El Departamento de Salud reportó hoy la muerte de cuatro mujeres por COVID-19 en Puerto Rico. La cifra de muertes por el virus asciende a 3,205 desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020. Al momento, Salud no ha informado si estaban vacunadas contra el virus.
En tanto, el portal de datos reflejó 111 hospitalizados, ocho pacientes menos en las últimas 24 horas. Se dividen en 102 adultos —32 en intensivo y 20 conectados a ventilador— y 9 pacientes pediátricos.
Aunque favorece la rehabilitación, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia no se comprometió hoy a estampar su firma sobre una medida que liberaliza los criterios para que una persona confinada cualifique para salir de la cárcel al amparo de la Junta de Libertad Bajo Palabra.
La medida va camino a la Cámara de Representantes luego que el Senado la aprobó de forma mayoritaria el pasado 4 de octubre.
“Conceptualmente lo veo bien en el sentido de que yo creo en la rehabilitación y yo creo que llega el momento en que se le debe dar la oportunidad a la gran mayoría de los confinados de reinsertarse en la sociedad y aportar en la libre comunidad”, apuntó el mandatario en rueda de prensa para anunciar una iniciativa de horario extendido en las escuelas públicas del país.
“Pero es un tema delicado, cuando llegue la medida a mi despacho yo voy a buscar el asesoramiento del Departamento de Justicia, la Junta de Libertad Bajo Palabra, la Policía de Puerto Rico… Hay convicciones y hay convicciones. Hay delitos y hay delitos y tengo que ver si eso le aplica a todos los delitos por igual o si hay excepciones”, agregó.
La aprobación de la medida ha generado un debate público. Fiscales y víctimas de delito han expresado su oposición, pero la favorecen abogados y organizaciones que cuestionan la capacidad del sistema carcelario para rehabilitar a los confinados y confinadas.
“Déjame ver el proyecto en detalle y entonces ver si me parece justo y razonable. Me llama la atención la votación porque yo velo eso en los proyectos cuando llegan a mi firma. Yo miro qué ocurrió en la votación. Cuando un proyecto llega de forma unánime o casi unánime me está enviando un mensaje porque los funcionarios electos, que a fin de cuentas le responden al pueblo y yo soy uno, entienden que es justo y necesario. Vamos a ver”, señaló Pierluisi Urrutia.
En términos generales, el proyecto del Senado 437 propone que todo confinado será elegible a libertad bajo palabra en un término que no exceda los 15 años desde su reclusión y a los 5 años cuando se trata de un menor convicto y sentenciado como adulto.
Lo que es desastre para la mayoría puede ser banquete para otros, tal y como lo indicó abiertamente en el 2019 la inversionista Kira Golden, de las empresas de bienes raíces Puerto Rico Flips y Direct Wealth Inc., en el podcast A Canadian Investing in America. Allí, Golden destacó cuán beneficioso para su negocio fue el huracán María.
“Nos pegó un gran huracán en 2017 y eso fue grandioso para la isla. Muchas oportunidades llegando, muchos fondos, muchos contratistas, más turismo que en mucho tiempo, nuestras propiedades de alquiler vacacionales están en más demanda que nunca…”, indicó con entusiasmo en ese podcast que conduce el también inversionista de bienes raíces Glen Sutherland, con base en Ontario.
VIDEO: A Canadian Investing in the USA: Ep050 Investing in Warmer Places (Puerto Rico) with Kira Golden
Un mes después del huracán, el daño de María fue contabilizado en $95,000 millones por la agencia de calificación crediticia Moody’s Analytics, cifra que favoreció también la Junta de Control Fiscal y la Administración del entonces gobernador Ricardo Rosselló en sus peticiones de ayuda al Congreso.
Sin embargo, hay estudios que arrojaron totales más discretos, según resumió entonces el portal del diario Caribbean Business en un artículo del 6 de octubre con la firma de Rosario Fajardo. El análisis agrupa los siguientes resultados de informes sobre los daños de María a tres semanas del desastre:
Según el análisis de Caribbean Business, “la cifra de Estudios Técnicos sobre daños a la infraestructura y economía mide la relación entre ambos en una proporción de 14 a 1. Los números de Watson ubican la proporción en 2 a 1. Estos son semejantes a un informe de la Junta de Planificación (1999) sobre el huracán Georges, que azotó la isla en el 1998”.
