La Junta de Directores de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) presentó una moción ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico para que reconsidere su sentencia prohibiendo divulgar las regrabaciones de los casos en que Andrea Ruiz Costas testificó en contra de su presunto agresor y asesino confeso.
“Los procesos en las salas de violencia doméstica son de naturaleza sensible que requieren por ley de un acceso controlado y, por ello, no son compatibles con la posibilidad de que posteriormente la grabación se haga pública, aunque sea de manera suprimida o limitada, independientemente de quién lo solicite. Es un contrasentido que un proceso sea de acceso controlado, por mandato de ley, pero se pueda repartir el audio de ese mismo proceso, en todo o en parte, para acceso de todo el mundo”, concluyó el pasado 10 de mayo el máximo foro judicial.
“La solicitud de la Asppro, va más allá de un deseo de informar, sino que se trata del deber de la prensa de ejercer un derecho fundamental, el cual está impregnado de la más alta jerarquía y protección, para aportar al discurso público de manera informada. Lamentablemente, el resultado de la decisión de este Honorable Tribunal tiene el único efecto de cerrar los procesos judiciales en un caso que ha puesto en duda el funcionamiento de nuestro sistema”, señala la moción radicada hoy.
El Tribunal Supremo había decidido que todas las regrabaciones son confidenciales al amparo del artículo 5.005 de la Ley de la Judicatura independientemente de quién las solicite.
La Asociación sostiene que, aunque dicho estatuto limita, no prohíbe el acceso al público a las salas especializadas en violencia de género.
“No surge de dicho artículo ni de la Ley 54 sobre Violencia Doméstica una prohibición expresa de divulgar estos procedimientos, mucho menos cuando ya sus expedientes están cerrados”, explicó la directiva del gremio de periodistas.
“La Asppro, en su ejercicio constitucional de libertad de prensa, no claudicará en la gestión de defender el quehacer periodístico de buscar la verdad. El país merece saber cómo trabajan sus instituciones, particularmente ante los serios cuestionamientos sobre el manejo de estos casos, no solo por el Poder Judicial, sino por todo el sistema de justicia. Llevamos esta lucha en favor del acceso a la información pública y la libertad de expresión y prensa de nuestro pueblo, derechos fundamentales que gozan de la más alta jerarquía tanto en la Constitución de Puerto Rico como en la de Estados Unidos”, expresó la Junta de la Asppro
