Centro para la Nueva Economía recomienda recorte de 44% en deuda de la AEE

La reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) debe incluir un recorte que no sea menor del 44% de la deuda de $8,000 millones con sus bonistas y acreedores para que la operación de la corporación pública sea viable, planteó Sergio Marxuach, director de Política Pública del Centro para la Nueva Economía (CNE).

Esto también evitaría aumentos significativos en el servicio de energía. 

Marxuach presentó varias recomendaciones ayer ante el inicio del proceso de mediación propuesto por la Junta de Control Fiscal para reestructurar la deuda. El pasado 8 de marzo, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia anunció la cancelación del Acuerdo en Apoyo de la Reestructuración (RSA, en inglés) de la AEE, que se había pactado en el 2019.

También recomendó que en el nuevo acuerdo no incluya la estructura de titularización con nuevos bonos garantizados a ser pagaderos mediante un aumento tarifario escalonado, contenida en el acuerdo descartado, puesto que beneficia a los acreedores y no al consumidor. 

Ese acuerdo contenía un cargo de transición para pagar los bonos nuevos, que aumentaría desde 2.768 el kilovatio/hora durante el primer año fiscal después de la emisión con término de 40 años, hasta alcanzar la cantidad de 4.552 el kilovatio/hora.

Fuente: El Vocero

Junta de Gobierno de la UPR aprueba alza en matrícula

La Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) aprobó ayer una nueva versión de Plan Fiscal para el sistema universitario, que contempla aumentos sostenidos en los costos de los créditos para estudiantes subgraduados y graduados, informó El Nuevo Día.

Según el borrador original, los costos de matrícula por estudios subgraduados aumentarán de $145 a $157 por crédito para el próximo año académico. Para el 2027, el costo por crédito será de $177.

El alza en los créditos es una medida para atender la pérdida de ingresos. En los pasados cinco años, el primer centro docente del país ha experimentado una reducción de $427 millones en las asignaciones que recibe del gobierno central, que equivale a un recorte del 49%, destaca el documento.

Fuente: El Nuevo Día

Tatito Hernández presenta legislación para recuperar control del Fondo de Mejoras Municipales

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, presentó ayer una medida que reconfigura el uso y la administración del Fondo de Mejoras Municipales (FMM), que mediante legislación aprobada a finales del cuatrienio pasado pasó a la Autoridad de Tierras que asigna los fondos de acuerdo con las peticiones de los legisladores por distrito.

El proyecto eliminaría la participación de la Autoridad de Tierras como custodio de los fondos públicos y crearía el Fondo Especial de Mejoras, Equipos y Servicios Esenciales. También limitaría el uso de ese fondo para financiar obra permanente y, “por excepción”, para sufragar servicios esenciales “altamente restringidos en las comunidades desventajadas”.

Esta propuesta surge en medio de señalamientos sobre el mal manejo de estos fondos. Esta semana, el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, refirió al Departamento de Justicia tres corporaciones que se beneficiaron de dicho fondo. También canceló un contrato de $1.1 millones con el Centro Comunitario de Servicios a la Familia y reclamó la devolución de ese dinero.

Fuente: El Nuevo Día

No residentes e inversionistas copan el mercado de lujo en Palmas

Por los beneficios contributivos, Puerto Rico se ha convertido en un destino popular para inversionistas. 

Uno de los lugares favoritos para la inversión es Palmas del Mar en Humacao. En lo que va de año, según el registro público que examinó El Nuevo Día, la mayoría de las compraventas de $500,000 o más involucraron a residentes con decreto de inversionista por la antigua Ley 22 o bajo el Código de Incentivos (Ley 60) o a personas con domicilio en Estados Unidos u otros países.

Fuente: El Nuevo Día

No a la reducción de nómina en la UPR

La Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) eliminó esta tarde el recorte de $28 millones que se efectuaría en la nómina de la institución como parte del Plan Fiscal 2022-23.