En 2019, a dos años del embate de lo que el NOAA y el Centro Nacional de Huracanes ha categorizado como uno de los más costosos de la historia, otro asunto también sirvió para el beneficio de inversionistas que, como Golden y Morgan Reed Group, buscan este tipo de propiedades a precio de baratija.
En el podcast en el que habló de Puerto Rico, Golden, quien en 2019 se enfocaba en propiedades especializadas en alquileres vacacionales, aludió también a como el huracán y la debacle hipotecaria local que sucedió meses antes se combinaron para propiciar el escenario perfecto para adquirir propiedades a precio de pescao’ abombao’. Justo antes de María, más de 16,000 residentes ya enfrentaban una ejecución hipotecaria. Luego del huracán, los bancos ofrecieron varios meses de amnistía, dependiendo cada caso particular, pero obligaban a que el saldo de cada deuda hipotecaria se diera de cantazo tras concluir ese plazo. Para abonar a esto, Points2 Homes, un portal especializado en el análisis de bienes raíces, estimó que más de 470 mil propiedades fueron afectadas por el huracán María, de las cuales una quinta parte quedó en ruinas. El precio de las propiedades, en algunos casos, se desplomó a menos del 50 % de su valor.
Entonces, desde el Capitolio pareció oficializarse este pulguero de bienes raíces. La Ley 60, bautizada como el Código de Incentivos de Puerto Rico, fue aprobada el 1 de julio del 2019, dos semanas antes que comenzaran las protestas tras las revelaciones de aquel polémico chat de Telegram que descuartizó la carrera política del entonces gobernador Rosselló y acabó sacándolo de La Fortaleza. En esta ley se resumieron los incentivos que ya ofrecían otras leyes a los inversionistas extranjeros, ya beneficiados por la carencia de impuestos que le ofrecían las leyes 20 y 22. Las bondades de la Ley 60 son actualmente promulgadas a viva voz en YouTube por empresarios, como Peter Schiff y Jerry Norton, que urgen a más millonarios a participar de esta economía que para ellos es paradisiaca.
VIDEO: Flipping Mastery w/ Jerry Norton: Why entrepreneurs should move to Puerto Rico – Interview with Peter Schiff
Cabe destacar que esta ley también propone incentivos a locales, como la destinada a ayudar a jóvenes empresarios y como los incentivos que hay para los productores locales de la industria cinematográfica, que ha ayudado a mantener talleres puertorriqueños de trabajo en este campo.
Luis Gallardo, líder de la organización sin fines de lucro Centro para la Reconstrucción del Hábitat (CRH), entiende que, ante este panorama de venta a quemazón de bienes raíces, son los legisladores, alcaldes y el propio Gobernador, por los que el pueblo votó para defender sus intereses y derechos, los que tienen que actuar contundentemente.
La disparidad económica entre este sector inversionista que no aparenta tener mucho más interés en el desarrollo social y comunitario más allá de adquirir propiedades a tutiplén y desarrollar comercio no es una que nace de la ilegalidad y por eso el turno al bate legislativo debe ser oportuno y certero.
“La práctica de adquirir propiedades que están en ruinas o bajo el valor del mercado no es nada malo, porque inclusive podemos comprar una propiedad por debajo del valor del mercado para crear vivienda asequible, eso es una posibilidad. Pero esta practica de comprar propiedades baratas para luego venderlas caras, es un concepto que conocemos muy bien. Sin embargo, ahora existen incentivos económicos que les permiten hacerlo sin pagar impuestos. Es muy intenso el asunto”, acotó Gallardo.
“Además, si eso los combinamos con fondos federales, porque también estos empresarios tienen un incentivo de crear propiedades nuevas, ahora hay un incentivo directo económico, pues ellos están haciendo lo que se supone que hagan, son comerciantes. Están buscando donde invertir su dinero sin tener que pagar impuestos. Pero de nuevo, caemos en el asunto de la política pública. Si nosotros, tú, yo, quienes sean, decidimos que queremos comprar una propiedad pues nos van a espetar con el impuesto. No tenemos acceso a esos incentivos”, recordó Gallardo.
