Todas las mañanas, Jay Fonseca te pone al día con las noticias más importantes para Puerto Rico y el mundo.
“Haciendo que las cosas pasen” según el PPD es el nuevo compromiso cumplido interpretado como gasto inconstitucional de fondos públicos cuando Pedro Rosselló. El PPD presentó un recurso extraordinario para detener la campaña de inmediato interpretando que es usar fondos públicos para hacer campaña política. Antes había presentado una querella contra el contralor electoral.
El juez de apelaciones Ricardo Marrero Guerrero demandó hoy al Gobierno de Puerto Rico para que proceda con el aumento de salario de los jueces y juezas del Poder Judicial argumentando que los fondos para este ajuste están asignados y que no se requiere legislación para avalar dicho trámite.
La Junta de Control Fiscal (JCF) aprobó un Plan Fiscal que incluye una partida de $37.8 millones para el aumento de salario de todos los empleados del Poder Judicial, según lo establece el Plan de Retribución de los Empleados del Poder Judicial. Según la demanda incoada, la Resolución Conjunta Núm. 39 del 29 de junio de 2023 sobre el Presupuesto General del Gobierno de Puerto Rico contiene esa partida y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) separó los fondos.
El Senado aprobó legislación para avanzar ese aumento, pero la legislación murió en la Cámara de Representantes luego de que el presidente Rafael “Tatito” Hernández enmendó la pieza legislativa para incluir aumentos de salario para legisladores, jefes de agencias y el gobernador. Ayer era el último día para aprobar medidas en la Legislatura.
Ese proyecto elevaba el salario de la jueza presidenta de $125,000 a $154,556. El sueldo anual de los jueces y juezas asociadas subiría a $144,480. Ahora es $120,000.
Un juez o jueza de Apelaciones ganaría $130,579, uno de primera instancia devengaría $118,133 y los municipales $91,764.
La medida recibió duras críticas porque ofrecía aumentos jugosos a los jueces y juezas, mientras que los empleados de apoyo recibieron ajustes salariales módicos a través de un Plan de Retribución.
En su recurso, el juez Marrero alega que no es necesaria la aprobación de legislación ulterior para que dichos fondos sean destinados al Poder Judicial a los fines de implementar el aumento de salario a sus jueces. En tanto, la Resolución Conjunta sobre el Presupuesto constituye una ley especial que autoriza el uso de dichos fondos.
“Lo único que se requiere para que la OGP pueda desembolsar finalmente los fondos en reserva es que la JSF certifique que las escalas salariales propuestas para los jueces son consistentes con la Reforma del Servicio Público, tal como ya se hizo en julio de 2023 para el Plan de Retribución de los empleados del Poder Judicial. Sin embargo, la OGP no ha realizado ningún acto hasta el momento para procurar esa certificación ni para desembolsar los fondos que viabilizarán el aumento salarial que ya fue aprobado para todos los jueces de Puerto Rico”, reza la demanda.
Alega, además, que la intención de la Cámara de Representantes de sujetar la utilización de dichos fondos a un aumento a sus legisladores viola el principio de separación de poderes y constituye un agravio al precepto constitucional de independencia judicial.
Por tanto, pide que el Tribunal de San Juan que valide el alcance legal de la certificación 39 y ordene a la OGP a realizar los trámites correspondientes para conceder el aumento salarial a los jueces y juezas tras recibir una certificación de la JCF validando las escalas salariales aprobadas por dicho organismo.
Los licenciados José A. Andreu Fuentes y Frank C. Torres Viada representan al juez Marrero, quien era el candidato del presidente del Senado, José Luis Dalmau, para ocupar la presidencia alterna de la Comisión Estatal de Elecciones.
Lee la demanda aquí: Ricardo Marrero vs ELA
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La jueza Nerisvel Durán Guzmán del Tribunal de San Juan sentenció hoy a Carlos Julián Maldonado Dávila a 10 años de sentencia suspendida por arrollar a Natalia Nicole Ayala Rivera la madrugada del 5 de enero de 2022.
El exdirector de la Oficina de Turismo del Municipio de Barceloneta no pisará la cárcel, pese a que abandonó la escena del accidente.
Ya la jueza había encontrado al hombre de 31 años culpable de tres cargos bajo la Ley de Vehículos y Tránsito el pasado 11 de agosto. Hoy dictó una sentencia de 10 años e impuso una multa de $10,000 por una violación al artículo 5.7. También impuso otra multa de $1,000 por otra violación al artículo 5.7 y tres años de cárcel por otra violación al artículo 4.2. Pero ordenó que las penas se cumplieran de forma concurrente y en probatoria.
De esta forma, la jueza rechazó la recomendación del informe presentencia, que pedía una sentencia fragmentada: que el convicto cumpliera un año de cárcel y el restante en probatoria, informó El Nuevo Día.
