Hay veces que quienes venden baratillos también consiguen las mejores gangas. Hay comedias de errores que simulan jueguillos de tronos en el palacio de Punta Krug del virreinato del Condado. Hay tanta poesía en este tejemeneje, pero… de haber chanchullo, ¿se salvarán los responsables?

Amparados en una orden ejecutiva de 1991 que entienden que va sobre la Ley 12-1975, el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) vendió un parque comunitario en Condado a pasos de la playa, a precio de pescao’ abombao’: $145 mil pesitos. La gracia cayó encima de la empresa Krug Property, LLC., en la que figura como persona autorizada el presidente de Me Salvé Inc. y fervoroso donante político, Jim Taubenfeld, y con la cual labora un arquitecto con vínculos familiares al cuñado del Gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi.

Más aún, de cara al crespúsculo nocturno, el DTOP confirmó que la venta a precio de quemazón se hizo sin consultar al secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, ni al secretario de Hacienda, Francisco Parés, y del gobernador Pedro Pierluisi, cuñado de Andy Guillemard… quien a su vez es cuñado del arquitecto que aparece en el anuncio de la construcción prometida por Krug Property, LLC.

Habla Guillemard

Durante este martes de un verano en el que parece avecinarse el invierno, Guillemard le dijo a Cuarto Poder (WAPA-TV) que nunca intervino en el proceso de compra-venta de este terreno y alegó que, tras ver los reportes de prensa, se comunicó con su cuñado.

Guillemard explicó que su cuñado, el arquitecto Juan Fernando Vázquez, quien aparece en el letrero de permisología afuera del terreno, entró como asesor del proyecto, luego de completarse la transacción de compra-venta, pues el proceso de consulta de permisos requiere un profesional certificado. Dijo también que no hubo proceso fast-track.

Fuentes vinculadas a Krug Property aseguraron a Cuarto Poder que la propiedad está zonificada como RESIDENCIAL. El Parque del Indio, al norte, está zonificado como “DV” que es la abreviación para DOTACIONAL VERDE que es la denominación que se utiliza para parques.

Mientras, según indicó la secretaria del DTOP, “no se realizó consulta con la Fortaleza, el Departamento Hacienda o el Departamento de Justicia, al amparo de la Orden Ejecutiva-1991-70, la cual que en dos páginas delega al secretario de DTOP la aprobación de traspasos, ventas, permutas, imposiciones de gravámenes y arrendamientos de terrenos y edificios propiedad del Gobierno de Puerto Rico, según lo dispuesto por la Ley Núm.104 del 28 de junio de 1956, mientras la transacción no exceda la cantidad de $500,000.00 la aprobación recae sobre el secretario de DTOP”.

Mientras, el contrato – documento que detalló a profundidad en el periódico Metro el periodista Manuel Guillama – precisa en su tercera cláusula que el 19 de diciembre de 2020, a dos semanas del cambio de gobierno y cinco semanas después de las elecciones, el Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (CEDBI), creado al amparo de la Ley 26-2017 de Cumplimiento con el Plan Fiscal, había decretado que la propiedad “ya no es de utilidad pública” y, por lo tanto, podía ser vendida.

El reportaje puntualiza varios asuntos de ley. Primero, que el artículo 1(a) de la Ley 12, sin embargo, menciona que dichas transacciones deben obrar en el interés público y solo pueden completarse “previa aprobación del Gobernador y los Secretarios de Hacienda y Justicia” y que más adelante, en el mismo articulo, se exime de ese requisito únicamente las ventas de propiedades cuyo valor sea inferior a los $100,000.

De igual forma, que en el contrato del 24 de febrero de 2021, donde se completó la transacción por $145,000, el DTOP, representado por el secretario auxiliar de Administración y Recursos Humanos, Luis Rafael González Rosario, hizo constar que la venta del predio en Condado se tramitaba al amparo de la Ley 12-1975, que permite a la agencia disponer de bienes inmuebles “que dejaron de ser de utilidad pública”.

Destaca además la historia de Metro que el texto de la Ley 26-2017 no enmendó la Ley 12-1975, por lo que la obligación del gobernador y los departamentos de Justicia y Hacienda de autorizar las ventas de propiedades del DTOP valoradas en más de $100,000 habría permanecido intacta.  