Vea el reportaje Inversionismo del desastre
En julio de este año, comenzaron las vistas en el Senado para empujar los Proyectos 40 y 284 del Senado, que proponen derogar la Ley 20-2012 y la Ley 22-2012. La Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal, atiende estos proyectos, que han recibido recomendaciones por parte de la industria privada de reducir a cinco años el término para que las personas que fueron residentes bonafides en Puerto Rico puedan regresar y sean elegibles a los beneficios de la Ley 22, así como establecer un mínimo de inversión y de empleos que deben crear.
En su ponencia durante una vista de mediados de julio, el presidente de la Asociación de Constructores de Puerto Rico (ACPR), Alfredo Martínez, propuso que en la Ley 22 se establezca un valor mínimo de inversión en vivienda y se acorte el término de un año, desde la concesión del decreto, para que el individuo adquiera la propiedad. A pesar de esta propuesta de limitaciones que parecen ser ínfimas ante el problema existente, la cúpula del sector privado nacional parece aborrecer en general estos dos noveles proyectos que intentan atajar esta aparente desigualdad a la hora de adquirir propiedades de bienes raíces.
Con Gallardo hablamos de esta disparidad socioeconómica que ha causado el propio sistema, mientras caminábamos por Río Piedras, que, a pesar del ya tradicional abandono gubernamental, se niega a dejar de ser la ciudad universitaria. Con edificios abandonados a tutiplén o adquiridos por empresas similares a Morgan Reed, Río Piedras es la nueva mina de oro metropolitana de la economía del desastre como hace unos añitos fue El Viejo San Juan.
Gallardo y el CRH no ven nada malo en que el capital privado invierta, solo que buscan que sea con motivación para vivienda asequible, como pasó en Toa Baja, donde crearon un Banco de Tierras Comunitarias.
“En Río Piedras, tal y como en Caguas y muchos centros urbanos, existe gran cantidad de propiedades vacantes y abandonadas. A pesar de tener casas vacías, hay personas que no tienen techo seguro, que viven en condiciones infrahumanas, con bajo ingreso y no tienen acceso a la vivienda. El costo va subiendo. Hay anuncios de propiedades en Río Piedras que están vendiendo, cuyo precio no es para los residentes de aquí, pues no hay esa capacidad económica. Pero, a diferencia de otros centros urbanos, aquí hay una buena organización comunitaria, hay diferentes entidades y cuerpos comunitarios y por ley especial del Municipio, existe un Fideicomiso Comunitario para el Desarrollo de Río Piedras”, exaltó el también profesor universitario.
“En el Centro para la Reconstrucción del Hábitat vemos a Río Piedras como un buen ejemplo para evidenciar que, frente a toda esa presión de desarrolladores e inversionistas y las propiedades abandonadas, hay buen espacio para impulsar un modelo desarrollo comunitario. Hay formas de rescatar estas propiedades sin desplazar personas”, resumió, mientras caminaba por las aceras del atribulado Paseo de Diego.
Tras reuniones con el alcalde Miguel Romero y con el beneficio de tener un fideicomiso comunitario, Gallardo y la organización que lidera tienen esperanzas de que propuestas que ya han presentado no caigan en oídos sordos. El director ejecutivo del CRH reconoce que con respaldo filantrópico, municipal y ayudas federales se han podido recuperar espacios, como sucedió, por ejemplo, con el Museo de la Memoria de Trastalleres, en Santurce. Ahora mismo, sin embargo, son empresas como Morgan Reed las que tienen la ventaja sobre las comunidades. Y eso, que ni siquiera hemos mirado a profundidad la situación con las escuelas que cerró el Departamento de Educación.
Un reportaje del Centro de Periodismo Investigativo reseñó que Morgan Reed adquirió al menos tres escuelas, en fabulosos puntos del archipiélago. El artículo de la periodista Tatiana Díaz Ramos señala que la escuela Carmen Gómez Tejera de Aguadilla, con una hermosa vista al Atlántico y en medio de un yacimiento prehíspánico y colonial, le costó a Morgan Reed tan solo $780,000. Allí, donde una ocasión se forjó la juventud puertorriqueña, piensan hacer un hotel de 150 habitaciones.
