Luma Energy no sabe cuántos celadores de línea, ni cuántos postes tiene a un año de asumir el contrato de transmisión y distribución de energía

El Senado de Puerto Rico otorgó tres días laborables a la compañía Luma Energy para que entregue a la Comisión de Cumplimiento y Reestructuración la cantidad de celadores de línea con los que cuenta la empresa y el número concreto de postes y transformadores que tienen en inventario.

Tampoco los funcionarios de Luma Energy pudieron contestar cuántas personas y quiénes componen el “staff” que atiende emergencias ante la temporada de huracanes.

A la vista pública acudió Mario Hurtado, vicepresidente del área de regulación y la vicepresidenta del Área de Seguridad y Emergencias de LUMA Energy, Esther González.

“Hemos comprobado que ante la falta de información se pone en riesgo lo que es la seguridad eléctrica en nuestro País”, sostuvo la presidenta de la Comisión de Cumplimiento y Reestructuración, Marially González Huertas.

La vista continúa en proceso.

Solo se han reconstruido o reparado 1,195 de las 21,000 casas destruidas por María

En Puerto Rico solo se han reconstruido o reparado el 5.7% de las 21,000 casas que fueron destruidas por el fenómeno atmosférico y que están cobijadas por los fondos federales del programa de Reconstrucción, Reparación o Relocalización (R3).

De otro lado, Al día de hoy todavía no se ha podido concretar una sola obra permanente o grande con los miles de millones de dólares asignados a la Isla a través de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) para la reconstrucción luego del paso del huracán María en 2017. El gobierno espera respuesta a la solicitud que hizo a la agencia federal para que se flexibilice la realización de auditorías,  un requisito que no se impone a los estados.

Fuente: Primera Hora & El Vocero

Preocupación por inundaciones

A corto plazo, los alcaldes plantean que haya una mayor atención a las labores de mantenimiento de alcantarillas y las bombas que se utilizan para evitar que el agua se estanque en áreas ya identificadas. Al respecto, tanto el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), que opera las bombas, como el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), a cargo de las vías y las alcantarillas en la Isla, han reiterado en días recientes que trabajan en ello.

Mientras, el ex presidente de la Junta de Planificación, Luis García Pelatti, pidió que se agilice la actualización de los mapas que identifican las nuevas zonas propensas a inundaciones, donde no se debe construir.

Fuente: El Vocero

Presidente la UPR desconoce si hay otros programas a punto de perder acreditación, pide informe a los rectores

A un mes de que se supiera la pérdida de acreditación del programa de neurocirugía de Ciencias Médicas, el presidente de la Universidad de Puerto Rico, Jorge Haddock no pudo precisar si los rectores, decanos y directores cumplen a cabalidad con los procesos de acreditación, o si en alguno de los 11 recintos y unidades del sistema hay programas académicos en probatoria o en peligro por señalamientos, además de los casos ya conocidos en el Recinto de Ciencias Médicas.

La pérdida de la acreditación del programa de Neurocirugía y la reciente probatoria del programa de Tecnología Radiológica en el Recinto de Ciencias Médicas (RCM), provocaron que el presidente de la Universidad de Puerto Rico, Jorge Haddock, ordene a los rectores de los 11 recintos del sistema universitario presentar un informe detallado sobre el estado de todos sus programas y acreditaciones. El primer informe deberá ser en septiembre y el resto trimestralmente. 

Fuente: El Nuevo Día

En riesgo de perder su acreditación el Conservatorio de Música

Uno de los principales problemas es la falta de personal para ofrecer servicios a los estudiantes, una situación que el rector le ha planteado desde principios de este año a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) y la Junta de Control Fiscal ante  la reducción presupuestaria que enfrenta la institución.


Fuente: El Nuevo Día

Casos de violencia doméstica no son confidenciales, dice al Supremo cocreadora de la Ley 54

La licenciada y profesora de Derecho, Esther Vicente, cocreadora de la Ley para la Prevención y la Intervención con la Violencia Doméstica (conocida como Ley 54), le recordó al Tribunal Supremo de Puerto Rico que “en ningún sitio de la Ley 54… se establece que esos procesos son privados”.

Apuntó también que el propósito de la legislación no es encubrir o esconder los actos de violencia doméstica sino proteger a las víctimas haciendo el proceso público para que se conozcan las agresiones.

Las declaraciones surgieron luego que se anunció que a casi 30 años después de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos revocara al Tribunal Supremo de Puerto Rico para declarar el carácter público de las vistas preliminares, el Overseas Press Club y la Asociación de Periodistas de Puerto Rico acudirán al máximo foro judicial de Estados Unidos para reclamar que revoque el Supremo local y se de acceso a las grabaciones de las vistas judiciales a las que acudió Andrea Ruiz Costas.

Fuente: NotiCel

Supermercados dicen no deben ser castigados por alzas de precio en la cadena de distribución

El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) ha emitido 74 avisos de infracción a supermercados y colmados en su gestión de monitorear los precios de los productos que son parte de la canasta básica de emergencia, y de esos, 17 han sido por violar la orden de congelación de margen de ganancias vigente.

En tanto, el Centro Unido de Detallistas alegó que “Cuando un comercio sube los precios es porque el costo del aumento le llegó, y por obligación y lógica tiene que aumentar”, manifestó el presidente del CUD, quien expresó que “los supermercados no pueden ser castigados por esos aumentos”.

Fuente: El Nuevo Día

Sigue activo el caso para probar fraude en la Superintendencia del Capitolio

El juicio en su fondo ha demorado tres años, con las interrupciones del huracán María y la pandemia por COVID-19, así como las mociones de apelación y dificultades que supone que cinco abogados de defensa se pongan de acuerdo en el calendario.

En este caso se busca declarar culpables a tres exfuncionarios públicos y dos contratistas por participar de un alegado esquema de fraude en la Superintendencia del Capitolio, que le pudo haber costado al erario tanto como $2.9 millones.

Los alegados delitos ocurrieron entre 2010 a 2012, bajo la administración del entonces superintendente y ex candidato a senador por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Eliezer Velázquez Quiles. 

Fuente: El Nuevo Día