada parte”, detalló Rivera Santiago a este portal de noticias.

“La idea de citar las partes a las 9:30 a.m. y que estuvieran todos presentes, era para no seguir postergando esto. La idea es que todos estuvieran en la mesa para que en el momento cuando pusiéramos los puntos sobre las íes pudiéramos finalizar esto de una vez y por todas. Que es lo que todos queremos”, agregó.

¿A los mediadores les tomó por sorpresa que el Presidente de la Unión no llegara?”, indagó este medio.

“Correcto”, respondió el Secretario del Trabajo, quien tiene poco espacio para maniobrar en esta controversia controversia de jurisdicción federal, pero a la cual las partes se sometieron de forma voluntaria.

“Los mediadores no procedieron a discutir la propuesta porque no estaban todos los miembros, en este caso, el presidente de la Unión porque norma general -cuando hay una situación- se consulta con el presidente y si el presidente no está, que es la persona primordial en la negociación, lo que se quería evitar era someter una propuesta para seguir alargando la situación”, abundó.

Esta situación provocó que la empresa Luis Ayala Colón circulara un comunicado de prensa denunciando que el sindicato obstaculiza las negociaciones y ordenó nuevamente a los empleados detener el registro electrónico de la mercancía. Esa tarea constituye el eje de la disputa, que ha extendido las negociaciones del convenio colectivo durante dos años y que en julio pasado causó una paralización del muelle de San Juan, que se extendió tres semanas.

El desacuerdo gira en torno al unionado que debe apretar el botón de la tableta para ingresar la información al sistema. El sindicato reclama que esta función la debe hacer un empleado del piso, pero la empresa insiste en que sea el empleado que está en el montacargas.

“Esto se da luego de que, en el día de ayer, después de haber hecho una exhaustiva inspección, el personal técnico de PROSHA informara al grupo negociador que el que los operadores apretaran un botón en una tableta como parte de sus tareas –que ha sido la controversia principal durante este proceso– no presenta riesgo de seguridad alguno. El personal de PROSHA también concluyó que la opción que la Unión propone para este asunto ‘añade riesgo a la operación porque ponemos a un transeúnte a caminar en las zonas de alto flujo vehicular de equipo pesado’”, indicó la empresa.

La semana pasada, el Secretario del Trabajo informó que la Unión acordó continuar con el proceso de negociación y no paralizar labores cuando expirara la tregua de 45 días el sábado.

Juanma López intentó libertad bajo fianza a cambio de aceptar denuncias en su contra

El excampeón Juan Manuel  “Juanma’” López Rivera estaba dispuesto a allanarse a la determinación de causa para juicio esta mañana a cambio de mantenerse libre bajo fianza hasta que culmine el proceso criminal.

López Rivera se encuentra sumariado en la cárcel de Bayamón desde el pasado miércoles cuando el Programa de Servicio con Antelación al Juicio (PSAJ) canceló la fianza diferida que le permitía estar en libertad provisional y con grillete electrónico.

Como parte del acuerdo entre el Ministerio Público y la defensa, el exboxeador hubiera renunciado de manera voluntaria al proceso de la vista preliminar, según fuentes de este portal de noticias.

Así las cosas, el juez José D’Anglada Raffucci del Tribunal de Caguas hubiera encontrado causa para juicio en siete cargos criminales por maltrato físico, sicológico, mediante amenaza y daños a la propiedad, en violación a los artículos 3.1 y 3.3 de la Ley 54 o de Violencia Doméstica por someter a su expareja Andrea Ojeda Cruz a un patrón de maltrato físico y psicológico.

Pero ese acuerdo se desvaneció al inicio de la audiencia celebrada esta mañana en la sala 201.

Aunque el Ministerio Público, representando por los fiscales Jaime Perea Mercado y Juan Carlos Goyco Rodríguez, ha argumentado que Juanma tiene antecedentes previos de violencia de género por una denuncia previa, la defensa señala que esa denuncia no prosperó y que, por tanto, en caso de una convicción el expúgil cualificaría para un programa de desvío.