Todo esto pasa a la vez que hay organizaciones comunitarias con necesidad de espacio, como la de Giovanni Roberto y Marisel Robles en Caguas que se encargan de dar alimentos a la gente sin recursos, o como el esfuerzo de la gloria nacional del béisbol Yadier Molina, que debido a la burocracia de las mismas autoridades, aún no completa la adquisición de una escuela en Vega Alta para desarrollar un programa de educación artística y deportiva.
Ante este escenario, sobran las interrogantes. ¿Por qué Puerto Rico mantiene un sistema que permite que inversionistas compren estructuras a bajo costo, y no se les obliga, como en otras jurisdicciones de Estados Unidos, a darles mantenimiento o habilitarlas para su uso? ¿Por qué se sigue permitiendo que los edificios sigan siendo un estorbo público y un problema de seguridad y salud pública para la comunidad cuando hay personas como Giovanni y Marisel, que los necesitan para ayudar a las personas de escasos recursos económicos? Falta ver si hay disposición para darle respuestas concretas a estas preguntas.
Un examen realizado por la Oficina del Inspector General de Puerto Rico reflejó que varias entidades gubernamentales mantienen problemas con los controles de seguridad y manejo de los sistemas de información, específicamente en cuanto a procesos para realizar transacciones económicas de manera electrónica.
Los exámenes realizados a la Administración de los Sistemas de Retiro, la Compañía de Comercio y Exportación (CCE) y Compañía de Turismo de Puerto Rico resultaron en que, a pesar que estas entidades manejan transacciones de altas cuantías económicas y un alto volumen de transferencias, no cuentan con procedimientos actualizados ni una estructura robusta de controles en sus sistemas de información para evitar que puedan surgir situaciones que logren resultar en fraude.
En el caso de la evaluación realizada a la Compañía de Comercio y Exportación, en uno de los cinco hallazgos desglosados en el informe, se identificó la existencia de funciones conflictivas en la que el director ejecutivo de la CCE y la oficial de nómina y contabilidad tenían otorgados accesos de originar, modificar, eliminar y aprobar las transferencias electrónicas.
Además, una gerente de bienes raíces, adscrita a esta división, también tenía acceso a transferencias electrónicas.
En el examen realizado a la Compañía de Turismo, un componente operacional del DDEC, se identificó que no existen acuerdos de confidencialidad, seguridad y de adiestramientos a los empleados, así como falta de aprobaciones requeridas sobre las normas y procedimientos de seguridad de en la informática.
En el caso de la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico, se encontró que no se había completado la instalación de funciones básicas de seguridad de los sistemas de información, y no mantenían control sobre las contraseñas, siendo estas compartidas entre el personal de la dependencia.
El examen realizado a las entidades cubrió períodos de evaluación entre los años 2019 y 2020. Los hallazgos fueron referidos a la gerencia para sus comentarios. En el caso de la Compañía de Turismo y la Compañía de Comercio y Exportación no respondieron, ni reaccionaron sobre las razones de las irregulares identificadas, luego de que le fueran remitidas para su evaluación.
La OIG, requerirá un Plan de Acción Correctiva a los principales funcionarios para atender las deficiencias, conforme a las recomendaciones esbozadas en el informe de examen. El incumplimiento, podría resultar en la imposición de sanciones o penalidades o acciones correctivas, al personal aplicable, de conformidad al Art. 17 de la Ley Núm. 15-2017, según enmendada.
Los exámenes fueron realizados en conformidad a las facultades conferidas en la Ley Núm. 15-2017, según enmendada conocida como la Ley del Inspector General de Puerto Rico.
Los informes de examen de la OIG se encuentran disponibles a través de página electrónica www.oig.pr.gov. Exhortamos a los ciudadanos y empleados públicos a informar sobre irregularidades en las agencias de la rama ejecutiva y hacer los correspondientes referidos a la OIG. Para ello se puede comunicar al 787-679-7979 o a través del correo [email protected].
El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia emplazó hoy a LUMA Energy para que entregue la información solicitada por miembros del Congreso de Estados Unidos ante la amenaza que lanzó la congresista puertorriqueña Nydia Velázquez de imponerle trabas a los fondos federales de reconstrucción asignados a Puerto Rico por el incumplimiento del consorcio privado.
