Tribunal federal anula la Ley de Retiro Digno

La jueza federal Laura Taylor Swain anuló la Ley de Retiro Digno aprobada aprobada por unanimidad en ambas cámaras legislativas y firmada por el gobernador el pasado mes de junio.

La jueza le dio la razón a la Junta de Supervisión Fiscal que argumentó que la Ley 7 de Retiro Digno fue promulgada en violación de numerosas disposiciones de la Ley de Estabilidad Económica, Administración y Supervisión de Puerto Rico (“PROMESA”).

La jueza determinó que las provisiones de la Ley 7 tienen un impacto inmediato en el proceso de negociación y en la búsqueda de confirmar un plan de ajuste y no está a acorde con el Plan Fiscal.

Una semana más para que organizaciones que dan servicios a víctimas del crimen soliciten fondos federales

Las entidades que dan servicios a las víctimas del crimen interesadas en recibir fondos federales deben presentar una propuesta ante el Departamento de Justicia de Puerto Rico en o antes del 22 de octubre de 2021.

El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, anunció que la agencia distribuirá $1,074,597.00 a organizaciones sin fines de lucro, agencias de gobierno y municipios para ofrecer servicios directos a las víctimas del crimen.   

Los fondos provienen del programa federal de Asistencia a Víctimas del Crimen (VOCA, por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La asignación está destinada exclusivamente para la contratación de servicios profesionales, la compra de equipo y materiales necesarios para ofrecer servicios a las víctimas del crimen, y podrán utilizarse hasta el 15 de septiembre de 2022.

Para someter propuestas bajo esta subvención, las instituciones deberán tener sus estados financieros y “single audits” al día y sin ningún señalamiento significativo referente al manejo y administración de fondos federales. Igualmente, tendrán que cumplir con las guías establecidas para el desarrollo de propuestas en los formatos solicitados por los distintos programas de fondos federales, disponibles en la página electrónica de la agencia (justicia.pr.gov). 

“Esta es una oportunidad para ampliar y reforzar los servicios que ofrecen distintas instituciones públicas y privadas, a nivel de toda la isla, para apoyar a las víctimas de delito, incluyendo violencia de género, abuso sexual, acoso, crímenes de odio, entre otros. Estas entidades complementan la gran labor que se realiza en la agencia al ofrecer desde servicios sicológicos y económicos, hasta legales. Son personas que se encuentran en un estado vulnerable, a quienes también acompañamos y ayudamos para que puedan enfrentar el proceso”, expresó el secretario.  

Se suman 6 muertes más por COVID-19

El Departamento de Salud reportó 6 muertes adicionales por COVID-19.

Los fallecimientos corresponden a tres mujeres y tres hombres. Las muertes fueron registradas entre el 4 y el 11 de octubre. Con estas muertes el total acumuladas desde el comienzo de la pandemia, en marzo del 2020, incrementó a 3,199.

Mientras hay 119 personas hospitalizadas por coronavirus son 98 adultos y 21 pacientes pediátricos. En cuanto a cuidados intensivos por COVID-19, hay 32 adultos en esa unidad. No se reportaron pacientes pediátricos en intensivo.

Ases estima entre 4 a 7 mil pacientes con secuelas de COVID-19

Una investigación de El Nuevo Día reveló que 297 pacientes con secuelas del coronavirus reciben desde agosto, servicios en la Clínica Post-COVID de Salud Integral de la Montaña (SIM).

Esta clínica es la primera de este tipo en Puerto Rico y el Departamento de Salud evalúa cuántos sobrevivientes con secuelas hay en la isla.

El director ejecutivo de la Administración de Seguros de Salud (Ases), Jorge Galva dijo que las proyecciones iniciales apuntan a que puede haber entre 4,000 y 7,000 pacientes de COVID prolongado en Puerto Rico. Las secuelas del COVID-19 implican que ​​hay pacientes que no podrán regresar a su trabajo, con secuelas como arritmias cardiacas, neuropatía diabética y complicaciones respiratorias. Se trata de individuos que pudieran catalogarse como incapacitados, aún cuando se encuentran en una edad productiva.