La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), agencia que parió al CEDBI, señaló por escrito a eso de las siete de la noche del martes que “la venta del Lote B en Condado se realizó a tono con las disposiciones de la Ley 26-2017”

El secretario de Estado y director ejecutivo de la AAFAF, Omar J. Marrero, dijo que el proceso de compraventa del Lote B en Condado se realizó en cumplimiento con la Ley 26-2017, la Ley para el Cumplimiento con el Plan Fiscal y el Reglamento del Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (CEDBI).

“A tono con lo establecido en la Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal, el CEDBI cumplió con su función de evaluar la transacción de compraventa de la propiedad ubicada en el Lote B, en Condado. Dicha propiedad fue referida al CEDBI, una vez el titular, el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), determinó que no tenía utilidad pública”, expresó Marrero, quien por virtud de su rol de director ejecutivo de la AAFAF es también presidente del CEDBI.

En el comunicado se subraya que “el pasado 19 de diciembre de 2020, el Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles evaluó los documentos sometidos por el DTOP y la parte compradora, Krug Property/Sender Shub MBR, y aprobó, mediante mayoría de los miembros, que el DTOP dispusiera mediante compraventa la propiedad en Condado, conforme su valor de mercado”.

Según reza la misiva a los medios, “la evaluación se realizó a base de las disposiciones del Reglamento Único para la Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico, el cual establece que las disposiciones de las propiedades proceden, según el justo valor en el mercado, evidenciado por una tasación de no más de dos años. Dicho reglamento establece, además, en el artículo 30, sección 2, que los dueños de los predios colindantes tendrían derecho preferente para adquirir Bienes Inmuebles de las Entidades de la Rama Ejecutiva mediante Venta Directa (contenido también en el reglamento vigente del DTOP y la Ley 12 de diciembre de 1975)”.

“Sobre el precio de venta, el Director Ejecutivo manifestó que, conforme la información provista, la propiedad arrojó un valor de mercado de $145,000, según el informe de valoración de octubre de 2019, a base del método de ventas comparables, el cual fue revisado y recomendado favorablemente por el Tasador Profesional de la Oficina de Revisión de Tasación del DTOP, mediante informe del 26 de agosto de 2020”, acentúa el comunicado del CEBDI.

DRNA narra su parte

El DTOP, mientras, confirmó que recibió la solicitud formal en el año 2019, “para la adquisición del terreno en cuestión por parte del peticionario de nombre Sender Shub”.

“El DTOP solicitó el 3 de julio de 2019 al Registro de la Propiedad inscribir el terreno a nombre del Gobierno de PR porque no existía evidencia que acreditara el dominio a persona, entidad o agencia alguna’, señalaron mediante comunicado de prensa.

Esta solicitud se sometió ante la consideración del CEDBI, dijo el DTOP, pues “ese comité cuenta con la facultad en ley de evaluar toda petición que llegue a esos fines, luego de su creación por la Ley 26 del 2017. En esta fecha comenzó el proceso de evaluación que realiza el CEDBI para la venta de los terrenos que están bajo la titularidad del DTOP”.

Tas explicar lo de la la Orden Ejecutiva-1991-70, indicaron que “luego de haberse completado el riguroso proceso para la compra y venta del terreno, se formalizó la misma en cumplimiento con todas las disposiciones de Ley. El terreno en cuestión se encontraba en desuso y el mismo, nunca fue un parque, ni aparece registrado como tal”.

¡Se salvaron!

La empresa Krug Property, LLC. presenta a Yvette Deliz Montañez como agente, y como persona autorizada a Sender Shub y a Taubenfeld, quien, según el Registro de Corporaciones, tiene vínculos con varias corporaciones activas con el nombre ‘Me Salvé’: Me Salvé Río Piedras, Inc., Me Salvé Ponce, Inc., Me Salvé Isabela, Inc. y Me Salvé, Inc. En la de Ponce, también aparece Shub como persona autorizada.

