El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó ayer a Texas por una nueva ley estatal que prohíbe la mayoría de los abortos, argumentando que fue promulgada “en desafío a la Constitución”.
La demanda, presentada en un tribunal federal de Texas, pide a un juez federal que declare que la ley es inválida, “que impida su aplicación y que proteja los derechos que Texas ha violado.”
Axios
Hace cinco meses LUMA Energy pactó con el International Brotherhood of Electrical Workers Local 222 (IBEW 222), sindicato que representa a los empleados de la empresa, que toda la mano de obra para realizar los proyectos de construcción de la red eléctrica saldrá de las filas del gremio.
Pero ese acuerdo laboral preocupa a los contratistas del patio, quienes aseguran que este pacto evitará que participen en los trabajos para mejorar el sistema eléctrico del país, que se financiará con una partida de $10,510 millones que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) asignó el año pasado, y tendrá un efecto inflacionario que afectará adversamente la industria de la construcción local.
El acuerdo laboral firmado el pasado 18 de marzo establece que el sindicato “proveerá empleados calificados y eficientes para la construcción de todos los proyectos”. También establece escalas salariales, que van desde los $66 la hora para un foreman o capataz hasta $18.88 para un ayudante, que constituye el salario más bajo.
Además, estipula que el contratistas contratados para la obra tendrán que aceptar y honrar “los términos y condiciones” establecidos en el acuerdo “para comenzar a trabajar”.
Ante su preocupación, miembros de la Asociación de Contratistas Generales emplazaron hoy al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia para procure cambios en el acuerdo, que los obligaría a contratar con la IBEW 222, sindicato al que se integró la Unión Insular de Trabajadores Industriales y Construcciones Eléctricas (Uitice) luego que LUMA asumió la administración de la red eléctrica el pasado 1 de junio.
“En el lenguaje del PLA se establecen escalas de paga las cuales son exponencialmente más altas que las actuales en la industria, como por ejemplo $64 la hora para un foreman eso es sobre $120,000 al año, sabiendo que el 90% de las empresas de Puerto Rico son open shop y reconociendo el impacto inflacionario que este tipo de acuerdo tendría en la construcción privada”, apuntó el presidente de la ACG, Umberto Donato, en el preámbulo de su pregunta al mandatario.
“La imposición de este tipo de PLA (acuerdo) no tan solo atenta con dejar fuera de la construcción a la mayoría de las empresas locales sino también expondría a que roben los empleados de las empresas que no trabajan para LUMA creando así un efecto inflacionario que causaría verdaderamente efectos devastadores en los costos y la viabilidad de otros tipos de proyectos que no sean de la red eléctrica”, agregó.
Al reconocer la situación, Pierluisi Urrutia dejó claro que el contrato que cedió la administración de la red eléctrica a LUMA, le otorgó la responsabilidad de “supervisar” el uso de los fondos federales.
Indicó también que ya planteó al presidente de LUMA, Wayne Stensby, la preocupación por el alcance y los efectos del acuerdo, pero no indicó si Stensby expresó algún reparo o se mostró abierto a la posibilidad de alguna excepción.
“Le exhorté que si fuera posible que no le aplicara a todo el personal que labora en estos proyectos, a todos los proyectos, a todas las empresas, ¿por qué? Esto quizás lo tenga que negociar con el IBEW porque esto es otro mercado totalmente diferente y no debe ser así que aplique automáticamente a todo el personal no importa quien sea”, apuntaló el mandatario.
“Vamos a ver si eso se logra algún tipo de excepción que se ajuste a las realidades del mercado de Puerto Rico”, añadió.
Pero también trató de minimizar al impacto del acuerdo al insistir en que los trabajos de renovación de la red eléctrica se realizará en etapas y que la asignación de fondos para esos proyectos formaba parte de una inversión de fondos federales que excederá los $69,000 millones.
“Son obras que van a tardar 4 o 5 años. No será todo mañana y no van a acaparar todo el mercado. Aquí van a haber un montón de otras obras, si algún personal va a laborar en esas, quizás sea el mejor pago en Puerto Rico. Pero el que no labore en esas, tiene que laborar en algún otro proyecto o se queda desempleado y va a recibir la paga que el mercado pueda ofrecer para el resto de los proyectos en Puerto Rico”, aseguró el gobernador.
El Centro de Diabetes no va a cerrar. Por el contrario, el gobierno tomará medidas para identificar recursos adicionales para garantizar su operación.