El Nuevo Día

Junta Fiscal dice que recorte a las pensiones no es un ”issue monetario” sino de equidad

Antonio Medina, uno de los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal no pudo precisar cómo el ente fiscal concluyó que las enmiendas incluidas por el Senado al proyecto que crea la ley habilitadora del Plan de Ajuste de Deuda (PAD) costarían “decenas de miles de millones de dólares”.

​​Las propuestas del Senado incluyen detener los recortes del plan fiscal de la Universidad de Puerto Rico fijando una asignación tope de $500 millones por cinco años, la creación de un Fondo de Inversión de Desarrollo Económico ($300 millones por cinco años), dinero para los municipios ($62 millones anuales) y cero recortes a las pensiones (entre $44 millones y 90 millones anuales), entre otras.

En entrevista con El Nuevo Día en su versión impresa, Medina dijo que la insistencia en recortar las pensiones a empleados públicos “no es un ‘issue’ monetario” y sino de “equidad”.

Mientras, el director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf), Omar Marrero, sostuvo que confía que se pueda dar una reunión entre las partes este fin de semana.

Dijo que la única iniciativa mencionada en la medida que podría costar “miles de millones de dólares” es un plan universal de salud, pero el proyecto describe eso como una “meta”, asignando $1 millón para un estudio de viabilidad.

Hacienda rechaza violación de derechos a empresario acusado por evasión contributiva

​​El secretario de Hacienda, Francisco Parés dijo que la información que ofreció en conferencia de prensa para denunciar la supuesta evasión contributiva del empresario Luis Benítez Avilés es la misma que publicó el Servicio de Rentas Internas (IRS, en inglés) y que consta en los libros públicos de la agencia.

Benítez Avilés enfrenta una acusación criminal por supuestamente evadir contribuciones correspondientes a $7 millones de ingresos sin reportar. 

Ayer su representante legal, presentó un recurso judicial en el que solicita al secretario de Hacienda que acuda como testigo debido a que nunca se le informó con antelación a su cliente sobre alguna investigación administrativa.

El Vocero

LUMA continuará con litigio para no entregar documentos a la Cámara

LUMA Energy no entregará la información solicitada por la Cámara de Representantes a pesar de que el Tribunal Supremo rechazó de plano en dos ocasiones atender su planteamientos sus planteamientos. Por el contrario, su estrategia consiste en continuar con el litigio a nivel del Tribunal de San Juan, el foro de menor jerarquía que también resolvió en su contra.

En declaraciones escritas enviadas por la oficina de prensa, que no adjudicó a ningún funcionario, LUMA indicó que deseaba aclarar el asunto “debido al amplio esfuerzo de ciertos grupos que se oponen a la transformación del sistema eléctrico y a las caracterizaciones erróneas que se han hecho”.

Apuntó que el Tribunal de San Juan concedió la orden solicitada por la Cámara baja sin antes escuchar la posición de LUMA y que luego el Tribunal de Apelaciones y el Supremo rechazaron intervenir en esta etapa del proceso.

“Ninguno de los foros apelativos ordenó que LUMA contestara los requerimientos impugnados. Los méritos de las objeciones de LUMA serán dilucidados cuando el caso regrese al Tribunal de Primera Instancia”, apuntó la empresa, que administra el sistema de distribución y transmisión de la red eléctrica desde el 1 de junio.

“Ninguna compañía debiera ser forzada a revelar la identidad y salarios de sus empleados, secretos de negocio, información sensitiva de la operación y de infraestructura ausente un objetivo legislativo legítimo; aún más, sin cumplir con las leyes aplicables y el debido proceso de ley al solicitar la información. El mensaje que esta investigación envía es que, si la reputación y misión de una compañía y sus empleados debe ser destruida por ganancia política, así será. Esto es contrario al interés de la transformación del sistema eléctrico”, agregó.