Más aún, un reportaje a profundidad publicado por Ey Boricua! detalla cuánto Taubenfeld donó a candidaturas del Partido Nuevo Progresista y del Partido Popular Democrático de cara a las elecciones del 2020. Entre los candidatos agraciados figuran el acusado federal por corrupción y exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez; el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, hijo; y el excandidato popular a la Gobernación, Charlie Delgado Altieri, quién también recibió un donativo de Sender Shub. De igual forma, otra pesquisa de ese mismo medio ubica la controversia cómo un posible patrón en el que se utilizó el Reglamento Conjunto 2020, ya anulado. 

El licenciado Amaury Rivera, portavoz de los vecinos denunciantes, subrayó en Cuarto Poder que Krug Property, LLC y Sender Shub MBR presentó al DTOP la oferta para la compra del parque el 23 de mayo de 2019, con la intención de agrupar el terreno con el predio colindante que recientemente había comprado Krug Property, para la construcción de un edificio residencial multifamiliar de 12 pisos con siete apartamentos residenciales y 23 estacionamientos.

Los vecinos de Condado, Calle Loíza, sector Machuchal y otras partes de Santurce y San Juan presentaron una carta con sobre 200 firmas expresando su oposición al desarrollo en el parque que lleva décadas sirviéndole a la comunidad y que está a pasos del parque del Indio y la playa de Ocean Park como “un precedente nefasto y es en detrimento de las comunidades y nuestra isla”.

Vecinos de la zona señalaron también que en el parque han envenenado a los árboles, lo que pudiese figurar como un delito ambiental.

Mientras, el alcalde de San Juan, Miguel Romero y su oficina de prensa, enviaron un comunicado de prensa ayer en el que el Municipio negaba haber sido parte de la negociación del terreno.

“El municipio no vendió, participó, ni tuvo conocimiento de dicha transacción. Este terreno es ahora propiedad privada. El letrero que se hace referencia es sobre una solicitud de permiso radicada ante el municipio por ser una propiedad privada localizada en San Juan”, reza la misiva mediática.

De igual forma, Manuel Calderon Cerame, portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Legislatura Municipal de San Juan, recalcó que “lo que más que me preocupa de todo esto es como se hace a espaldas de la comunidad, sin un proceso de consulta o vistas públicas en donde todos los componentes de estas comunidades puedan participar. No solo nos quedamos sin residencias asequibles, sino que nos estamos quedando sin espacios pasivos para el disfrute de todas y todos”.

Hace unos meses, Calderón Cerame denunció que el Municipio de San Juan tenía planes de vender propiedades en Puerta de Tierra a unos desarrolladores y tan reciente como la semana pasada le envió una carta al alcalde Miguel Romero Lugo denunciando un evidente desplazamiento contra los residentes del complejo de viviendas Bayola en Santurce.

“El problema de falta de vivienda asequible en nuestra Ciudad Capital es un asunto real, ante eso nos queda crear conciencia y combatir el desplazamiento, pero también nos toca proteger nuestros espacios comunes pasivos. Ese parque en Condado era utilizado por todos, no había razón para venderlo”, expresó vía comunicación escrita.

La reducción de jornada, el despido de empleados y/o la eliminación de servicios directos como el de ama de llaves, transporte a citas médicas y ayudas económicas para el pago de agua, luz o gastos fúnebres son algunas de las alternativas que evalúan los alcaldes ante la eliminación del fondo de equiparación. El Fondo de Equiparación debe desaparecer para el 2024, según lo estipulado en el plan fiscal certificado.

Fuente: El Nuevo Día

Cada vez son más los robos que se reportan en los supermercados de la Isla, particularmente los realizados por personas de mayor edad. 

Café, carnes y artículos de aseo personal son los principales artículos que las personas intentan hurtar de los establecimientos, situación que según Eduardo Marxuach, presidente y principal oficial ejecutivo de Supermercados Econo, ha incrementado en las últimas semanas a consecuencia de las reducciones en los fondos federales para mitigar los efectos de la pandemia de Covid-19 y el imparable aumento en precio de los artículos.

Fuente: El Vocero

La exalcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, enfrentará el 26 de julio un juicio por alegada violación de derechos civiles por hechos que ocurrieron en la edición de 2017 de las Fiestas de la Calle San Sebastián cuando un abogado identificado como José Wiscovitch Barreras, residente del Viejo San Juan y dueño del restaurante Asiana Sushi Bar, conducía una bicicleta de cuatro gomas con capacidad para cuatro personas y habilitada con un letrero de promoción para el restaurante.

