Todo apunta a que la depresión tropical #13 se convertirá en tormenta durante el fin de semana. El Centro Nacional de Huracanes emitió ayer una vigilancia de tormenta tropical para Puerto Rico e Islas Vírgenes. Se espera que el fenómeno atmosférico pase cerca de la Isla en algún momento del sábado.
Fuente: El Nuevo Día
El Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) refirió a Armando Gabriel Otero Pagán, exsecretario interino de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) para que investigue alegadas irregularidades en el manejo de personal dentro de la agencia.
El informe de investigación preliminar del Departamento de Justicia señala que el funcionario y otros empleados de la agencia entorpecieron una investigación administrativa que realizaba la Oficina de Recursos Humanos sobre el procedimiento efectuado para conceder un diferencial a César Rodríguez Santos que prestaba servicios por destaque en la agencia.
El PFEI indicó que las alegaciones son carácter administrativo, pero si la OEG identifica infracciones en el ámbito penal el organismo intervendrá.
La Asociación de Centros Comerciales de Puerto Rico hizo un llamado al Gobierno de Puerto Rico para que invierta los más de $2,200 millones provenientes del Gobierno federal para atender la pandemia de COVID-19.
El grupo indicó a través de una comunicación escrita que el Gobierno tiene $2,200 millones para pruebas, rastreo de contactos, campañas educativas, ayudas económicas, programas de protección de nómina, asistencia a pequeñas empresas, materiales y equipo para proteger a empleados públicos, asistencia a hospitales, telemedicina, entre otros y al momento no se ha desembolsado el 63 por ciento de estos fondos.
“El Gobierno tiene que hacer el rastreo, pruebas masivas, educación, monitoreo, multas, “enforcement” y no lo ha hecho, mientras nosotros hemos hecho nuestra parte”, sostuvo el presidente de la Asociación de Centros Comerciales, Adolfo González, en declaraciones escritas.
Agregó que “los centros comerciales tenemos la capacidad de hacer valer el cumplimiento de nuestro protocolo y así lo hemos hecho, con una considerable inversión en empleados de seguridad, re-entrenamiento, campaña educativa, estaciones de desinfección, señalización, limitando el “aforo” de ‘food courts’, proveyendo el equipo de protección (PPE) de nuestros empleados, proveyendo pruebas de COVID-19 a los empleados antes de regresaran a trabajar sin costo para ellos”.
“No hemos solicitado ningún ‘bail out’ (rescate) ni ayudas al Gobierno”, sentenció el portavoz del grupo que estimó las pérdidas producto de la pandemia en más de $1,000 millones de dólares, de acuerdo a datos provistos por el economista Gustavo Vélez.
De acuerdo a la organización, los centros comerciales generan al menos 130,000 empleos directos e indirectos en Puerto Rico y son el principal contribuyente al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) y patentes al Gobierno de Puerto Rico.
Añadieron que desde el 1 de junio el Departamento de Salud, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés), y el Departamento del Trabajo han visitado sin aviso muchos de los centros comerciales miembros de la Asociación, y nunca han hecho señalamientos sobre los protocolos de seguridad.
Según la Asociación, hasta el día de hoy ningún centro comercial ha tenido un brote de COVID-19, definido como dos o más casos de contagio relacionados.
Por último, la Asociación de Centros Comerciales lamentó que “el Gobierno hasta ahora ha enmarcado esta discusión de reapertura en vidas y dinero”.
El secretario de Estado, Elmer Román renunció a su puesto para ocupar un cargo en el Pentágono, supo este medio digital, mediante fuentes.
La renuncia, presentada el 17 de agosto, será efectiva el 23 de agosto de 2020, confirmó esta tarde la propia gobernadora Wanda Vázquez.
La subsecretaria del Departamento de Estado, María Marcano, ocupará el puesto de manera interina.
Román fue nombrado en diciembre del 2019 como secretario de Estado por la gobernadora Wanda Vázquez y previo a eso fue designado como secretario de Seguridad Pública por el entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares.
Su renuncia ocurre luego que tuvo que enfrentar un largo proceso de confirmación debido a que la Cámara no quería confirmarlo por su alegada mala supervisión durante la distribución de los suministros para los damnificados de los terremotos.
De acuerdo al pliego acusatorio federal, a principios de 2017 y hasta julio de 2020 el representante Nelson Del Valle, su ayudante Nickolle Santos-Estrada y su hija Mildred Estrada-Rojas conspiraron para inflar los salarios de ambas y pagar sobornos y “kickbacks” o comisiones ilegales de entre $500 a $2,000 provenientes de cada cheque al legislador.
