Un portal especializado en islas que están a la venta alrededor del mundo, afirma que la Isla de Palomino está a la venta. El Nuevo Día hizo la gestión de escribirles para saber en cuánto estaba a la venta y no han contestado según la noticia.
Fuente: El Nuevo Día
Todo apunta a que la Junta de Supervisión Fiscal no ve con buenos ojos el Proyecto del Senado 684, presentado por los senadores Juan Zaragoza y Thomas Rivera Schatz, que busca enmendar la Ley 22.
Al menos eso sugiere una carta con fecha de hoy miércoles firmada por el abogado de la Junta Fiscal, Jaime El Koury, en poder de Cuarto Poder (WAPA-TV), y que luego de ser divulgada entre las partes interesadas se anunció que se había publicado por error y que todavía se encuentra en un proceso de revisión interno.
“El proyecto de ley tendría un impacto negativo general a los ingresos del Estado Libre Asociado porque los aumentos de impuestos no compensan completamente la disminución de los ingresos de ampliar el tratamiento fiscal preferencial. La Junta de Supervisión estima que el proyecto de ley tendrá un impacto impacto negativo de $56 millones en la recaudación de impuestos, y un impacto negativo de más de $62 millones sobre los ingresos del Fondo General, en el año fiscal 2023, en contravención de los requisitos de neutralidad de ingresos del Plan Fiscal del Estado Libre Asociado certificado”, reza la carta.
Se intentó indagar con la Junta Fiscal cuáles son los aspectos bajo revisión pero la portavoz de prensa del organismo no emitió comentarios al respecto alegando que no se trata de un documento final.
La Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA por sus siglas en inglés, y la Casa Blanca aseguran que están haciendo todo lo posible para mejorar la escasez de fórmula para bebés que enfrenta Estados Unidos.
La crisis empeoró cuando Abbot, una manufacturera de alimentos para infantes, retiró del mercado su inventario después que varios bebés murieran tras contraer una bacteria a través de sus productos.
Robert Califf, comisionado de la FDA, dijo en un comunicado que reconocen la frustración de los consumidores al no poder conseguir el alimento y que están haciendo todo lo que pueden para asegurarse de que se encuentren productos adecuados en cualquier momento y en cualquier lugar.
Tanto para la FDA como para la Casa Blanca es un asunto prioritario que se está trabajando 24/7. Están comprometidos en mover todo lo necesario para abastecer el mercado, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca.
Por otro lado, Abbot Nutrition ha estado revisando y mejorando sus protocolos de limpieza, seguridad y mantenimiento de sus facilidades además del entrenamiento y educación de sus empleados. Esperan reabrir la fábrica de Michigan dentro de dos semanas con aprobación de la FDA, según un comunicado. Esto aumentaría la producción y ayudaría a aliviar la crisis. Los productos llegarían a las tiendas entre seis y ocho semanas después de reabrir la fábrica.
Inicialmente la escasez comenzó debido a problemas de distribución y producción que han afectado a todo Estados Unidos.
Fuente: Axios
El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia aseguró hoy que no ha buscado asesoría legal ante la posibilidad de que las autoridades federales lo entrevisten como parte de la investigación relacionada al Súper Pac Salvemos a Puerto Rico.
“En lo más mínimo. No he tenido que consultar a nadie y a mí ni tan siquiera se me han acercado. No se van a acercar. Es que es imposible por definición porque lo que yo estoy diciendo públicamente, lo he dicho privadamente y es la verdad”, apuntó el mandatario a preguntas de la prensa.
“Como ya dije, esto ya se investigó. Se investigó en la Comisión Federal de Elecciones. Se investigó ante el Contralor Electoral de Puerto Rico y ha surgido un caso federal y está bien claro lo que pasó con ese caso federal. El único delito que se detectó y se está procesando es el de proveer información falsa a la Comisión Federal de Elecciones”, agregó.
La semana pasada el amigo del mandatario, Joseph Fuentes Fernández y Salvemos a Puerto Rico se declararon culpables de ofrecer declaraciones falsas a la Comisión Federal de Elecciones (FEC, en inglés) para esconder la identidad de las personas que realizaban donativos cuantiosos al Súper Pac que realizó campaña en contra de los adversarios políticos del entonces candidato a la gobernación.