“Lo importe es que LUMA responda a los requerimientos de información del Comité y de igual manera tan pronto haya una decisión final y firme en los tribunales que también acate esa decisión. Aquí no hay excepciones. Tiene que cumplir con el comité, con los requerimientos del Congreso y tiene que cumplir con los requerimientos del tribunal cuando haya una decisión final y firme. Tan sencillo como eso”, apuntó el mandatario en rueda de prensa para anunciar una iniciativa de horario extendido en las escuelas públicas.
El martes, ante la resistencia de LUMA Energy a entregar los documentos relacionados a la operación del sistema de transmisión y distribución eléctrico, Velázquez planteó la posibilidad de procurar enmiendas a las medidas que asignan las partidas presupuestarias para reparar el sistema eléctrico de Puerto Rico o de pedir la intervención del Departamento de Justicia federal.
“Nosotros podemos utilizar el Comité de Apropiaciones de la Cámara (federal) para incluir lenguaje que le diga tanto a LUMA como al Gobierno de Puerto Rico que no recibirán fondos hasta que ellos no hagan disponibles la documentación que se requiriendo” afirmó la congresista demócrata en entrevista con Jay Fonseca en el programa Cuarto Poder.
LUMA Energy, administra el sistema de transmisión y distribución de la red eléctrica desde el 1 de junio cuando inició el proceso de privatización de las operaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica. También se niega a entregar información a la Cámara de Representantes de Puerto Rico, quien acudió a los tribunales en busca de auxilio para obligar a la empresa a divulgar la información sobre sus operaciones.
Luego que el Tribunal Supremo rechazó entrar en esa controversia. El caso volvió a la sala del juez Anthony Cuevas Ramos para su disposición final. Ya el togado había ordenado a LUMA entregar los documentos solicitados so pena de un desacato civil.
La Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público-Privadas y Energía, presidida por el representante Luis Raúl Torres Cruz, atendió hoy, jueves, una vista pública sobre la Resolución de la Cámara 243, que investiga el estado actual de la red eléctrica de Puerto Rico y la transformación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
Los deponentes citados fueron el director ejecutivo de la AEE, Josué A. Colón Ortiz y la asesora legal de la Autoridad, Astrid Rodríguez. Ambos contestaron preguntas sobre los problemas de generación en la corporación, la situación con las plantas generatrices y el presupuesto actual para atender el mantenimiento de los equipos.
En medio de la vista pública, Colón Ortiz informó que el pasado director de la corporación, que renunció el pasado mes de septiembre, Efran Paredes, aún continúa trabajando en la AEE.
“Se encuentra en un puesto como director asociado y trabajará en los proyectos relacionados con la transformación del sistema eléctrico en el área de generación”, señaló el actual jefe.
“¿En serio? ¿Ponerlos en esos puestos fue decisión suya?”, preguntó el legislador. “Sí, correcto”, contestó el director ejecutivo.
Según datos presentados por el ingeniero, Paredes actualmente está cobrando un salario anual de $110,000. Por su parte, Colón Ortiz devenga una cantidad ascendente a $250,000.
Otro gerencial que fue parte de la pasada administración y que aún trabaja en la AEE es Fernando Padilla, quien ocupa un puesto de subdirector de Generación y devenga un total de $170,000.
“Todo ellos siguen en el mismo puesto luego de toda esta negligencia. A pesar de lo que ha pasado aquí. Con toda la falta de mantenimiento y ellos mintiéndole al país, porque ellos le decían al país que todo estaba en orden y eso está en el récord público. Con todo esto, ¿usted los dejó en el mismo puesto?”, añadió Luis Raúl Torres Cruz.
Colón Ortiz contestó que se encuentra realizando una evaluación de la plantilla de gerenciales y aseguró que a mediados de la semana próxima tomará decisiones sobre sus funciones.
Actualmente, el Departamento de Justicia trabaja un referido gestionado desde la Cámara de Representantes para investigar la gestión gerencial y la información compartida por Efrán Paredes, Fernando Padilla, Ralph Kreil y William Ríos en vistas públicas sobre el sistema eléctrico del país.