Hoy, a su salida de sala, el licenciado Jaime Barceló Sosa explicó que López Rivera “sería un primer ofensor. Él no tiene ninguna convicción”.

Esta mañana, el juez D’Anglada rechazó una moción de la defensa para que dejara sin efecto la revocación del privilegio de fianza diferida prestada por el PSAJ, pero aclaró que el exboxeador podría quedar en libertad si pagaba la fianza de $175,000 que le había sido impuesta.

La defensa reconoció que el imputado no contaba con los recursos para prestarla. La vista preliminar quedó pautada para el 5 de octubre después de que los abogados defensores indicaron que no se encontraban preparados para la vista preliminar.

Congreso quiere que el Contralor de Estados Unidos certifique si Puerto Rico debe recibir los $2,900 para Medicaid

La Oficina del Contralor General de Estados Unidos (GAO, por sus siglas en inglés) debe revisar, no más tarde del 15 de noviembre, si la asignación de $2,900 millones de Medicaid para Puerto Rico para el año fiscal 2022 fue hecha correctamente.

Así lo establece el proyecto reconciliación presupuestaria de la Cámara baja federal luego el Departamento de Salud de Estados Unidos interpretara que Puerto Rico tendrá asegurados más de $3,000 millones anuales a “perpetuidad”.

La decisión administrativa -hecha a base del análisis de la última ley, de 2019, que asignó fondos de Medicaid para la isla permite aumentar de $392.5 millones a sobre $3,000 millones las asignaciones anuales permanentes de ese programa.

La ley de diciembre de 2019 asignó cerca de $2,900 millones para el año fiscal federal 2020 y $2,809 millones para 2021.

Pese a que la decisión administrativa de Salud federal evita un abismo fiscal de $2,400 millones a partir del 1 de octubre, sin aumentar los porcentajes federales de asistencia médica (FMAP), todavía el plan de salud del Gobierno de Puerto Rico tendría un déficit de $600 millones en 2022, según la comisionada residente en Washington, Jenniffer González.

Presentan legislación para limitar el derecho al aborto en Puerto Rico

El senador Thomás Rivera Schatz y la senadora Keren Riquelme Cabrera presentaron una medida para regular la práctica del aborto en la Isla, mientras ayer la Corte Suprema de Estados Unidos pautó la vista oral del caso que busca retar el alcance de la decisión de Roe v Wade para el 1 de diciembre.

El proyecto de ley de los senadores de la Palma contiene un inciso dedicado al “niño sobreviviente al aborto”, e impone multas de $10,000 por infracción al estatuto.

En los casos de las menores de 18 años, también requiere que el padre, madre o tutor legal conceda autorización por escrito para realizarse el aborto, un consentimiento que al momento no es requerido.

Los senadores radicaron la llamada “Ley para la protección de la mujer en los procedimientos de terminación de embarazo y la preservación de la vida” el 16 de septiembre pero apareció registrada en el sistema de trámite legislativo ayer.

Esta pieza legislativa exige que las mujeres firmen un consentimiento escrito, que formará parte del expediente médico de la mujer que se somete al procedimiento de terminación de embarazo. 

“En persecución del cumplimiento de esta norma, queda establecido en esta Ley que ningún médico autorizado a ejercer la práctica de la medicina en Puerto Rico podrá realizar un aborto a menos que certifique por escrito que la mujer le dio su consentimiento informado”, apunta la propuesta. 

El proyecto también requiere que toda clínica o centro de terminación de embarazo coloque un rótulo en un lugar visible que diga: “Aviso: Ninguna mujer podrá ser obligada a realizarse un aborto o coaccionada a continuar con su embarazo.” 

Además, el artículo 13 sobre el “niño sobreviviente del aborto” establece que “si después de un procedimiento legal de aborto, un niño naciese vivo, y fuese viable según los criterios de la medicina, el médico, y todo el personal clínico, vendrán obligados a proveer todos los cuidados clínicos necesarios para la supervivencia de la criatura”.