Unos oficiales permitieron que el abogado entrara con la bicicleta a la Calle San Francisco, la cual estaba limitada para el uso peatonal y en esa calle lo divisó Cruz Soto, acompañada de sus escoltas. No está claro quién detuvo al abogado, pero sí que este y la entonces alcaldesa se enfrascaron en una discusión sobre si la bicicleta violentaba la ordenanza municipal de las fiestas que prohibía el uso de vehículos en las calles designadas como peatonales.

Fuente: Noticel

Tanto el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), como el Municipio de Rincón y la Junta de Planificación (JP) cuentan con poderes ministeriales y recursos legales para asegurar que se derrumbe el muro ilegal del condominio Sol y Playa, que en este momento defiende la Policía en la playa Los Almendros, y así evitar confrontaciones mayores durante las actuales protestas.

Mientras, fuentes de este medio aseguran que la Policía de Puerto Rico deberá retirar la Fuerza de Choque durante las próximas horas y dejar la zona “con tres o cuatro policías” de cara al 4 de julio, a la vez que su oficina de prensa indica que el costo del erario en el desplazamiento de efectivos en el área “no es algo que se puede determinar en este momento”.

El recurso de deslinde de oficio es una de las herramientas que tiene el DRNA para que se ejecute el derrumbe del muro, a la vez que el Municipio y la JP pudieran acudir a los tribunales a buscar recursos legales para obligar un desacato, pues no se ha acatado la orden del tribunal para demoler el muro.

Mientras eso no pase, el inmobilismo de la situación asemeja asuntos que se han visto en años y meses recientes, como los casos de Santa Isabel y Salinas, documentados por Cuarto Poder y otros medios, y la reveladora investigación reciente de Ey Boricua! y Bonita Radio sobre una cantera ilegal de remoción de arena en Arecibo y las irregularidades durante el proceso de cese y desista en su contra.

DRNA y el deslinde de oficio

En el caso del DRNA, bastaría con cumplir con el Artículo 3 del Reglamento Núm.4860 de 30 de diciembre de 1992, según enmendado, para realizar un deslinde de oficio y con ello acabar con el caos ciudadano y el gasto público innecesario que ha provocado la situación.

Como cuestión de lógica, el deslinde es necesario, pues si demuelen y remueven el muro se necesitaría establecer el límite de propiedad. Si no se establece el deslinde, ¿cómo se pudiese exigir la cesión de la zona de separación para dedicarse a uso público a favor del DRNA cuando planeen realizar cualquier obra incluyendo verja o muro? Esta cancelación constante de ambos lados, además de la excesiva presencia policiaca en defensa del muro, es la que no permite cumplir con la Orden del Tribunal efectivamente.

Lo responsable, según los procesos, es que el DRNA realice el correspondiente deslinde, pues en su obligación está cumplir con el deber ministerial de establecer los límites tierra adentro de los Bienes de Dominio Público Marítimo Terrestres (BDPMT) para garantizar y asegurar su integridad y adecuada conservación, para ordenar o realizar el saneamiento de estos bienes y de toda obra o uso no compatible o  con su naturaleza. Además, esto iría en pro del principio que rige estos bienes, según estipulan los deberes ministeriales del DRNA: la utilización libre, pública y gratuita para los usos y aprovechamientos, acorde con su naturaleza, dónde no se requiere obras para el disfrute de la ciudadanía en general.

Una fuente de Cuarto Poder que pulula entre los círculos de abogados y abogadas ambientalistas en la zona noroeste, indicó, en condición de anonimato, que existe un movimiento para tomar acción de pueblo al respecto desde ese sector, pues “hay quienes entienden que se debe preparar un mandamus o injunction contra el DRNA, para que cumpla su deber ministerial y evite daños irreparables ante la inacción del DRNA… Hay muchos abogados ambientalistas que les gustaría participar de este proceso histórico. No es hacer el deslinde, es imperar, exigir y obligar al DRNA a cumplir con su deber”.

Asimismo, el otrora vicepresidente de la JP, Pedro Cardona Roig, señaló que “yo he hecho un llamado a la secretaria interina para que haga un deslinde provisional con lo que han recomendado varios expertos, pero no nos ha hecho caso”.

