Cuatro de las siete embarcaciones que ofrecen servicios de transporte marítimos a las islas municipio de Vieques y Culebra, están fuera de servicio. Ante esto el gobernador, Pedro Pierluisi, activó la Guardia Nacional, para que lleven a los municipios barcazas con suministros. El operativo militar tiene un costo de entre $7,000 y $9,000 diarios en nómina y combustible, lo que representaría un gasto mínimo de $210,000 mensuales.
Fuente: Primera Hora
El gobernador, Pedro Pierluisi, y el secretario de Salud, Carlos Mellado, dejaron clara su oposición a las terapias de conversión. El tema regresó al debate público luego que senadores radicaran una medida que prohibiría la práctica.
Fuente: Jayfonseca.com, Telemundo PR
La exalcaldesa de Ponce, María “Mayita” Meléndez y la exlegisladora, Melinda Romero, lograron completar el 100% de los endosos requeridos como parte de sus aspiraciones de ser cabilderas de la estadidad. Se espera que el 16 de mayo se celebre la elección especial en la que se elegirán seis delegados congresionales. Al momento, solo 10 de 15 aspirantes han logrado los endosos.
El Tribunal de Apelaciones desestimó un recurso de apelación que había sido presentado por el exalcalde de Culebra, William Iván Solís, quien alegaba que al menos 29 electores habían emitido votos adelantado y ausente de forma ilegal. El foro judicial determinó que Solís había presentado su recurso de forma tardía. La demanda anteriormente había sido revocada.
Fuente: El Nuevo Dia
Las autoridades investigan el asesinato a tiros de un hombre que se encontraba en un vehículo junto a una embarazada en la carretera PR-149 en el barrio Hato Viejo, Sector La Grama, en Ciales. La mujer logró salir del carro y fue llevada al hospital tras presentar tres heridas de bala. La Policía exhortó a la ciudadanía a comunicarse de forma confidencial al 787-343-2020 para proveer información que ayude al esclarecimiento de este u otro crimen.
Fuente: Telemundo PR
Una tercera ola de contagios está intentado ser evitada en Italia. Ayer el país anunció nuevas restricciones para evitar la propagación del COVID-19 ante la falta de vacunas. Los nuevos contagios podrían ser de las nuevas variantes identificadas las cuales, según ha trascendido, son más contagiosas. Otros países como Francia ya atraviesan la tercera ola que está en los niveles más altos de hospitalizaciones desde noviembre.
Fuente: NY Times
La representante del Proyecto Dignidad, Lisie Burgos, se opone a que se prohiban las terapias de conversión porque entiende que la familia debe tener la potestad de llevar a sus hijos a terapias y el Estado no debe intervenir en eso.
Burgos, quien además es sicóloga clínica y pastora, alegó en entrevista con Jay Fonseca en Día a Día, que hay menores que han sido abusados sexualmente y que este proyecto prohibiría dar atención terapéutica a estas personas.
La legisladora no reconoció que las terapias de conversión son consideradas como tortura por entidades como la Organización de las Naciones Unidas o la Asociación de Sicología de Estados Unidos.
El gobernador Pedro Pierluisi y el secretario designado de Salud, Carlos Mellado, dejaron clara hoy su oposición a las terapias de conversión.
Las terapias de conversión son administradas por lo general para menores de edad homosexuales o transgénero con la alegación de que se puede cambiar la orientación sexual o la identidad de género de las personas.
Las terapias de conversión, están basadas en la idea de que la homosexualidad es un trastorno mental que puede tratarse o curarse. Esta postura ha sido condenada de manera generalizada por los defensores de los derechos humanos y desacreditada por los profesionales de la salud mental debido al “daño grave y potencial” que puede provocar, según un informe emitido por la Asociación de Psicología Estadounidense.
El tema volvió al debate público luego que las senadoras y los senadores José Vargas Vidot, Ana Irma Rivera Lassén, María de Lourdes Santiago Negrón y Rafael Bernade Riefkohl presentaron el Proyecto del Senado 184 para ampliar las protecciones de la salud física y mental de menores de edad y prohibir la práctica de la terapia de conversión contra personas LGBTIQ+.
El comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, dijo que va a aumentar la presencia policíaca en las áreas de Condado y Viejo San Juan para prevenir incidentes violentos entre turistas como los que se han registrado los pasados días.