Agrega que en caso de que el niño falleciera, se expedirá un certificado de defunción. 

Pero la medida no ofrece estadísticas de esas alegadas terminaciones de embarazos tardías donde se pudiera dar tal situación. La propia senadora Riquelme Cabrera indicó a este portal de noticias que en la Isla nunca se ha dado un caso así pero dijo que había ocurrido en “otras jurisdicciones” sin precisar.

Esta legislación se presenta a semanas de que el estado de Texas aprobara una de las leyes antiabortistas más restrictivas y que será retada en los tribunales por el Departamento de Justicia federal.

Ayer el Pro Bono Amicus Justitiae de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico presentó un recurso judicial como amigo de la corte en el caso Dobbs v. Jackson Women’s Health, que atenderá la Corte Suprema y que de revocarse la jurisprudencia vigente permitiría a los estados establecer restricciones para las terminaciones de embarazo antes de las 12 semanas de gestación.

Lee la medida aquí. Proyecto del Senado 591

Pierluisi confirma que delegada congresional le pidió un indulto para su pareja

El gobernador Pedro Pierluisi confirmó hoy que la delegada congresional Elizabeth Torres le solicitó un indulto para su pareja durante una reunión en La Fortaleza.

“La ex gobernadora Wanda Vázquez utilizó su poder de indulto para cambiar los términos y condiciones de la sentencia de la pareja de la delegada (Torres) y ella, sí, en una ocasión trajo a mi atención personal la queja de que las condiciones impuestas a su pareja son irrazonables. La escuché y el personal de La Fortaleza que me asiste ha tenido otras comunicaciones con la delegada para asesorarme en su momento en cuanto si cambió o no las condiciones impuestas por la exgobernadora”, sostuvo el primer ejecutivo.

Agregó que constantemente llegan peticiones de indulto a La Fortaleza pero que no ha tomado ninguna decisión sobre este caso ni otro.

De otro lado, dijo que espera que Torres no se haya apartado del ideal de la estadidad tras sus declaraciones sobre la delegación congresional en las que cataloga el organismo como un “espejismo” porque los delegados tienen que abogar con la causa mientras ocupen el cargo.

Juanma seguirá preso, pero podría salir de la cárcel si paga fianza de $175,000

El juez José D’Anglada Raffucci del Tribunal de Caguas rechazó esta mañana una moción de la defensa del exboxeador Juan Manuel López Rivera para que dejara sin efecto la revocación del privilegio de fianza diferida que gozaba el imputado hasta la semana pasada y que lo mantiene en detención preventiva en la cárcel de Bayamón. 

Al momento de su detención, López Rivera se encontraba bajo arresto domiciliario y con grillete o supervisión electrónica porque el Programa de Servicios con Antelación al Juicio (PSAJ) recomendó que se mantuviera en libertad provisional y bajo la supervisión de su oficina.

El togado también declaró no ha lugar una petición del Ministerio Público para revocar la fianza de “Juanma” porque los fiscales no presentaron cargos adicionales contra el expúgil por violar la orden protección vigente al enviar un mensaje a su expareja Andrea Ojeda Cruz durante una entrevista de televisión.

Durante la breve vista de hoy, que se transmitió en vivo a petición de los medios de comunicación, D’Anglada Raffucci aclaró al equipo de abogados de la defensa, encabezado por Jaime Barceló Sosa, que el juez municipal que revocó la fianza diferida bajo el PSAJ tenía jurisdicción para tomar la determinación contrario a su alegación. PSAJ canceló la fianza diferida porque López Rivera violó las condiciones de la libertad provisional al comunicarse con su expareja, quien denunció que el hombre la sometió a un patrón de maltrato físico y emocional durante su relación.

“Se equivoca la defensa. Una cosa es el derecho constitucional a la fianza y otra el privilegio de la fianza diferida”, afirmó el juez.

“A su cliente no se le ha quitado el derecho a la fianza”, agregó.