La Cámara de Representantes aprobó una resolución para investigar el contrató que cedió a LUMA Energy la operación de la red eléctrica y otras operaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica mediante un acuerdo a 15 años, que generará ingresos al consorcio privado de al menos $1,500 millones.

Tras conocerse hoy que el Tribunal Supremo declaró no ha lugar una segunda solicitud de reconsideración de LUMA, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia señaló que la empresa debe  aceptar la decisión de máximo foro judicial.

“El Tribunal Supremo tiene la última palabra sobe ese asunto que concierne a un requerimiento de información que le hizo la Cámara de Representantes a LUMA. Ya ahí hubo una reconsideración y el Tribunal Supremo la denegó”, respondió el gobernador a preguntas de la prensa. 

“Entiendo que esto es una sociedad de ley y orden. Aquí no hay excepciones. LUMA va a tener que acatar ese mandato del Tribunal Supremo”, agregó.

Gobernador deja sin efecto Ley Seca y cierre de negocios

El gobernador Pedro R. Pierluisi anunció que el próximo jueves 14 de octubre vencerá la Orden Ejecutiva 2021-065, por lo que quedará sin efecto el mandato de cierre a los establecimientos y la Ley Seca de 12:00 a.m. a 5:00 a.m. Sin embargo, como medida cautelar y de prevención se mantienen todas las disposiciones relacionadas a la vacunación, limitación de aforo y uso de mascarilla. No se emitirá una nueva orden ejecutiva, pues las restricciones que se mantienen vigentes forman parte de otras órdenes o de órdenes administrativas del Departamento de Salud.

“Como pueblo hemos logrado que la vacunación y las medidas que se han implementado dieran resultados. Puerto Rico se mantiene como la jurisdicción con más personas vacunadas en los Estados Unidos con un 90 por ciento de las personas elegibles para vacunarse con una dosis y el 80 por ciento con dos dosis. Por otro lado, el 70 por ciento de toda la población de la Isla ya está vacunada. Esto es un gran logro colectivo. De igual forma, la tasa de positividad se ha reducido a menos de 3 por ciento y las hospitalizaciones, así como los fallecimientos, también han disminuido. Aunque estamos muy bien, todavía no podemos bajar la guardia y tenemos que continuar protegiéndonos. En este momento he decido no hacer grandes cambios y mantener ciertas restricciones para salvaguardar la salud y seguridad de todos”, sostuvo el gobernador.

La orden ejecutiva actual vence el próximo jueves, por lo que ya no continuará el cierre de establecimientos ni la Ley Seca de 12:00 a.m. a 5:00 a.m. Tampoco habrá restricción de las cirugías electivas. Sin embargo, permanecerán vigentes las restricciones de aforo en un 50 por ciento en los establecimientos comerciales que no requieran evidencia de vacunación o prueba negativa de Covid‑19, como restaurantes, barras, cines, coliseos, teatros, centros de actividades, gimnasios, salones de belleza y barberías, entre otros incluidos en las órdenes ejecutivas 2021-063 y 2021‑064. Esto no incluye a supermercados y colmados.

También continuarán en efecto los decretos para vacunación previamente anunciados; así como el uso de mascarillas en lugares cerrados y al aire libre cuando no se pueda garantizar el distanciamiento físico.

Del mismo modo, permanece la obligación de mascarillas N-95 para profesionales del sector salubrista. Dicho requerimiento de mascarilla ahora formará parte de la orden administrativa del Departamento de Salud.

El gobernador Pierluisi sostuvo que se mantendrá atento a las estadísticas y que no descarta realizar cambios si fuera necesario. “Todos debemos continuar con las debidas medidas de precaución y no bajar la guardia. La vacuna funciona y salva vidas; por eso exhorto a quien no se ha vacunado y pueda hacerlo, a que lo haga. Continuaré atento a las diferentes estadísticas y recomendaciones de salubristas y del sector económico para realizar cambios si fueran necesarios”, puntualizó el gobernador.