El alcalde de Mayagüez, José Guillermo “Guillito” Rodríguez, no acudirá a la Comisión de Fiscalización de Fondos Públicos de la Cámara que comenzará hoy, martes, la investigación que realiza en torno a la operación de las empresas municipales y las transacciones financieras realizadas por estas entidades.

A finales de septiembre, el Departamento de Justicia recomendó a la Oficina del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) que designara un fiscal especial porque el alcalde de Mayagüez pudo haber incurrido en negligencia en el cumplimiento del deber y malversación de fondos debido a sus presuntas acciones como  presidente de la empresa municipal Mayagüez Economic Development Inc. (MEDI).

Nuevo Día

Días antes de que el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Rafael Machargo, fuese referido por el Departamento de Justicia a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), en la agencia se llegó a un preacuerdo con el fin de transar una querella que involucra al ex alcalde de Santa Isabel, Enrique “Quique” Questell, también referido por Justicia al Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI).

A Machargo se le refirió a la OEG por supuestas violaciones al Inciso S. del Artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental, que señala que un “servidor público no puede llevar a cabo una acción que ponga en duda la imparcialidad e integridad de la función gubernamental”, según consta en una carta enviada por el secretario de Justicia, Domingo Emannuelli, a los representantes Héctor Ferrer y Estrella Martínez, de la Comisión para el Desarrollo y la Fiscalización de Fondos Públicos de la Región Sur Central.

Como puede notarse en la carta dirigida al representante Ferrer y a la que tuvo acceso este medio digital, también se vislumbró la posibilidad de referir al PFEI a Machargo y a José Enrique Meléndez Ortiz, padre del representante José Enrique “Quiquito” Meléndez, por posible infracción al Artículo 285 del Código Penal.

Sin embargo, la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) concluyó que no existía evidencia para establecer las infracciones por lo que el titular del DRNA y Meléndez Ortiz no fueron referidos al PFEI.

El referido surge luego que en una vista legislativa se reveló una reunión que sostuvieron Machargo y el hoy exalcalde de Santa Isabel en la que supuestamente atenderían una querella de 2016 que se revivió en 2019 y en la que se pone bajo lupa la finca propiedad de Acuamak en el barrio Playas.

Aquamak, Corp. aparece en el registro de corporaciones de Puerto Rico inscrita el 17 de diciembre de 1984 y posiciona a Enrique Questell como tesorero y presidente, y a Eileen Questell como agente residente. Eileen Questell es además la actual directora de la oficina de licenciamiento de cannabis.

Machargo confirmó en una vista pública de la Comisión para el Desarrollo y la Fiscalización de Fondos Públicos de la Región Sur Central que sostuvo una reunión con Questell en verano del 2020, en la que estuvo presente Jorge Dávila, otrora Director de Turismo y exdirector de campaña de la excandidata primarista a la Gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP) y entonces gobernadora Wanda Vázquez Garced, curiosamente a pocos meses de las primarias y elecciones generales.

El preacuerdo alcanzado el miércoles pasado para transar esa querella recomienda múltiples sanciones a Questell, por bloquear el acceso a la zona marítimo-terrestre de dominio público en el barrio Playa de ese municipio.

Se desconoce si el pre acuerdo ya fue firmado por la subsecretaria del DRNA, Cynthia Rivera Morales, pues Machargo está inhibido por haber sido objeto de una investigación al respecto por el Departamento de Justicia. Se solicitó una reacción del DRNA para confirmar la información, pero al momento no se ha recibido una respuesta.

Según informó uno de los querellantes, el pescador Alfonso Alfonso Cintrón, fue luego de una vista celebrada en la mañana del pasado miércoles en las oficinas del DRNA cuando se llegó a este preacuerdo que transaría la querella con número 16-097-ZMT, radicada en 2016.

La querella alude, entre muchas otras cosas, a una verja en la zona marítimo-terrestre en el predio de la finca 1009, terreno que pertenece a la corporación Aquamak, Corp.

El pescador Alfonso Cintrón señaló que en esa vista del miércoles estuvieron presentes “los querellantes Yalexa Martínez, Ricardo Tejero y este servidor”, al igual que un abogado en representación de Questell, otro abogado del Municipio de Santa Isabel “que no estaba envuelto, pero que fue allí en representación de los intereses del municipio”, un oficial “teniente del Cuerpo de Vigilantes” y dos oficiales examinadoras del DRNA: la licenciada Mildred Sotomayor, en representación legal de la agencia, y la licenciada María Virginia Ortega, quien rindió el informe de recomendaciones al Secretario.

El pescador querellante también confirmó lo que ya fuentes le habían manifestado a este medio digital: entre las sanciones impuestas a Questell figura una multa de $5,000 que deberá pagar en 60 días, al igual que la eliminación de la verja que se encuentra en zona marítimo-terrestre.