La Junta de Control Fiscal (JCF) lleva cinco años recortando el presupuesto de la UPR, pero la idea de activar la tijera en la nómina de la Institución fue de la Oficina de Transformación Institucional (OTI).

El ente rector de la UPR votó a favor de una moción que presentó la representante del claustro, la doctora Margarita Villamil, para eliminar ese recorte en la nómina.

La votación fue 11 a favor, 5 en contra y un abstenido.

La presidenta interina de la UPR, Mayra Olavarría, logró convencer a la Junta de Gobierno de que hay dinero en caja para mantener la nómina actual. Reiteró que reducir la plantilla laboral impactaría directamente los servicios que se ofrecen a la comunidad estudiantil.

Así que ahora se le exige a la OTI, como a la Oficina de Finanzas y Presupuesto de la Administración Central, enmendar el Plan Fiscal y someterlo ante la JCF sin el recorte de $28 millones.

La OTI fue creada en el 2018 y está adscrita a la Junta de Gobierno de la UPR. Tiene la misión de crear prácticas eficientes y proyectos de transformación y reformas universitarias conforme al Plan Fiscal.

Fuera de Salud Jesús Hernández, director de Investigaciones durante la pandemia

El director de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Salud, Jesús Hernández, quien estuvo activo en medio de la pandemia del COVID-19, está fuera de la agencia, confirmó el secretario Carlos Mellado López luego de que fuentes de Cuarto Poder (WAPA-TV) alertaran que el funcionario dejó el puesto ayer.

“Como parte de la reorganización que se está llevando a cabo en el Departamento de Salud en aras de buscar mayor eficiencia administrativa y ahorro en gastos operaciones, la oficina de Investigaciones fue reclasificada como una división operacional de la Secretaría Auxiliar de Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud (SARAFS)”, apuntó Mellado López en declaraciones escritas.

“Su personal tiene las mismas responsabilidades, deberes y obligaciones. A la misma vez complementará las labores y gestiones fiscalizadoras de las otras divisiones operacionales de dicha secretaría. El equipo, ahora, también fiscalizará la Ley 4 de Sustancias Controladas e inspeccionará las facilidades en hospitales, farmacias y a profesionales de la salud”, agregó.

Las fuentes de este medio indicaron que esa movida creó “fricciones.”

El secretario de Salud indicó que Hernández regresará a su plaza regular en el Departamento de Hacienda tras cumplir “con su misión en el Departamento de Salud durante el transcurso de la pandemia”.

Cuarto Poder supo que Hernández también contempla otras ofertas de trabajo.

Previo a la confirmación oficial, este medio digital hizo el ejercicio de llamar a la Oficina de Investigaciones, que dirigía Hernández, y la funcionaria que atendió la llamada indicó que no se encontraba. Preguntamos si no había acudido a trabajar en el día de hoy y la persona contestó “él ya no trabaja para la oficina”.

La Oficina de Investigaciones atendió activamente el cumplimiento de las órdenes ejecutivas emitidas por el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia para atender la crisis salubrista.

Junta de Gobierno de la UPR destituye a su presidenta

La presidenta de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Mayda Velasco Bonilla fue destituida esta tarde luego que el representante claustral, Carlos Galiano solicitó su renuncia ante los múltiples señalamientos sobre su ejecutoria.

Los integrantes de la Junta de Gobierno votaron 8 votos a favor y 5 en contra sobre si se debía pedir la dimisión de Velasco Bonilla en la agenda de la reunión de hoy.

Así las cosas 13 miembros de la Junta de Gobierno de la UPR votaron y Velasco Bonilla fue destituida y ahora Ricardo Dalmau ocupa la presidencia de la Junta de Gobierno de la UPR de manera interina.

Velasco Bonilla sigue siendo miembro de la Junta de Gobierno de la UPR debido a que es un nombramiento hecho por el gobernador.

