Oficina del Contralor no podría auditar la deuda en seis meses

Una resolución del gobernador, Pedro Pierluisi, propone que la Oficina del Contralor audite seis décadas de la deuda en seis meses. La contralora, Yesmin Valdivieso, levantó banderas ya que aseguró que no podría hacer este tipo de auditoría en un periodo de seis meses. La Comisión de Hacienda de la Cámara iniciará la próxima semana las vistas sobre la resolución.

Fuente: El Vocero

Proponen elegir sustituto de Tony Soto en asamblea de delegados

Tras la renuncia del representante, Antonio “Tony” Soto y en medio de una elección especial para elegir a quien reemplace al exsenador, Néstor Alonso en la Cámara, el senador, Carmelo Ríos, propuso que el sustituto de Soto se elija mediante una asamblea de delegados. Por cuestiones de tiempo el escaño que deja Soto no podrá ser incluido en la papeleta de la elección especial de marzo. Se alega que importantes alcaldes ya hicieron saber su respaldo a esta opción. 

Fuente: Noticel

Lujosa ducha en alcaldía de Aguadilla se pagó con fondos privados, según la exalcaldesa

Como falsos tildó la exalcaldesa de Aguadilla, Yanitsia Irizarry, los señalamientos del actual alcalde, Julio Roldán, quien aseguró que el municipio había pagado por una ducha de lujo y hasta un gimnasio. Según Irizarry, la ducha ubicada en la alcaldía fue pagada con fondos privados. En cuanto al gimnasio, el exalcalde, Carlos Méndez, dijo que las facilidades eran para uso de todos los empleados municipales.

Fuente: Metro PR

Casinos pierden $123 millones en ingresos en el 2020

Unos $123 millones en pérdidas de ingresos fue el saldo de la pandemia en los casinos durante el 2020. La cifra corresponde a los 16 casinos que ubican en la Isla. Al momento, un 15% a 20% de los empleados de este sector están sin trabajo porque no se puede trabajar 24 horas.

Fuente: El Nuevo Dia

Pierluisi no quiere discutir presupuesto con Asamblea Legislativa hasta que la Junta lo apruebe

El gobernador Pedro Pierluisi no quiere discutir el presupuesto con la Asamblea Legislativa hasta que la Junta de Control Fiscal lo apruebe.

Así consta en una carta enviada por el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Juan Carlos Blanco; el director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, Omar Marrero; y el secretario de Hacienda y principal oficial financiero del Gobierno, Francisco Parés.

La carta enviada el pasado viernes 26 de febrero de 2021 solicita al presidente de la Cámara, Rafael (Tatito) Hernández y al presidente del Senado, José Luis Dalmau, que permitan a los jefes de agencia comparecer en vistas públicas después del 10 de mayo de 2021 cuando se supone que la Junta de Control Fiscal presente un presupuesto de conformidad al Gobernador y a la Asamblea Legislativa.

Los funcionarios que suscriben la carta refieren a los líderes legislativos a visitar la página de Internet de la OGP si quieren conocer el presupuesto que presentó Pierluisi a la Junta de Control Fiscal.

Una fuente de este medio aseguró que la Asamblea Legislativa acudiría a los tribunales si Pierluisi insiste en no discutir el presupuesto con la Cámara y el Senado.

La fuente destacó la Asamblea Legislativa tiene el derecho constitucional del evaluar y discutir el presupuesto con el Ejecutivo. Además, esa discusión permite se celebren vistas públicas para que la ciudadanía conozca y entienda las partidas presupuestarias, aseguró.

Biden apoya postura de Trump de que residentes de los territorios no tienen derecho a los beneficios federales otorgados en los estados

El presidente Joe Biden junto a la vicepresidenta Kamala Harris. Cortesía The White House.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dejó patente su intención de incumplir su promesa de otorgar el beneficio del Seguro Social Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) a los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico desde el pasado 25 de febrero de 2021, cuando radicó una moción en el caso Peña Martínez v. Departamento de Salud federal, que reclama que se le dé acceso a los residentes en Puerto Rico a los mismos programas federales a los que tendrían derecho si vivieran en un estado de Estados Unidos.