Durante la vista celebrada esta mañana, Maldonado pidió perdón al pueblo de Puerto Rico y a la familia de la víctima.
“Nunca la vi. Desde el día número uno intenté acercarme a la familia. Entiendo el dolor de esa familia. No soy una mala persona. Yo hubiera puesto mi vida por ella si estuviera en mis manos”, indicó en corte abierta.
La madrugada del 5 de enero, la deportista se encontraba detenida en la calle Calaf tratando de cambiar una goma de su carro. Junto a Ayala se encontraba Carlos Sosa Bigio, quien se había detenido para ayudarla. El ahora convicto los embistió y se dio a la fuga.
Sosa recibió heridas leves, mientras que Ayala falleció en el Centro Médico de Río Piedras.
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La Ley Ética Gubernamental impide al director ejecutivo de la Autoridad de Energía (AEE), Josué Colón Ortiz, saltar de su cargo en la corporación pública a un puesto en LUMA Energy o en Genera PR, los dos consorcios que administran el sistema eléctrico de Puerto Rico.
A finales del 2022, el ingeniero consultó si podía moverse a LUMA en medio de rumores de que pasaría a presidir LUMA Energy. Inconforme con ese análisis, en junio pasado pidió una reconsideración y en esa vuelta incluyó a Genera PR en la petición de evaluación.
La OEG reafirmó su conclusión.
La ley requiere que espere dos años luego de renunciar a la AEE para aceptar una oferta de trabajo en Genera PR, que opera las plantas generatrices de la AEE desde el 1 de julio de 2023.
En el caso de LUMA Energy, que administra el sistema de distribución y transmisión desde el 1 de junio de 2021, tiene que esperar un año después de dejar el cargo actual, según la segunda evaluación de la OEG. La agencia redujo el tiempo de espera de dos a un año luego de la reconsideración.
“[U]sted no podrá ocupar un puesto en LUMA durante un año a partir de la renuncia a la AEE, a menos que logre demostrarle a esta oficina que no ejerció acciones oficiales con respecto a LUMA el año anterior a la fecha de su renuncia”, reza la carta enviada a Colón Ortiz.
El tiempo de espera para moverse a Genera PR es mayor porque Colón Ortiz formó parte del comité evaluador, que recomendó adjudicar el contrato de operación de las plantas generatrices a esta subsidiaria de New Fortress Energy.
Colón Ortiz no participó en el proceso de evaluación del contrato de LUMA. Dejó el retiro para asumir la jefatura de la AEE nuevamente en septiembre del 2021, a meses del inicio de la privatización y ante el malestar ciudadano por la proliferación de apagones.
Mira el documento aquí: Carta a Josué Colón
El senador demócrata Martin Heinrich radicó ayer un proyecto que propone celebrar un plebiscito en Puerto Rico entre opciones no coloniales y que sería vinculante para el gobierno federal.
El proyecto del Senado (3231) sería el acompañante del proyecto de la Cámara (2757) que propone la celebración de una consulta entre las opciones de estadidad, soberanía en libre asociación e independencia. La pieza legislativa ya aparece en el registro congresional y fue referida al Comité de Energía y Recursos Naturales para evaluación.
A través de su portal el senador informó que celebrará una conferencia de prensa mañana 8 de noviembre para ofrecer detalles de la medida, que cuenta con el auspicio de otros 20 senadores y senadoras demócratas. En la rueda de prensa -convocada para las 10:00 a.m. en su oficina, participarán el gobernador Pedro Pierluisi, la comisionada residente Jenniffer González, la cabildera por la estadidad Zoraida Buxó, los senadores Ron Wyden, Chris Murphy, Brian Schatzy Richard Blumenthal, así como los representantes Nydia Velázquez y Darren Soto.
Pese a que el proyecto 2757 ha logrado el apoyo de algunos congresistas republicanos, la medida no tiene futuro en esta sesión del Congreso debido a la fuerte oposición que enfrenta entre el ala ultraconservadora del Partido Republicano.
El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (FEI) designó hoy un fiscal especial para iniciar una investigación a fondo sobre posibles actos delictivos en los que pudo haber incurrido el alcalde de Arecibo, Carlos Ramírez Irizarry.
La querella que da paso a la pesquisa fundamenta que el Ejecutivo Municipal de la Villa del Capitán Correa alegadamente mantiene, a través de una corporación de su propiedad, contratos con el Departamento de Educación sin cumplir con los requisitos de ley.
La querella fue presentada ante el Departamento de Justicia por el representante José Enrique Meléndez, acompañada por diversos anejos consistentes de prueba para demostrar sus alegaciones. El legislador también remitió el asunto a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).