El representante Jesús Santa Rodríguez no descartó presentar una resolución de investigación para indagar los pormenores de la cuestionada venta a precio de descuento de la cartera de préstamos del Banco de Desarrollo Económico (BDE) al inversionista extranjero PR Recovery and Development.

Durante el cuatrienio pasado, el BDE vendió 7,000 préstamos valorados en $384 millones a PR Recovery por $41 millones o con un 91% de descuento. 

“Se nos critica por investigar cosas, pero una que tenemos que investigar esa”, apuntó Santa Rodríguez a preguntas de este portal de noticias.

“No veo mal presentar una resolución para investigar esa venta de la cartera de préstamos. No sé a qué Comisión le tocaría, pero creo que es saludable que al menos la Legislatura se envuelva en eso”, agregó.

Una investigación del programa Cuarto Poder reseñó esta semana las penurias que atraviesan las organizaciones sin fines lucro, como Hogar Ruth y Esperanza para la Vejez, y otros pequeños comerciantes ante las agresivas gestiones de cobro de esta entidad financiera. Pero no encontró evidencia de gestiones de cobro en contra del exdirector del Banco, Luis Burdiel, quien autorizó la transacción mientras mantenía una deuda de más de $400,000 con el propio BDE.

Burdiel cumple tres años de probatoria tras declararse culpable de dos cargos por no notificar a las autoridades que era deudor de la institución que regentaba. Pese a las dudas que rodean la transacción y que llevaron al BDE a impugnar la legitimidad de la transacción en los tribunales, la Junta de Control Fiscal se ha negado a revisar el contrato que permitió la venta.

A pesar de que la precaria situación de las finanzas públicas y de que esa cartera de préstamos generaba los ingresos principales del BDE, los líderes legislativos no han tocado ese asunto en las reuniones con la Junta.

“No lo hemos tocado ese tema… Entiendo que en una próxima reunión lo puedo tocar”, respondió Santa Rodríguez.

El bufete O’Neill Borges, que estuvo involucrado en la transacción, es el asesor legal de la JCF y el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia era socio capital del bufete al momento de la venta de los préstamos, de acuerdo a Cuarto Poder.

Mira aquí el reportaje. Cuarto Poder

Pese a que el senador Juan Zaragoza Gómez aseguró esta mañana que la Junta de Control Fiscal (JCF) favoreció la propuesta de la Cámara de Representantes para aumentar a $2,000 el umbral de las pensiones de los empleados públicos que no recibirían un recorte, el ente fiscal dijo que “las negociaciones continúan”.

Esta mañana Zaragoza Gómez aseguró que la directora ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko, avaló la propuesta presentada ayer durante una reunión entre los miembros del ente fiscal, los líderes legislativos y representantes del gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia.

“La Junta nos comunicó que están dispuestos a subir el umbral a $2,000. Jaresko lo dijo”, afirmó Zaragoza Gómez en expresiones que concedió a al portal Foro Noticioso previo a una vista de la Comisión de Hacienda.

Posteriormente, mediante su portavoz de prensa, el senador Zaragoza Gómez especificó que subir el umbral de recortes es “algo que tiene posibilidades” y que “no es la única herramienta negociándose” para que el recorte sea el menor posible.

Si se lograra que la Junta suba el umbral de recortes a $2,000 quedarían protegidas más del 85% de las pensiones de los empleados públicos, según el senador. En la actualidad, el recorte de las pensiones está propuesto para las pensiones mayores de $1,500.

¿Cuál es el ‘catch’ (o truco)?, preguntó la prensa.

“Ninguno”, ripostó Zaragoza Gómez.

“Los que ganen más de $2,000 siguen sujetos al 8.5% de ajuste… o sea que quedan protegidos los que ganan $2,000 o anualmente los de $24,000 pa’ bajo”, agregó.

El senador explicó que el acuerdo de reestructuración de la deuda contempla un mecanismo de restitución que cubriría una insuficiencia anual de $44 millones, pero que ante la posibilidad de que no se active, los legisladores discutieron con la Junta la creación de un fondo especial para mitigar el impacto del recorte.

“Ellos no tienen problema, de nosotros crear un mecanismo acá por ley y dijeron que lo aceptarían. Digo a través del presupuesto anual. Son $44 millones si te pones a ver. Ellos dicen que nosotros tenemos la autoridad, que ellos van a permitir a través del presupuesto anual si el mecanismo de restitución del acuerdo no entra en función que nosotros podamos (hacerlo) presupuestariamente… Si te pones a ver aquí se gastaron $50 millones en covid pues $44 millones para los pensionados es ‘peanuts’”, apuntaló.

A pesar del cambio en las condiciones, Zaragoza Gómez reconoció que la aprobación del acuerdo de reestructuración, que contempla el recorte a las pensiones, enfrentará objeción en la Legislatura porque no se trata solo de un asunto de números sino que se trata de un asunto de principios.

“Este es un ‘issue’ cuantitativo pero filosófico también. Hay compañeros que te van a decir que, aunque suban el umbral a $5,000 pesos y se queden afuera 100 pensionados, le van a votar en contra”, precisó.