Así lo indicó la secretaria de la gobernación, Noelia García Bardales, al programa “Los datos son los datos” de Jay Fonseca, que se transmite por WAPA TV, luego que el programa el “Cuarto Poder” denunció la situación crítica que atraviesa la institución médica.
“No se va a cerrar. Puerto Rico tiene 3.2 millones de personas. El 19% de los ciudadanos de Puerto Rico padece de diabetes. Eso quiere decir que hay sobre 600,000 personas en Puerto Rico que tienen una condición que tenemos que ayudarlos a manejar”, apuntó García Bardales.
“Estamos pendientes de establecer estrategias para inclusive poder usar fondos ARPA (Plan de Rescate Americano) para poder ayudar en su presupuesto. Siempre tenemos que integrar estrategias creativas administrativas para hacer que el presupuesto satisfaga las necesidades. Este es un momento de ser creativos”, agregó.
En la edición de esta semana de “Cuarto Poder”, la reportera Milly Méndez reseñó que el presupuesto del Centro de Diabetes ha menguado significativamente en medio de las medidas de austeridad impuestas por la Junta de Supervisión Fiscal y que seis endocrinólogos que laboraban en el lugar a tiempo completo, solo quedan dos a tiempo parcial. Ante la falta de recursos, el Centro de Diabetes se preparaba para cerrar sus puertas en marzo 2022.
“No hay planes para eso (su cierre)”, respondió García Bardales.
“Es importante que busquemos estrategias de administración efectivas. Hay que identificar cómo migramos a otra estructura, que pueda tener mayor capacidad. Hay que verificar, el 97% de la población que el Centro atiende tiene plan médico, ¿estamos maximizando la facturación?”, agregó en otro momento.
Vea la entrevista de Jay Fonseca a la Secretaria de la Gobernación aquí
Vea el reportaje sobre el Centro de Diábetes en el programa “Cuarto Poder’ aquí
La secretaria de la Gobernación, Noelia García, confirmó esta tarde que si efecto se gastó más en la compra de combustible ante la ineficiencia de las generadoras de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) “muy posiblemente” esto se traducirá en un aumento en la factura de energía eléctrica.
García dijo en entrevista con Jay Fonseca en “Los datos son los datos” que el Negociado de Energía es el ente que determinará si el aumento va finalmente y cuándo se verá reflejado en las facturas.
Según los cálculos de LUMA, hubo pérdidas de $50 millones en junio, $20 millones en julio y se estima otros $30 millones en agosto, lo que totaliza $80 millones porque se tuvo que usar combustible más caro.
De otro lado, en el día de hoy el Negociado de Energía aprobó 14 proyectos para mejorar la infraestructura eléctrica, proyectos que serán pagados con fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) asignados tras el paso del huracán María por la Isla en 2017.
“Los proyectos están relacionados principalmente con la restauración de varias represas e hidroeléctricas”, reza el documento emitido hoy por el Negociado de Energía.
Los trabajos a realizar están en las hidroeléctricas de Dos Bocas, Garzas, Guajataca, Guayabal, Guayo, Guerrero, Guineo, Loco, Luchetti y el Embalse de Matrullas.
Además, incluye reparaciones permanentes a la Represa Guajataca, el reacondicionamiento sísmico de la represa de Patillas, restaurar la capacidad de almacenamiento de agua de varios embalses; restaurar las instalaciones a su función previa al desastre provocado por el huracán María y códigos y estándares aprobados; y evaluar alternativas para mitigar los efectos adversos de las represas por eventos sísmicos.
El secretario de Salud, Carlos Mellado López, anunció hoy que la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica de Puerto Rico se reunirá con carácter de emergencia para determinar lo que ocurrirá con los médicos que han administrado el desparasitante ivermectina para tratar el COVID-19, al mismo tiempo enfatizó que como resultado pudiese iniciarse tanto un proceso investigativo como suspender sumariamente la licencia de estos galenos.
Esta convocatoria es de parte del presidente de esta Junta, Dr. Ramón Méndez Sexto. No obstante, el secretario del DS detalló que entre las posibles sanciones que se exponen está un decreto de censura, revisión periódica en su profesión, restringir o limitar su práctica, así como denegar, suspender, cancelar o revocar la licencia y hasta, emitir una orden fijando a un médico un periodo de prueba por un tiempo determinado. Todo según estipula la Ley 139-2008.