Además, el pescador Alfonso Cintrón señaló que se le impuso al ex alcalde una sanción de mitigación en la que deberá sembrar 1,000 arbustos de uva playera, “que él (Questell) dice que ya sembró, pero, bendito, no llegan ni a 30”.

Mientras, distintas fuentes de este portal digital de noticias subrayaron que entre otras sanciones a Questell figura la exigencia de que el ex alcalde pague multas de manera prospectiva, tan pronto finalice un proceso vigente de concesión por aprovechamiento de estos bienes del dominio público en dicha zona marítimo-terrestre, y que se le pudiese requerir que pague en retroactivo desde 2011, cuando comenzó la disputa en Santa Isabel entre vecinos de la zona y el Municipio.

Según supo este medio digital, la primera querella contra Questell por este asunto fue en 2012. Luego se presentó la de 2016, que, según el querellante Alfonso Cintrón, “parecía que la querían amapuchar, porque se le habían multado $35 mil pero él (Questell) nunca pagó nada y tuvimos que hacer otra querella en 2019 para revivir el asunto”.

De hecho, Alfonso Cintrón mostró evidencia de una querella que se radicó en 2019 para enmendar la de 2016, en la que se le señala a Questell por violaciones al inciso H del artículo 5 de la Ley Num 23 de 1972. Este artículo obliga al secretario del DRNA y a su dependencia a “ejercer la vigilancia y conservación de las aguas territoriales, los terrenos sumergidos bajo ellas y la zona marítimo-terrestre, conceder franquicias, permisos y licencias de carácter público para su uso y aprovechamiento y establecer mediante reglamento los derechos a pagarse por los mismos. A estos efectos estará facultado para ejercer aquellos poderes y facultades que le puedan ser delegadas por cualquier agencia o instrumentalidad del gobierno federal bajo cualquier ley del Congreso de los Estados Unidos”.

Según mostró Alfonso Cintrón, entre los remedios solicitados por los querellantes, figuraba el pago de “una multa de hasta cinco mil dólares por cada ocurrencia y/o actividad realizada para un total de treinta y cinco mil dólares ($35,000)”. La misma alude a que Questell y Acuamak incurrió en siete infracciones en la zona marítimo-terrestre, mediante la construcción de plataformas, un muelle, una rampa, un gacebo y una verja, y mediante el corte y la remoción de manglar y el depósito de relleno en la zona.

Se expresa Machargo

El martes pasado, Machargo prefirió mantener silencio y no responder si en efecto destruyó evidencia, luego de que fuese referido por el Departamento de Justicia a la Oficina de Ética Gubernamental.

“Yo ni se de qué se refiere. Yo quiero abstenerme de discutir los pormenores de ese informe, Como eso todavía esta evaluándose, yo prefiero abstenerme de discutir los pormenores”, dijo Machargo en entrevista radial (Radio Isla 1320 AM).

Machargo puntualizó en esa entrevista que “siempre he dicho que he actuado conforme a derecho” tras indicar que no respondería si ha destruido o no evidencia. En la entrevista no se discustió el particular de si en vez de destruirla, había ocultado evidencia, tal y como señala el Artículo 285.

El DRNA emitió declaraciones oficiales de Machargo sobre esta investigación del Departamento de Justicia. El secretario apostilló que “luego de meses de investigación del Departamento de Justicia, esta agencia confirma en su referido a la Oficina del Panel del FEI (PFEI), que no cometí ninguna violación de ley”.

La Junta de Supervisión considera que el Proyecto de la Cámara 1003 enmendado por el Senado para aprobar la emisión de nuevos bonos de obligación general -que forman parte de la reestructuración de la deuda- haría que el Plan de Ajuste enmendado sea insostenible para Puerto Rico.

La medida, según enmendada y aprobada por el Senado, condiciona la emisión de los bonos a disposiciones que costarían decenas de miles de millones de dólares al pueblo de Puerto Rico.

Además de impedir cualquier recorte a los beneficios de pensiones de los retirados del Gobierno, la medida del Senado evitaría que se congelen y se reformen los planes de pensiones. Asimismo, las enmiendas incluyen gastos masivos como condición para que se apruebe el Plan de Ajuste.

“Las consecuencias del fracaso del plan serían graves para el pueblo de Puerto Rico. Al día de hoy desconocemos si los acreedores estarían dispuestos a esperar por una nueva legislación para emitir los bonos”, sostuvo el organismo en comunicado de prensa.

“Desconocemos si los acreedores aceptarán renegociar o solicitarán que se levante la moratoria en el pago de la deuda vigente en este momento, lo que obligaría al Gobierno a pagar la totalidad de la deuda ahora. Desconocemos además si los acreedores se acogerían a su derecho de rescindir su acuerdo de apoyo al plan, en cuyo caso el gobierno de Puerto Rico tendría que pagar a los acreedores $100 millones de inmediato como cargo por cancelación”, agregó.