López Figueroa reconoció en entrevista con Jay Fonseca en Día a Día que en los últimos años Puerto Rico ha perdido policías e instó a la ciudadanía además de tomar vídeos llamar al 9-1-1 para notificar sobre los incidentes violentos para que llegue la Policía y procese a los responsables.
Dijo que es posible que los agentes de la Policía entreguen “flyers” o material impreso en inglés para orientar a los turistas sobre el ordenamiento en Puerto Rico sobre el uso de mascarillas y las leyes en nuestra Isla. López Figueroa dijo que en la zona turística la mayoría de los policías saben hablar inglés pero los refuerzos pudieran utilizar esta estrategia.
El gobernador Pedro Pierluisi y el secretario designado de Salud, Carlos Mellado, dejaron clara hoy su oposición a las terapias de conversión.
Las terapias de conversión son administradas por lo general para menores de edad homosexuales o transgénero con la alegación de que se puede cambiar la orientación sexual o la identidad de género de las personas.
“Yo estoy en contra de las terapias de conversión y esa ha sido mi posición, no ha cambiado”, sostuvo Pierluisi a preguntas de la Prensa.
Mientras, el secretario de Salud dijo que “todo lo que vaya en detrimento de la salud física y mental de cualquier ser humano el Departamento de Salud estará en contra”.
Las terapias de conversión, están basadas en la idea de que la homosexualidad es un trastorno mental que puede tratarse o curarse. Esta postura ha sido condenada de manera generalizada por los defensores de los derechos humanos y desacreditada por los profesionales de la salud mental debido al “daño grave y potencial” que puede provocar, según un informe emitido por la Asociación de Psicología Estadounidense y otras organizaciones como la Organización de Naciones Unidas (ONU).
El tema volvió al debate público luego que las senadoras y los senadores José Vargas Vidot, Ana Irma Rivera Lassén, María de Lourdes Santiago Negrón y Rafael Bernade Riefkohl presentaron el Proyecto del Senado 184 para ampliar las protecciones de la salud física y mental de menores de edad y prohibir la práctica de la terapia de conversión contra personas LGBTIQ+.
Hace 12 meses, el registro del primer caso de Covid-19 provocó que la entonces gobernadora Wanda Vázquez decretara un cierre completo o “lockdown” para evitar sobrecargar el ya frágil sistema hospitalario durante la pandemia.
Desde el inicio de la pandemia, se han confirmado al menos 94,336 casos de Covid-19 en Puerto Rico, una isla de 3.2 millones de habitantes. El virus ha matado al menos a 2,073 personas en la isla hasta ahora.
Sin embargo, Puerto Rico no ha visto un repunte en los casos desde diciembre, incluso después de grandes feriados como Navidad, Año Nuevo y Día de Reyes.
La tasa de positividad más baja se informó en febrero (5.2 por ciento) desde que las muertes por Covid-19 aumentaron alrededor del Día de Acción de Gracias.
Con el lanzamiento de la vacuna Covid-19, Puerto Rico está ahora en camino de inmunizar completamente a Vieques y Culebra, ambas islas municipio.
En un esfuerzo drástico para limitar las multitudes, Puerto Rico fue una de las primeras jurisdicciones de los Estados Unidos en implementar un toque de queda en toda la isla en marzo de 2020 que pedía a las personas que no salieran de sus hogares en la noche. Se cerraron negocios no esenciales. Todas las escuelas cerraron y se prohibió el atraque de cruceros a la isla, luego que el primer caso se registró tras la llegada de una turista italiana en un crucero.
Los puertorriqueños tenían que quedarse en casa en todo momento. Si salían, solo podía ser para cosas esenciales como comprar en la farmacia o supermercados y tenían que estar de regreso en casa antes del toque de queda nocturno.
Puerto Rico también fue una de las primeras jurisdicciones en emitir un mandato para usar mascarillas junto a Nueva Jersey.
Los críticos señalaron que los funcionarios estaban imponiendo restricciones drásticas sin tener suficiente información científica para respaldar sus decisiones. Puerto Rico tenía la tasa de pruebas per cápita más baja en comparación con cualquier estado al comienzo de la pandemia y carecía de un sistema de rastreo de contactos en toda la isla.
Pero sabían un hecho: Puerto Rico dependía de unos pocos médicos para llevar la peor parte de la pandemia, según un informe del Urban Institute, principalmente debido a una década de un éxodo masivo de médicos hacia Estados Unidos.
Fuente: NBC News