Resaltó que el sumariado puede salir de la cárcel si presta la fianza de $175,000 y rechazó rebajar ese monto o cambiar las condiciones de la fianza como reclamó la defensa. 

D’Anglada Raffucci también indicó que la moción de revocación de fianza del Ministerio Público “no es académica” y que su no ha lugar no era final porque los fiscales Jaime Pérez Mercado y Juan Carlos Goyco Rodríguez todavía tenían la oportunidad de presentar cargos por la violación a la orden protectora.

“No tengo los elementos para revocar la fianza de López Rivera”, insistió.

El Ministerio Público no presentó cargos adicionales contra el excampeón porque la alegada víctima no realizó una querella. 

Al pedir la reconsideración a la decisión de las condiciones de la fianza, el licenciado Barceló Sosa destacó que la mujer aseguró que no sintió temor por las expresiones de su expareja.

Pero el togado ripostó que era “obvio” que su cliente había violado las condiciones de la fianza diferida del PSAJ cuando dirigió sus expresiones al pueblo y a la propia víctima a quien identificó por su nombre. También catalogó como una “imprudencia” esa acción de López Rivera.

Después de ese intercambio, la defensa indicó que no se encontraba preparada para la vista preliminar, que quedó señalada para el 5 de octubre a las 2:00 p.m.

López Rivera, vestido con uniforme color mostaza y mascarilla, accedió a la vista de forma virtual desde la cárcel. Encara siete cargos criminales por maltrato físico, sicológico, mediante amenaza y daños a la propiedad, en violación a los artículos 3.1 y 3.3 de la Ley 54 o de Violencia Doméstica. Ojeda Cruz denunció a través de sus redes sociales que el excampeón la sometió a un patrón de maltrato físico y psicológico. Luego lo denunció ante las autoridades.

Esta en prisión preventiva desde la noche del 16 de septiembre. En la víspera,  López Rivera ofreció una entrevista al programa televisivo “Día al Día” en la cual afirmó que quería hacer unas “declaraciones para el pueblo y para la misma Andrea” a pesar de la orden protectora que impide que se comunique con su expareja.

El propio López Rivera reconoció la existencia de esa veda en la entrevista al afirmar que no había hablado con la mujer porque “tenemos una orden de protección y estamos completamente distanciados. No podemos tener ningún tipo de comunicación”. 

También dijo que amaba a la mujer y dejó en manos de Dios que la relación continúe cuando culmine el proceso criminal, expresiones que los expertos en temas de violencia doméstica aseguran forman parte del ciclo de manipulación de los agresores.

Pierluisi convierte en ley aumento de salario mínimo desde enero 2022

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia estampa su firma sobre la legislación.

El gobernador Pedro Pierluisi convirtió en ley el aumento al salario mínimo de $7.25 a $8.50 por hora a partir del 1 de enero del 2022.

El aumento, escalonado, alcanzaría el total de $10.50 la hora para el 1 de julio de 2024. Los aumentos, no obstante, estarán atados a unas métricas como el nivel de empleo, el nivel de actividad económica y el nivel de salarios.

El salario mínimo en Puerto Rico no se ajusta desde el 2009.

Este aumento representa $2,000 adicionales al año para una persona que gana hoy $7.50 por hora, dijo el gobernador.

De otro lado, los sobrevivientes de policías caídos en el deber recibirán ahora dos años de salario y se aumenta de $2,000 a $5,000 el pago de gastos de servicios fúnebres. Hasta hoy los cónyuges o hijos solo recibían un año de salario tras la muerte del agente mientras trabajaba.

Salud reporta 16 muertes y 256hospitalizaciones por COVID-19

Otras 16 personas fallecieron a consecuencia del coronavirus, lo que eleva la cifra de muertes a 3,092 en Puerto Rico. Se trata de 11 hombres y seis mujeres entre las edades de 34 a 86 años. Además, hay 256 hospitalizados, entre estos 242 adultos y 14 niños.