Del Valle pudo haber recibido al menos $100,000 en su mayoría en efectivo producto del esquema, de acuerdo a la Fiscalía Federal.
Del Valle y sus ayudantes serán acusados hoy robar fondos federales, conspiración, sobornos y pedir “kickbacks”, fraude electrónico, y obstrucción a la justicia. Los acusados pudieran enfrentar 5 años de prisión por conspiración, 10 años de prisión por robo y soborno de programas federales y 20 años por obstrucción a la justicia y fraude electrónico por cada cargo.
Se alega que Santos y Estrada le daban los fondos en efectivo directamente al Del Valle o a través de otros individuos conectados al legislador. Además, Estrada y una persona identificada como “A” a veces transferían “kickbacks” incrementados en $500 a través de ATH móvil.
Según el pliego acusatorio en diversas entrevistas con las autoridades federales los acusados negaron los hechos y mintieron.
Los cargos de obstrucción a la justicia se relacionan a que Del Valle borró mensajes de WhatsApp dirigidos a sus dos empleadas en y antes de las entrevistas con los agentes federales.
Una vez más, el fiscal federal Stephen Muldrow invitó a la ciudadanía a cooperar con las autoridades federales antes de que toquen su puerta o que cooperen cuando sean entrevistados por los agentes federales. Dijo que si las personas quieren mitigar las consecuencias de sus actos criminales es mejor cooperar con las autoridades. Destacó que una persona que fue identificada como A en el pliego acusatorio contra Del Valle también pagó sobornos al legislador provenientes de su salario inflado.
El Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) diligenció cuatro órdenes de arresto esta mañana.
Entre los arrestados se encuentra el representante Nelson del Valle, una empleada del legislador y la hija de la empleada, supo este diario digital mediante fuentes. Se informó que esta mañana también fueron allanadas las oficinas del representante ubicadas en Toa Alta.
Aunque temprano la convocatoria de la conferencia de prensa de la Fiscalía Federal sostuvo que los cuatro arrestos están relacionados a casos de corrupción pública, tráfico de drogas, crímenes violentos y explotación infantil.
Una hora después la Fiscalía Federal aclaró que Del Valle no tiene que ver con todos los crímenes enumerados y que cada caso involucra diferentes acusados. A las 11:00 a.m. la Fiscalía Federal ofrecerá los detalles.
Este medio digital supo que Del Valle será acusado de robar fondos federales, conspiración, sobornos y pedir “kickbacks”, fraude electrónico, y obstrucción a la justicia.
De inmediato, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez solicitó la renuncia del legislador y confirmó en una entrevista radial (NotiUno) que existen investigaciones federales que vinculan a otros legisladores.
El pasado 27 de julio, agentes del FBI allanaron la residencia de Del Valle, ubicada en Toa Alta. En el operativo le incautaron su teléfono celular. Los arrestos ocurren a tres días de que el FBI arrestara a la representante María Milagros Charbonier, su esposo y su hijo por un esquema en el que infló el salario de su ayudante legislativa Frances Acevedo y pidió comisiones ilegales a la empleada que alcanzaron según la acusación más de $100,000.
Una investigación de Jay y sus Rayos X reveló que Del Valle pudo haber cometido un esquema similar con una empleada de su oficina.
La nueva orden ejecutiva que entrará en vigor el sábado ordena un “lockdown” el domingo y el que los restaurantes y comercios solo permitan un 25% de ocupación. Las iglesias podrán operar también con un 25% de capacidad. El toque de queda continuará siendo de 5:00 am a 10:00 pm. Las actividades familiares y reuniones están prohibidas por completo. Habrá multas de $100 para quienes no tengan mascarillas.
Fuente: El Nuevo Día
La Organización Mundial de la Salud sugirió la implementación de ordenanzas “a la medida y localizadas” y no el cierre total en los países. La recomendación en parte se debe a las repercusiones de salud, sociales y económicas que se han tenido tras los cierres.
Fuente: El Nuevo Día
11 nuevas muertes por coronavirus fueron reportadas por el Departamento de Salud hoy. Con estos decesos la cifra total se coloca en 367. En cuanto a hospitalizados, la agencia informó que hoy suman 390, lo que representa un aumento de 29 en comparación con la cifra de ayer. 125 casos confirmados fueron reportados y 102 probables adicionales.
Fuente: El Vocero