En el caso Peña Martínez v. Departamento de Salud federal se reclama que los departamentos federales de Salud y Agricultura, y la Administración del Seguro Social, den acceso a los programas del Seguro Social Suplementario (SSI), Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y el subsidio para personas de escasos recursos (LIS) de la parte D de Medicare para medicamentos recetados.

De acuerdo al Departamento de Justicia del presidente Biden, en su escrito del 25 de febrero de 2021, “la decisión del Congreso de excluir a los residentes de Puerto Rico de SSI, SNAP y Medicare Parte D para personas de bajos ingresos es constitucional”.

“La Corte Suprema (de Estados Unidos) estableció, hace más de cuarenta años, que el estatus tributario único de Puerto Rico, el costo de extender los beneficios, y el potencial impacto perjudicial en la economía constituye tres bases racionales independientes para el trato diferenciado de los residentes de los territorios con respecto a los beneficios federales”, reza la moción presentada por el fiscal general interino Bryan M. Boynton y el jefe de la fiscalía federal de Puerto Rico, Stephen Muldrow.

Hoy, la Administración Biden reiteró su desinterés en garantizar que los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico tengan acceso a los mismos programas federales que tendrían viviendo en un estado de la unión al no retirar el caso ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos y permitir que el máximo foro judicial acogiera el recurso para decidir si es inconstitucional excluir a las personas que viven en Puerto Rico de este programa federal.

La Corte Suprema de Estados Unidos dio suficiente tiempo en su calendario para que la Administración de Joe Biden retirara su apelación y cumpliera la promesa de campaña.

El 15 de septiembre de 2020 Biden se comprometió a “proporcionar beneficios del SSI a los residentes de Puerto Rico” y criticó que la Administración Trump hubiese apelado ante la Corte Suprema de Estados Unidos el falló del Primer Circuito Apelativo de Boston que declaró inconstitucional que se le niegue estos beneficios a los ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico en una decisión sobre el caso United States v. Vaello-Madero.

José L. Vaello-Madero era un residente de Nueva York que recibió beneficios mensuales de SSI por discapacidad durante casi tres décadas. Se mudó a Puerto Rico en 2013 y continuó recibiendo pagos de SSI en su cuenta bancaria en Nueva York. Varios años después, la Administración del Seguro Social inició un proceso de cobro de los beneficios pagados a Vaello-Madero luego de su reubicación al territorio de los Estados Unidos.

Biden Betrays Puerto Ricans One Month Into His Term

President Joe Biden. Courtesy White House.

On September 15, 2020, then candidate Biden went to Orlando, FL to persuade the ever growing pool of Puerto Rican voters in the region to tip the battleground state his way. He promised plenty of benefits to boricuas, including the long sought after Supplemental Security Income (SSI). 

SSI is part of the Social Security coverage that is available to Puerto Rico residents as soon as they move to any state, but the federal government refuses to pay in the Island.  President Biden broke his promise only one month into his term. 

September 15 marks the beginning of the Hispanic Heritage Month.  Candidate Biden and the Democrats wanted to mark the date and signal their commitment to undo the damage done by the Trump administration’s neglect of Puerto Rico.  Central Florida was the perfect setting for Biden’s unique promise. 

He pledged to withdraw the Trump-era appeal pending before the U.S. Supreme Court to reverse a Court of Appeals decision in United States v. Vaello-Madero, No. 19-1390 (Apr. 10, 2020), that declared that Congress’s exclusion of SSI to Puerto Ricans in the island was unconstitutional. 

This discriminatory exclusion violated the Constitution’s equal protection guarantees afforded to Puerto Ricans as U.S. citizens. The federal government could have withdrawn its petition for certiorari to review the Court of Appeals’ decision before it was granted by the Court in a decision notified today.  Biden failed to see the promise through and now the Supreme Court will examine the petition.  If the Supreme Court reverses the holding of two federal courts, Puerto Ricans will continue to be excluded from billions of dollars in annual benefits under that program alone. 

The Trump administration sought to maintain decades of arbitrary discrimination against U.S. Citizens that reside in Puerto Rico in SSI and multiple other benefits programs.  Biden’s betrayal is surprising as it comes only a few weeks after a group of prominent members of Congress reminded him of his campaign promise in Florida.  Nydia Velázquez, Alexandria Ocasio-Cortez, Raúl Grijalva, and others asked the President in a letter dated February 16, 2021, to uphold the Constitution and revise the Trump administration outdated arguments that discrimination was justified under the authority exerted by Congress over the territories.  In fact, Raúl Grijalva is the Chair of the House Natural Resources Committee that has jurisdiction over the territories.  President Biden ignored the letter and his promise.  