La reunión de la Junta de Gobierno era presencial, pero a última hora se llevó a cabo de manera virtual luego de salir públicamente la intención de la presidenta Velasco Bonilla de recortar al menos $28 millones del presupuesto de nómina de la UPR. Sin embargo, algunos integrantes llegaron a la reunión de manera presencial.

Por su parte, la presidenta de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND), Janelle Santana dijo que “la comunidad universitaria acepta con beneplácito la salida de la Dra. Mayda Velasco quien ha sido enemiga de la Universidad y de sus trabajadores y trabajadoras. Esta persona no ha sabido defender la universidad y su propósito siempre ha sido destruir nuestra Universidad”.

Durante los pasados cinco años a la UPR se le han recortado sobre $400 millones.

Más temprano, el rector del Recinto de Río Piedras, Luis A. Ferrao rechazó el nuevo recorte en el presupuesto.

Gobernador defiende a Machargo ante críticas por manejo de crisis ambiental en Bahía de Jobos en Salinas

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia defendió hoy la gestión del secretario de Recursos Naturales, Rafael Machargo Maldonado, en medio de reclamos para que el funcionario renuncie ante denuncias de que atiende con lentitud la destrucción de la Reserva Nacional de Bahía de Jobos en Salinas.

“Eso viene de hace muchos años y lo importante es que Machargo está comprometido con tomar cartas en el asunto. Ya lo dijo el secretario. Va a tomar cartas en el asunto sin contemplaciones, pero eso viene de hace mucho tiempo por la información que tengo”, apuntó el mandatario a su salida de un evento en Isla Verde.

Esta semana, la representante del Movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales Molinelli denunció que la reserva se encuentra en peligro de desaparecer porque personas que se han establecido en el lugar de forma ilegal deforestaron y rellenaron el mangle.

El propio Machargo Maldonado reconoció en entrevista radial esta semana que personal de su agencia que ha intervenido el lugar ha recibido amenazas de muerte. En esa entrevista, señaló el titular de Recursos Naturales indicó que ha visitado el lugar en compañía de las autoridades federales. Explicó que la agencia contrató a un bufete de abogados que recopila información para presentar una demanda en contra de las personas que invadieron esa zona. Dijo que la acción legal podría presentarse en mayo.

“Nunca es tarde cuando la dicha es buena. Lo importante es que Machargo tome cartas en el asunto. Si hay que restaurar algo que se restaure y si hay que eliminar permisos concedidos, cancelarlos. Se va a hacer lo que se tenga que hacer”, respondió el primer ejecutivo ante preguntas sobre la lentitud en tomar acción.

Al realizar la denuncia, Nogales Molinelli mencionó que recibió información de que personas acaudalas o con poder como jueces residían en los terrenos, que el estado debía proteger. También exigió la renuncia de Machargo Maldonado.

“No (sé quienes viven allí), eso se dice (que hay jueces). Otra vez el secretario ha sido muy puntual. Irrespectivamente de quien esté allí, eso no es legal. Son invasores y estoy citando al propio secretario y vamos a tomar cartas en el asunto”, insistió Pierluisi Urrutia.

Según la página web del Departamento de Recursos Naturales, la Bahía de Jobos es la segunda área estuarina más amplia de Puerto Rico. Discurre entre los municipios de Guayama y Salinas. En 1981, la agencia adquirió los terrenos. Poco después, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) designó la región como la Reserva Nacional de Investigación Estuarina de Bahía de Jobos.

Expreso hasta Aguadilla se construirá mediante elevados

La extensión de la Autopista de Diego o PR-22 de Hatillo a Aguadilla se hará usando elevados para proteger la zona del karso.

Así lo indicó hoy, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia al descartar la propuesta de la ruta a campo traviesa.

“Ya está en curso, a nivel de diseño y estudio ambiental, la extensión de la PR-22 hasta Hatillo sin impactar el karso. Esas son mis instrucciones. La próxima fase, que no ha comenzado pero que está planificada, que es desde Hatillo hasta Aguadilla para hacerlo mediante elevados”, respondió el gobernador a su salida de un evento del Grupo Unido de Importadores de Automóviles, que se celebró en Carolina.

