En marzo, se ejecutaron 213 viviendas, la cifra más alta desde febrero del año pasado, según datos de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF).Las ejecuciones de hipotecas, habían disminuido drásticamente con la pandemia y la entrada en vigor de moratorias en el pago de hipotecas.
Fuente: Sin Comillas
El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, informó que la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor envió hoy una comunicación a los miembros de la Oficina del Panel (OPFEI) sobre el Fiscal Especial Independiente recomendando la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI) para el exalcalde de Corozal, Sergio L. Torres Torres.
Emanuelli Hernández indicó que, hoy también se le envió comunicación notificando dicha recomendación a la parte querellada y a la Controladora de Puerto Rico.
Según detalló el secretario de Justicia, el 9 de octubre de 2020, el Departamento de Justicia recibió copia de una carta que la Contralora de Puerto Rico, Yesmin Valdivieso Galib, le requirió al entonces alcalde que cesara la práctica de grabar las comunicaciones telefónicas en el municipio. En la comunicación se informó que, mientras la Oficina del Contralor realizaba una auditoria, los auditores advinieron en conocimiento de que se grababan las llamadas telefónicas municipales.
La División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del DJ analizó todas las alegaciones, completó la investigación preliminar y concluyó que en el municipio de Corozal se grabaron conversaciones telefónicas, cuyo contenido fue utilizado para tomar una acción disciplinaria. Por ello, se determinó que existe causa suficiente para establecer que el exalcalde de Corozal pudo haber cometido infracciones al Código Penal de Puerto Rico.
El Overseas Press Club (OPC) y la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) recurrirán al Tribunal Supremo de Estados Unidos para pedir los audios de las vistas judiciales del caso de Andrea Ruiz Costas.
Ruiz Costas fue asesinada por su ex pareja luego que acudió al Tribunal de Caguas a pedir auxilio mediante una orden de protección y se le fue otorgada.
Esta es la primera vez que ambos gremios creados hace 50 años se unen para elevar al Supremo federal un reclamo de transparencia. Además, desde hace 30 años no se recurre al máximo foro judicial de Estados Unidos para pedir acceso a la información.
Las organizaciones crearon la Alianza Pro Transparencia en junio con la intención de unirse en un frente común para obtener las grabaciones de este caso y llevar acciones de solicitudes de información pública en las tres ramas de gobierno.
Durante el anuncio estuvieron presentes varios familiares de Ruiz Costas y los presidentes del OPC y la Asppro, Luis Guardiola y Damaris Suárez, respectivamente.
La Alianza Pro Transparencia estará liderada por los profesores de Derecho Efrén Rivera Ramos, Carlos Gorrín Peralta, y Esther Vicente, junto al el licenciado Rafelli González, y las comunicadoras Lillian Rivas y Ruth Hernández.
El recurso legal está siendo redactado por el licenciado Edgar Villanueva Rivera, Frankie Cruz, Guardiola y González. El grupo tiene 150 días para redactar el recurso judicial.
El OPC y la Asppro acudieron al Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) y a otras organizaciones estadounidenses parea pedir apoyo y asistencia en la presentación del recurso legal.
Guardiola adelantó que la etapa inicial costará al menos $15,000 pero en caso de que el Supremo federal acoja el caso pudiera costar “cientos de miles de dólares” llevar el caso.
El licenciado Rivera Ramos catalogó como defectuosa la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico porque la confidencialidad de las salas de violencia doméstica surge de la intención de proteger la identidad de la víctima y en este caso lamentablemente la víctima fue asesinada y su nombre es de conocimiento público.
Ante la situación por la que atraviesa el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (UPR), el presidente Jorge Haddock requirió un informe sobre el estado de todas las acreditaciones en ese recinto, el cual debe ser presentado en o antes del 30 de junio.
“Debido a la importancia que reviste la acreditación de los programas académicos, le solicito un informe actualizado sobre el estatus de todas las acreditaciones de los programas del RCM, para asegurar que se están atendiendo conforme a los requerimientos de las agencias acreditadoras”, sostuvo el presidente a la doctora Wanda Maldonado Dávila, rectora interina.
Haddock también señaló que la administración del RCM incumplió con una certificación que exige la notificación del estado de la acreditación. “El recinto, como responsable directo de la acreditación de los programas académicos, tiene el deber de notificar a la Vicepresidencia de Asuntos Académicos e Investigación el estatus de la acreditación del programa”, sostuvo.
Fuente: El Nuevo Día
Desde septiembre de 2018, hay cuatro consorcios preseleccionados por sus propuestas e interés en manejar el servicio al cliente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y optimizar el sistema de metros, pero al cabo de casi tres años continúa en evaluación la viabilidad.
Fermín Fontanés, director ejecutivo de la AAPP, señaló que la “Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) continúa evaluando la viabilidad del proyecto ante el impacto de la nueva realidad fiscal de la AAA y la nueva asignación de fondos federales, y el efecto que estos factores podrían tener sobre el proyecto de alianza público-privada según contemplado”.
Fuente: El Vocero
Miles de empleados municipales – de nueve pueblos- tienen una jornada de trabajo reducida, y los alcaldes esperan que empeore cuando se elimine el Fondo de Equiparación.
En la actualidad, Guánica, Maunabo, Cabo Rojo, Utuado, Yauco, Florida, Guayanilla, Las Piedras y Patillas mantienen jornadas de trabajo reducidas, según datos de la Asociación de Alcaldes y la Federación de Alcaldes. Todos esos municipios, a su vez, tendrán una baja en las remesas que reciben debido a la reducción anual de dinero al Fondo de Equiparación, hasta que desaparezca en el 2024.
El Fondo de Equiparación comenzó a reducirse en 2017, cuando la administración del entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares aprobó su eliminación. Cada año, al Fondo se le han eliminado $44 millones, aunque la Junta de Control Fiscal ha dado ciertos respiros por las crisis provocadas por el huracán María y la pandemia.
De $350 millones que poseía antes de los recortes, el Fondo de Equiparación solo cuenta hoy con $132 millones. Los alcaldes tienen esperanza en los fondos federales. Apuestan a los fondos federales para la pandemia, aunque no son recurrentes.
Las cifras establecen que entre el 1 de enero y el 31 de mayo, la Policía atendió 243 querellas de asesinato, de las cuales 38 (15.65%) corresponden a casos que fueron esclarecidos. Entre los esclarecidos se encuentran los de seis mujeres asesinadas este año en casos de violencia de género.
Al ser abordado sobre las estadísticas revisadas, el comisionado de la Policía, Antonio López, dijo que a pesar de las estadísticas desde finales del 2020 han ido en aumento el esclarecimiento de asesinatos.
Fuente: El Vocero
En lo que va de este año, han muerto 18 personas ahogadas, mientras, los presidentes de las comisiones senatoriales de Seguridad, Henry Neumann Zayas y de Recursos Naturales, Albert Torres Berríos, denunciaron que las agencias de gobierno y hospederías no tienen un plan coordinado para evitar que sigan ocurriendo incidentes lamentables. En la zona de playa detrás de los hoteles La Concha y
el Mariott, en el Condado, en San Juan, entre noviembre de 2020 al presente, se han ahogado siete personas.
La más reciente víctima se reportó el sábado en la Playa Jobos, en Isabela, cuando un puertorriqueño residente de New Jersey, según la Policía, fue arrastrado por corrientes marinas y se ahogó mientras trataba de regresar a la orilla.
Fuente: Primera Hora