Dos fuentes anónimas distintas de Cuarto Poder indicaron que también tal recomendación se le ha hecho internamente a la secretaria interina y que es una opción que se analiza.

Según la sección 19, del articulo 6 de la Constitución de Puerto Rico, “será política pública del Estado Libre Asociado (ELA) la más eficaz conservación de sus recursos naturales, así como el mayor desarrollo y aprovechamiento de los mismos para el beneficio general de la comunidad”.

Municipio y JP pudiesen pedir desacato hace rato… pero ‘pichean’

Con respecto al Municipio y la JP, ambas entidades se han quedado de brazos cruzados y viendo el espectáculo desde las gradas, pues pudiesen solicitar un recurso para que se encuentre incursa en desacato a la junta de condómines del complejo Sol y Playa, pues desde el pasado 14 de junio, cuando venció el término para quitar el muro, según dictan los tribunales, se les puede señalar en desacato.

Fue el 14 de febrero de 2022, cuando el juez Abid Quiñones Portalatín, del Tribunal de Aguadilla, declaró nulo los permisos y ordenó demoler la verja que allí se levantó y limpiar el área de la playa, tras atender una demanda presentada por la Junta de Planficación para que se le revocara el permiso de construcción del área recreativa del condominio.

“El Municipio y la Junta de Planificacion pudieran solicitar un desacato, pues el plazo fue de 120 días, que comenzaron el 14 de febrero y vencieron el 14 de junio, por eso, a partir del día 15 de junio, basado en el hecho de que el condominio no ha hecho nada”, recordó Cardona Roig.

En un breve resumen de este caso, Cardona Roig destacó que la JP ha arrastrado los pies desde el principio con este caso, pues aunque las denuncias se habían hecho desde agosto, no fue hasta que la opinión pública se intensificó que actuó su Unidad de Auditoría. Recordó que luego de radicar la demanda, en septiembre del pasado año, se tardaron varios meses en diligenciar el emplazamiento de la demanda, pues, curiosamente, no se percataron que el certificado de la corporación que buscaban emplazar, Sol y Playa Corp., había sido revocado en el 2014, aún cuando eso se encuentra con un mero search en Google. Fuentes de Cuarto Poder vinculadas a al proceso de aquel entonces, indicaron que la corporación fue cancelada porque confligía con la leyes de condominios.  

“Cuando la división legal [de la JP] hizo la notificacion a quien emplaza es a la corporacion extinta. Tardaron casi 3 meses en diligenciar bien la notificacion, publicar el edicto, etcétera, y por eso el caso no se ve hasta enero 2022, aunque inició en septiembre en 2021 y era un interdicto que requería que se actuase rápido en protección de esta zona costera”, apostilló Cardona Roig, indicando que eventualmente “se emplazó a la junta de condómines, a sus titulares, como lo requiere la ley”.

“Siendo un interdicto, había que actuar con diligencia” añadió, recordando que la junta de condómines de Sol y Playa “fue al Tribunal de Apelaciones, al Tribunal Supremo… Y nunca recibieron el visto bueno”.

Después de que pierden la segunda reconsideración del Tribunal Supremo, informada el 23 de junio, tenían tres días para justificar cualquier solicitud de justificacion adicional y ese periodo venció. En el récord del tribunal, hasta el viernes al menos no aparecía nada.

Reacción de DRNA: Cuerpo de Vigilantes fue a Rincón “a orientar a la ciudadanía”

Mientras, ante las imágenes en redes sociales que muestran a efectivos del Cuerpo de Vigilantes al lado de la Policía que protege el muro ilegal del condominio Sol Y Playa en medio de manifestaciones en la playa Los Almendros, la secretaria interina de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Anaís Rodríguez Vega, recalcó que dichos oficiales fueron allí “orientar a la ciudadanía con el fin de  proteger los recursos naturales y el habitat que existe en esa área”.

De igual forma, subrayó que el DRNA se mantiene firme en la orden emitida a principios de junio que ordena un nuevo deslinde de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) frente a Sol y Playa.