¿No representa eso un cambio de postura?, insistió la prensa.

“No, realmente es para no impactar el karso. Eso se está diseñando así precisamente para no impactar el karso. La política pública es que no se impacte”, indicó.

“No es cambio porque está en mi programa de gobierno, que antes era el plan de campaña. Así que yo lo tenía allí. Mi compromiso de esa extensión es que se hiciera de tal manera que no impactara el karso. Cuando se consultaron a los técnicos de la Autoridad de Carretas se trazó la ruta de tal manera que no impacte karso y el resultado es que son dos fases: la primera hasta Hatillo sin impactar karso y la segunda de Hatillo a Aguadilla sin impactar karso. En eso caso, no puede ser campo traviesa porque hay karso”, agregó.

Posteriormente el gobernador aclaró -mediante declaraciones escritas- que la primera fase del proyecto discurre de Hatillo a Camuy y la segunda va desde Camuy a Aguadilla. Reiteró que ninguna de las dos fases afectará la zona del karso.

La construcción proyecto del llamado Corredor del Noroeste Hatillo-Aguadilla se extendería a lo largo de unos 42.6 kilómetros y tendría un costo que oscila entre $813 a $1,200 millones, según datos ofrecidos por Edwin González, director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras, durante una vista de la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado.

Gobernador presentará proyecto para enmendar la crudita

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia anticipó hoy que presentará una propuesta para modificar impuesto conocido como la crudita, que impone un arbitrio de 4 centavos por litro o 16 centavos por galón de gasolina, y que se ha convertido en una carga pesada para los boricuas en momentos en que el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania ha disparado el precio del petróleo.

Pierluisi Urrutia también expresó apertura a estampar su firma sobre el proyecto que impondría una moratoria de 45 días en el cobro de dicho impuesto si la Cámara de Representantes enmienda el lenguaje de la pieza legislativa e identifica de forma clara los ingresos para cubrir su costo.

Ayer, la Junta de Control Fiscal objetó la medida, que ya pasó el crisol del Senado, porque tiene un impacto fiscal de $25 millones y no identifica ahorros para subsanar esa insuficiencia de fondos. El ente fiscal, sin embargo, dejó la puerta abierta para explorar medidas que compensen su costo.

“La objeción al cambio a la crudita es desde el punto de vista de impacto fiscal, si se puede atender el impacto fiscal, la Junta no se debe interponer en el camino”, expresó el mandatario a su salida de una actividad del Grupo Unido de Importadores de Automóviles.

“En el día de hoy o próximamente, también yo estaré abonando, haciendo una propuesta, ya sea directamente o por vía de Aafaf (Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal), que básicamente se parece a la del senador William Villafañe en la que se establece que cualquier exceso sobre el monto presupuestado para los recaudos, que no se cobre”, agregó.

La semana pasada, durante una mesa de diálogo, el senador Villafañe propuso adoptar un sistema que denominó acordeón para que el cobro de la crudita baje en momentos de crisis, pero vuelva a subir una vez se supere la emergencia y baje el precio del petróleo.

“Lo que genera la crudita ya está presupuestado. Pues cualquier exceso que no se le cobre al consumidor. ¿Por qué? Porque no debemos en medio de esta crisis estar beneficiando o afectando al consumidor con unos recaudos adicionales, meramente porque vienen de un alza extraordinaria en el costo del petróleo. Yo voy a someter eso como otra alternativa más porque aquí lo importante es que busquemos todas las alternativas”, aseveró el mandatario.

Hoy, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago también indicó que presentará una propuesta para la eliminación permanente de la crudita, que se utilizaba para pagar las emisiones de bonos de la Autoridad de Carreteras, pero que ahora va al fondo general del gobierno.