A esto, el Lcdo. Ángel E. Sostre, director ejecutivo de la Oficina de Reglamentación y
Certificación de Profesionales de la Salud y Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica de Puerto Rico, agregó que, del mismo modo, la Junta podrá requerirle a los médicos información relacionada a posibles deficiencias en la práctica, el ejercicio de su profesión o sus cualificaciones.
Tras el caso de Ramos v. Louisiana el Tribunal Supremo federal obligó a que todos los casos para culpabilidad tenían que ser unánimes, pero para absolución se pretendía por los abogados de defensa que si el jurado se dividía no se pudiera volver a procesar porque era una absolución.
Eso ponía en desventaja a la Fiscalía y Justicia porque ellos iban a tener que llevar los casos para culpabilidad de forma unánime, pero para la defensa lograr absolución no tendrían que convencer a todo el jurado.
Ahora, la defensa y la fiscalía están en la misma posición porque para que alguien sea culpable tiene que haber 12 jurados de acuerdo, pero igualmente para lograr absolución tiene que ser unánime.
Si no hay unanimidad, puede hacerse un nuevo juicio como es en la esfera federal.
Algunos abogados de defensa planteaban que solo falta unanimidad para la culpabilidad, pero no para la absolución y por tanto los acusados si se dividía el jurado ya con eso eran considerados inocentes o no culpables.
Aunque el Negociado de Energía rechazó esta semana la petición de aumento en la tarifa de la luz presentada por LUMA Energy, el asunto sigue bajo la evaluación del ente regulador porque las averías recientes en las plantas generatrices de la Autoridad de Energía Eléctrica desembocaron en una merma de ingresos.
En entrevista radial con Jay Fonseca en WKAQ 580 AM, el vicepresidente del Área de Regulación de LUMA Energy, Mario Hurtado, explicó ayer que las deficiencias en generación de los pasados tres meses provocaron pérdidas de unos $80 millones.
La tarifa del servicio eléctrico contempla el costo de la compra de combustible y de energía, que según Hurtado, compone el 61% de todos los gastos del sistema eléctrico.
“Cuando suben los costos de combustible, sea por el precio de combustible o por la manera en que se está despachando, porque se están utilizando plantas más caras y se excede lo planificado, suben los costos y esa tarifa (que pagan los abonados) está diseñada para pagar para todos los costos. Para que sea un sistema sostenible financieramente se tienen que pagar los costos a través de las tarifas”, indicó.
“Esa solicitud que estamos hablando es algo que nosotros estamos obligados a presentar porque tenemos la obligación de representar a la Autoridad ante el Negociado sobre cualquier tema tarifario. Es el Negociado que determina que tarifa se fija, si se hace el ajuste o no se hace el ajuste”, abundó.
Precisó que la petición se realizó debido a un desfase entre la facturación y el consumo de energía.
“Cuando tuvimos la reunión técnica, yo sugerí al Negociado que postergaran esa decisión porque la manera en que están diseñadas las reglas ese ajuste se hubiera tenido que hacer enteramente en septiembre. Hubiera sido un cambio muy grande”, matizó.
Según los cálculos de LUMA, hubo pérdidas de $50 millones en junio y $20 millones en julio. Estima otros $30 millones en agosto.
“El Negociado de Energía va a tomar una decisión sobre cómo se debe distribuir ese gasto y porque ese es el trabajo que tiene el Negociado. Es el Negociado el que fija las tarifas y ellos pueden tomar decisiones sobre cómo diferir ese gasto, cosa que han hecho en otras ocasiones. Por ejemplo, cuando hubo el terremoto y Costa Sur 5 y 6 estuvieron fuera. Se tuvo que consumir mucho combustible caro. Ellos dividieron ese gasto. Ellos pueden tomar esas decisiones también”, apuntó Hurtado.
“El desfase fue causado principalmente porque las plantas más caras se despacharon mucho más de lo pronosticado. ¿Por qué se despacharon más? Porque las plantas que son más baratas que son la de AES, específicamente en junio, y la de Ecoeléctrica, se usaron mucho menos de lo que uno pensaría para una planta y eso tenía que ver con la salida de otras plantas de la Autoridad”, agregó.
El Departamento de Salud reportó 18 muertes a causa del COVID-19. 412 personas están hospitalizadas, 384 son adultos y 28 son menores. De los hospitalizados, 78 adultos se encuentran en ventilador. El promedio de casos positivos con pruebas moleculares es 218 y 140 en pruebas de antígeno.