Revela años de incumplimiento en las inspecciones y mantenimiento de las calderas y plantas de generación Colón Ortiz reveló en la vista una radiografía sobre los mantenimientos más importantes que requiere los componentes principales de las unidades generatrices.
“El componente de calderas de las unidades principales, en el caso de la unidad cinco de San Juan, hubo mantenimiento a esa sección de calderas el 31 de agosto de 2014. ¿Y a cada tiempo se supone que se haga?”, preguntó el presentante Torres Cruz.
“Bueno, de ordinario, los generadores y las calderas se inspeccionan en el espacio de 18 meses y cuando se hacen reparaciones programadas cada cinco años”, contestó el Director Ejecutivo.
Colón Ortiz señaló que las inspecciones están sujetas a un acuerdo con las agencias federales que requieren un mantenimiento ambiental que se dan en espacios no mayores a 18 meses.
“Yo puedo concluir, que eso no está en cumplimiento según el acuerdo de mantenimiento”, mencionó el presidente de la Comisión. “Es una de las unidades que estamos ofreciéndole nuestra atención para asegurarnos de que se cumpla”, replicó el ingeniero.
El director ejecutivo de la AEE también enumeró otros escenarios de incumplimiento en las inspecciones y mantenimiento de las calderas. “En el caso de la unidad número seis en San Juan el último mantenimiento a ese componente de recuperador de calor fue el 7 de septiembre de 2013. En la unidad número siete el último mantenimiento programado de la caldera fue el 12 de agosto de 2008. La unidad número ocho de San Juan el último mantenimiento del componente de caldera fue el 18 de noviembre de 2010. San Juan nueve el último mantenimiento fue el 15 de noviembre de 2019. La unidad número 10 de San Juan, que está fuera de servicio y no disponible en estos momentos, el último mantenimiento fue el 28 de septiembre de 2009”.
También, el director mencionó que la capacidad de la Autoridad para llevar a cabo el mantenimiento y las mejoras en su infraestructura se vio limitada por el proceso del Título III, los desafíos de liquidez y la necesidad de atender con prioridad los daños resultantes de los huracanes y terremotos.
“Nos mantenemos vigilantes al cumplimiento con el Programa de Conservación de las unidades, para garantizar que se realice sin afectar la disponibilidad de la generación que se requiere para suplir las necesidades”.
El representante Denis Márquez Lebrón apuntó que “se debería entender, que como parte del presupuesto constante y tradicional de la Autoridad de Energía Eléctrica es que a los equipos hay que darles mantenimiento…Hay unos elementos mínimos de mantenimiento según usted dio no puede ser un asunto de presupuesto. Es un asunto de negligencia. Ya se negligencia por omisión o de negligencia por intención. ¿Cómo es posible que la parte de generación de la AEE no haya recibido mantenimiento por más de una década?”, sentenció el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño.
En una carta dirigida hoy al gobernador y los presidentes legislativos, la Junta de Control Fiscal accedió a seis puntos para que se apruebe legislación y no se recorten las pensiones de los empleados públicos, y se proporcionen fondos adicionales para los municipios y la Universidad de Puerto Rico (UPR), entre otros.
“La Junta de Supervisión tiene un interés en el bienestar de los jubilados, no desea recortar
pensiones, y de hecho ya ha aceptado revisiones del Plan que eliminarían cualquier pensión recortes a más del 85% de los jubilados. Pero, el lenguaje del proyecto de ley sobre las pensiones va mucho más allá que simplemente eliminar los modestos recortes de pensiones restantes y, al hacerlo, aumenta el riesgo de que el Plan no confirmable ni asequible en última instancia”, reza la misiva firmada por David Skeel, presidente de la Junta.
Además, destaca que “si bien la Junta de Supervisión sigue teniendo reservas sobre el impacto en el Plan, está dispuesto a aceptar los deseos de los representantes electos de Puerto Rico en la medida en que pueda hacerlo con prudencia y sin dejar de cumplir con sus deberes de PROMESA”.
“Cuando la Legislatura y el gobernador promulguen una legislación aceptable, la Junta de Supervisión enmendará el Plan para eliminar los recortes a las pensiones acumuladas de los jubilados, empleados y empleados actuales”, agrega la carta.