José L. Vaello-Madero was a New York resident who received monthly SSI disability benefits for almost three decades. He moved to Puerto Rico in 2013 and continued receiving SSI payments to his bank account in New York. Several years later, the Social Security Administration initiated a collection process for benefits paid to Vaello-Madero after his relocation to the U.S. territory, where residents do not qualify for the SSI.  One of the reasons raised by the federal government to justify discriminating against Puerto Rico residents is that they do not pay federal income taxes.  The Court of Appeals for the First Circuit upheld the trial court’s ruling that government exclusion of Puerto Rico residents is unconstitutional after finding that Puerto Ricans pay higher federal taxes than six other states, among other reasons showing arbitrary discrimination.

The case calendar in the Supreme Court allowed ample time for the Biden administration to present its position and uphold his promise. In his broken promise to Puerto Rico, candidate Biden wrote that his Administration was going to “Provide Supplemental Security Income benefits. A federal court recently ruled that residents of Puerto Rico should be eligible for the Supplemental Security Income (SSI) program, but the Trump Administration has appealed the ruling. Biden will ensure residents of Puerto Rico have access to these benefits.”  President Biden’s inaction allows the federal government to continue discriminating against the same pool of voters Democrats try to lure every four years.  

Supremo federal revisará caso del Seguro Social Suplementario para Puerto Rico

Tribunal Supremo de Estados Unidos. Suministrada.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos acogió el recurso que evaluará la elegibilidad de los residentes de Puerto Rico al Seguro de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés).

La decisión judicial revisará la planteada por el Primer Circuito de Apelaciones de Boston que establece que los residentes en Puerto Rico podrán ser elegibles para recibir fondos de este programa que paga beneficios a los adultos y niños incapacitados que tienen ingresos bajos y recursos limitados, y a las personas mayores de 65 años de edad que cumplen con ciertos límites económicos.

El caso discute si el Congreso violó el componente de igual protección de la cláusula de debido proceso de la Quinta Enmienda al establecer el SSI en los 50 estados y el Distrito de Columbia, y en las Islas Marianas del Norte mediante un convenio negociado, pero sin extenderlo a Puerto Rico.

El Departamento de Justicia federal sometió ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos un “certiorari” sobre el caso de Luis Vaello Madero, un ex residente de Nueva York que se mudó al Municipio de Loíza y a quien el Seguro Social (SS), pretendía que devolviera $28,000 por no haber informado que se había mudado a la Isla donde no se reciben los beneficios del programa SSI.

Tanto el juez del Tribunal Federal del Distrito de Puerto Rico, Gustavo Gelpí, como el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito con sede en Boston, determinaron que Vaello Madero no tenía que devolver el dinero.

La Administración del Seguro Social estima que extender el SSI a los residentes de Puerto Rico costaría aproximadamente $ 23,000 millones durante los próximos 10 años.

Compañía de la guagua blindada para Rosselló “le dio un tumbe al País”

El designado secretario de Justicia, Domingo Emanuelli y la directora de la Administración de Servicios Generales (ASG), Karla Mercado, coincidieron en que la compañía a la que La Fortaleza le compró la guagua bildada para el entonces gobernador Ricardo Rosselló intentó darle un tumbe al País.

El titular de Justicia presentó una demanda civil hoy ante el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico y evalúa aspectos criminales de la transacción.

El Gobierno de Puerto Rico se pagó $224,000 a la empresa Texas Armoring Corporation -con sede en San Antonio- por una Chevrolet modelo Suburban del 2018 que todavía no se le ha entregado al Gobierno.

Salud reporta una sola muerte por COVID-19

El más reciente informe del Departamento de Salud sobre el COVID-19, reporta una sola muerte a causa de virus. Según la agencia, al momento 155 pacientes se encuentran recluidos en instituciones hospitalarias lo que representa un aumento de cinco pacientes en las pasadas 24 horas. Unos 226 casos confirmados, 74 probables y 713 sospechosos fueron añadidos a la cifra total de contagios.

Fuente: El Vocero