“Todos los asuntos en torno al condominio Rincón y Playa, en Rincón, se han ido resolviendo en los tribunales y en vistas administrativas ante el DRNA. Por supuesto, cualquier manifestación pública es permitida, siempre y cuando esté dentro de los parámetros de las leyes y reglamentos aplicables. Si no lo están, le corresponde decidir a la Policía de Puerto Rico y al Ministerio Fiscal, no al DRNA”, señaló mediante comunicado de prensa.

“Este pasado martes 28 de junio, el DRNA NO ACOGIÓ RECONSIDERAR una solicitud de la Junta de Directores del Condominio de nuestra Resolución de principios de junio que ordena un nuevo deslinde de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) frente a Sol y Playa. En esa Resolución, el DRNA declaró “nula ab initio” la certificación de deslinde de la ZMT de dicho Condominio. Por otro lado, cualquier parte interesada puede comenzar un nuevo proceso de deslinde”, apuntó.

“El Tribunal General de Justicia de Aguadilla ya ordenó la remoción de la construcción ilegal del área de recreación del Condominio. Además, desde el año pasado el DRNA ordenó medidas para proteger la vida silvestre en la zona, con lo cual hemos estado vigilantes”, añadió.

“Por tal razón, como conocíamos que habría una manifestación, el Cuerpo de Vigilantes se estaba asegurando de orientar a la ciudadanía con el fin de  proteger los recursos naturales y el habitat que existe en esa área; es incorrecto decir que el Cuerpo de Vigilantes protegía hoy el muro exterior del Condominio. Como es nuestra misión, protegemos en la medida en que nuestros recursos lo permitan la vida silvestre y los recursos naturales”, puntualiza en el comunicado la funcionaria.

“Ahora, por ser Puerto Rico una Isla de ley y orden, las leyes y reglamentos le permiten a cualquier parte afectada solicitar reconsideración de las resoluciones emitidas por las agencias, así como pueden apelar a una corte superior las determinaciones judiciales. Son muchas las personas de nuestra comunidad que se han acogido a ese derecho”, acotó.

“El pueblo de Puerto Rico debe reconocer que sus instituciones han sido efectivas en resolver esta controversia. Por tanto, los objetivos ambientalistas de preservación y conservación en esta zona se han ido cumpliendo. El DRNA no intervendrá si son otros los objetivos. Nuestro compromiso con el pueblo de Puerto Rico es y será la conservación y protección de los recursos naturales”, finaliza la misiva enviada a los medios.

Reacción de la Policía: “Nuestros policías están allí cumpliendo la ley”

Tras el arresto de anoche de una ciudadana durante las protestas, Cuarto Poder pidió una reacción de la Policía, auscultando además información sobre la cantidad de efectivos movilizados a la playa Los Almendros, el costo que esto tiene para el erario y cuántos fueron movidos a esta zona de sus puestos en otras zonas, considerando que este fin de semana es uno de harta actividad pues es feriado.

“La Policía de Puerto Rico tiene el deber de velar por los derechos de todos los ciudadanos. Con este fin y asumiendo nuestra responsabilidad de garantizar la seguridad pública y hacer cumplir la ley y el orden, asignamos personal para atender una convocatoria a manifestarse en los predios aledaños a Playa y Sol en Rincón”, nos respondieron desde la oficina de prensa de la Policía.

“Los manifestantes tienen el derecho a protestar y la Policía a velar por eso y por la seguridad de todos. En la mañana de hoy en Rincón, una manifestante, violentando la ley, empujó a varios policías. Al intentar detenerla, esta agredió a uno de ellos. Por tal razón, fue arrestada. Nuestros policías están allí cumpliendo la la ley y asegurando el derecho de todos los ciudadanos por igual”, señalaron.

“La cantidad de efectivos no se indica por un asunto de seguridad. Con relación al costo estimado, no es algo que se puede determinar en este momento”.

En un parte de prensa, la Policía identificó a la mujer fue como Zaida Morales Santiago, de 48 años, residente de Añasco. Según el reporte, la mujer agredió a un policía en el brazo izquierdo. Agentes del C.I.C de Aguadilla, División de Arrestos y Allanamiento, supervisados por el Sargento Armando González, consultaron con el fiscal Víctor Ramos para la posible radicación de cargos contra la imputada.

Intentamos contactar al alcalde de Rincón, Carlos Bonilla, para que reaccionara a esta situación, pero al momento de esta publicación no respondía mensajes ni llamadas.

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