Los puntos aceptados por la Junta son:
1. Requiere que el Plan presentado para confirmación sea enmendado para que no se recorten las pensiones devengadas de los empleados públicos jubilados y los empleados actuales a menos que lo requiera el Tribunal de Distrito para el Distrito de Puerto Rico (pero para ser claros, este requisito no se extiende a la congelación del Plan del Pensiones del Sistema de Retiro de Maestros y el Sistema de Retiro de la Judicatura o la eliminación de cualquier ajuste restante por costo de vida);
2. Proporciona fondos adicionales, dentro de ciertos límites, a los municipios para que proporcionen servicios gubernamentales;
3. Proporciona fondos adicionales para que la UPR se utilice para mejorar la experiencia del estudiante, de manera que las asignaciones suman $ 500 millones por año, durante cinco años a partir de año fiscal 2023 hasta 2027, mientras que UPR también implemente estructuras y operaciones eficientes;
4. Proporciona una financiación de $ 1,000,000 para realizar un estudio sobre la viabilidad de extender cobertura para residentes actualmente sin seguro;
5. Crea un mecanismo para adelantar las condiciones de pago y cancelación de la deuda luego de la terminación de la Junta de Supervisión; y
6. Establece un grupo de trabajo conjunto con la Junta de Supervisión, la Legislatura y la Rama Ejecutiva.
REACCIONAN GOBERNADOR Y LIDERES LEGISLATIVOS
El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia expresó satisfacción ante el cambio de postura del ente fiscal.
“La Junta accede por primera vez y finalmente a que no exista un recorte a las pensiones. Está cediendo en eso, en que no va a exigir ese recorte de 8.5% para las pensiones públicas en Puerto Rico en la medida que exceden $1,500 al mes. No obstante la Junta insiste en que hay que reformar el sistema de pensión de los maestros y de los jueces en Puerto Rico en la comunicación que cursó”, indicó Pierluisi Urrutia en rueda de prensa para anunciar un proyecto de horario extendido en las escuelas públicas.
“Me alegro que finalmente cedió en el tema de las pensiones porque yo llevo desde el 2019, desde que regresé a la vida pública, diciendo que esos recortes de pensiones son innecesarios. Ya era hora de que tomará esa postura así que agradezco que finalmente cedió y todavía esto no ha culminado”, agregó.
Los presidentes de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, y del Senado, José Luis Dalmau Santiago, catalogaron la acción de la JCF como “triunfo del pueblo de Puerto Rico”.
En una declaración escrita conjunta porque ambos se encuentran de viaje, indicaron que recibían con entusiasmo y beneplácito las declaraciones del ente fiscal.
“Hoy es un día histórico y un triunfo para el pueblo de Puerto Rico porque la decisión de la Junta de Supervisión Fiscal de acoger nuestros reclamos de proteger el 100% de las pensiones, suspender los recortes proyectados a la Universidad de Puerto Rico, reconocer los fondos a los municipios y encaminar el estudio que viabilizará la estrategia para brindar cubiertas médicas a las personas que no tienen un seguro médico, entre otras medidas, demuestran que nuestros argumentos y reclamos era los correctos y que la consistencia y la unidad de propósitos, al final prevalecieron”, señalaron.
La reacción de la JCF ocurre en la antesala de una reunión entre el ente fiscal, el Gobernador y los líderes legislativos para discutir el Proyecto de la Cámara 1003, que habilitaría la puesta en vigor del Plan de Ajuste a la Deuda y luego de que la Junta expresa reparos a las enmiendas incluidas en la medida, que ya pasó el crisol de la Cámara alta.
Hoy, Pierluisi Urrutia indicó que el cónclave se llevará a cabo durante el fin de semana pero que todavía no se había escogido una día y hora en específico.
El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia y el director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia de Puerto Rico (COR3, en inglés), Manuel Laboy Rivera, anunciaron hoy el primer desembolso de aproximadamente $7.1 millones a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para trabajos relacionados a los proyectos de reconstrucción.
Este anuncio ocurre en medio de la crisis del sistema de generación, que provocó apagones a través del archipiélago en las pasadas semanas, y de las expresiones de la congresista Nydia Velézquez, quien indicó esta semana al programa Cuarto Poder que no descartaba enmendar las medidas que asignan las partidas presupuestarias para reparar el sistema eléctrico de Puerto Rico ante la resistencia de LUMA Energy y de propia AEE a entregar información solicitada por el Congreso de Estados Unidos y la Cámara de Representantes de Puerto Rico.
“La aprobación de la Solicitud de Adelanto (RFA, en inglés), presentada por parte de la AEE a COR3 y cuya cuantía millonaria hoy fue desembolsada para cubrir gastos incurridos y proyectados por los trabajos de arquitectura e ingeniería de cuatro obras de reconstrucción y estudios comprensivos, encaminan los esfuerzos de renovación del sistema eléctrico. Se estima que el impacto económico inicial del desarrollo de estos proyectos representa $123 millones y la creación de cientos de empleos”, indicó Pierluisi Urrutia en un parte de prensa.
Hasta el momento, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA, en inglés), ha obligado bajo la Estrategia de Obligación Acelerada (FAASt, por sus siglas en inglés), $9,500 millones en fondos federales provenientes del Programa de Asistencia Pública para proyectos relacionados a transmisión y distribución, generación, represas y edificios de la AEE.
“Cumpliendo con el compromiso del gobernador estamos colaborando como equipo con el liderato de la AEE y LUMA, con el fin continuar agilizando los proyectos y que próximamente se presenten los alcances de trabajo, conocidos como “Scope of Works” (SOW, por sus siglas en inglés) ante FEMA para iniciar a principios del próximo año los procesos de subasta y proyectamos que para el segundo semestre comiencen las construcciones de las primeras obras permanentes del sistema eléctrico”, destacó el director ejecutivo de COR3.
El director ejecutivo de AEE, Josué Colón Ortiz señaló que al momento hay proyectos identificados de reconstrucción activos bajo la responsabilidad de la AEE a un costo de $2,400 millones para el área de generación y la división de represas, riegos y embalses.
“Nos estamos enfocando en los primeros proyectos en los procesos de arquitectura y diseño, mientras seguimos desarrollando los alcances de trabajos para seguir formulando proyectos e iniciar las fases de construcción. Continuamos trabajando de la mano con el equipo de COR3 para asegurar que los proyectos y sus fondos continúen los debidos procesos y así cumplir cabalmente con los diferentes programas de reconstrucción. Este desembolso de $7.1 millones solicitado a FEMA y que hoy se anuncia, es un paso en la dirección correcta en el inicio de la reconstrucción del sistema eléctrico”, explicó Colón Ortiz.
La semana pasada Ortiz Colón, quien asumió el cargo en medio de la crisis, preparó un informe que consignó que los problemas que desembocaron en el colapso del sistema de generación comenzaron a cocinarse hace años y antes de que la AEE se declarara en quiebra en el 2017. Ese documento también reveló que había unidades que permanecen fuera de servicio desde hacía más de cinco años y que la reparación de la flota requeriría de una inversión de $163 millones.
Hoy, Laboy Rivera recalcó que, por requisito de la ley estatal los proyectos de reconstrucción de la AEE primero tienen que ser aprobados por el Negociado de Energía de Puerto Rico. Luego inician la fase de arquitectura e ingeniería, que proveerá la información necesaria para poder someter a FEMA los SOW, para que evalúen aspectos de cumplimiento ambiental, preservación histórica y medidas de mitigación de riesgos, antes de aprobar el proyecto y pasar a la fase de construcción.
El Departamento de la Familia anunció que los participantes del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) comenzarán a recibir el aumento a los beneficios de entre un 11 a un 20% de acuerdo a su composición familiar a partir del viernes, 15 de octubre.
El PAN brinda asistencia a 875,501 familias en las cuales hay 1,554,748 participantes en Puerto Rico.Como resultado de la revaluación de beneficios del Plan Económico de Alimentos (Thrifty Food Plan-TFP, en inglés), el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos aprobó un aumento de $463.8 millones a la asignación en bloque que recibe Puerto Rico para el PAN, lo que representa alrededor de un 21% adicional en recursos anuales.