Las alegaciones en la denuncia criminal sugieren comunicación entre Fuentes Fernández, el presidente y tesorero de Salvemos a Puerto Rico, y el individuo 1, identificado como un asociado cercano y recaudador de fondos de Pierluisi Urrutia durante la campaña eleccionaria del 2020. Al declararse culpable, Fuentes Fernández admitió que el esquema para ocultar la identidad de los donantes tenía la intención de evitar que se les vinculara directamente al entonces candidato a la gobernación si posteriormente recibían algún beneficio público.
Pierluisi Urrutia también negó que su cuñado, el licenciado Andrés Guillemard, y esposo de Caridad Pierluisi, quien dirige su oficina sin cobrar sueldo, fuera la persona que la denuncia y la alegación de culpabilidad de Fuentes Fernández identifican como el individuo 1. Anoche, el programa Rayos X (Telemundo) reveló que Guillemard era el individuo 1.
“No sé quien lo implica (a Guillemard) pero como yo he expresado anteriormente, la Ley tanto federal como estatal lo que prohíbe es que haya cualquier tipo de coordinación de las actividades electorales entre mi comité de campaña y cualquier PAC. En mi caso, como he dicho en repetidas ocasiones, mi comité no coordinó sus actividades electorales con ese PAC o cualquier otro PAC. Esto fue objeto de querellas tanto ante la Comisión Federal de Elecciones como la Oficina del Contralor Electoral en Puerto Rico y esas querellas no prosperaron porque no hubo tal coordinación. En cuanto a las actividades del PAC en cuestión, ya las autoridades federales se expresaron al más alto nivel, el delito que se cometió fue de proveer información falsa a la Comisión Federal de Elecciones y se está procesando. Así que es lo que puedo decir”, respondió a preguntas de la prensa.
¿Usted quiere decir que su cuñado no está implicado?, insistió la prensa.
“En lo más mínimo. Ni él, ni nadie, salvo el presidente y tesorero del PAC que fue el que se declaró culpable y se le está procesando”, afirmó.
Caridad Pierluisi, quien acompaña al gobernador a todos los eventos, estuvo presente en la actividad, pero abandonó el lugar cuando la prensa intentó abordarla sobre el asunto.
La Legislatura Municipal de San Sebastián se apresta hoy a votar sobre una resolución que buscar avalar el manifiesto “a favor de la vida” y califica el aborto como un asesinato, según el borrador al cual tuvo acceso Cuarto Poder.
Tras salir el documento a la luz pública, el Alcalde de la ciudad de El Pepino dijo que el documento será enmendado porque incluye la palabra “asesinato de un niño” pero confirmó que esa resolución es la posición de la Administración Municipal.
“Defendemos la vida. Nos oponemos al asesinato de un niño mediante aborto por succión” reza el documento en varias instancias con diversos escenarios de terminación de embarazos.
“Se cambió ese lenguaje “, sostuvo Javier Jiménez en Radio Isla y ahora dirá “quitarle la vida”.
El documento incluye que la única excepción es en “caso en que la vida de la madre corra peligro.”
Por su parte, la legisladora del Partido Independentista Puertorriqueño, Isel Milagros Colón, adelantó que su voto será en contra y sostuvo que el Proyecto Resolución 69 es una expresión religiosa y no respeta la separación de Iglesia Estado.
La Legislatura Municipal votará hoy a las 7:30 pm sobre esta resolución.
El viernes se celebrará otra vista de alegación de culpa relacionada al operativo contra la corrupción pública que realizan las autoridades federales, confirmó una fuente de Cuarto Poder (WAPA-TV).
La vista aparece en el calendario electrónico del Tribunal Federal. Es una videoconferencia que está pautada para las 10:00 a.m. ante el magistrado federal Bruce McGiverin. No hay detalles pero es una anotación similar a la que apareció en el calendario electrónico -y pasó inadvertida- cuando el ahora convicto exalcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado Montalvo alcanzó un acuerdo con la Fiscalía Federal y se declaró culpable de recibir sobornos a cambio de contratos del ayuntamiento ante el juez federal Raúl Arias Marxuach.
La semana pasada, el jefe de la fiscalía federal, W. Stephen Muldrow reiteró que vendrán más arrestos y acusaciones. Anoche, en Cuarto Poder, el jefe del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), Joseph González, también indicó que la investigación continúa.
El caso de Coralie Minguela se cuenta y no se cree.
Durante casi dos años no recibió la pensión alimentaria dirigida a su hija a través de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME). Sin embargo, el dinero sí se lo estuvieron descontando a su expareja en el patrono.
¿Qué pasó? ¿A dónde fue ese dinero y cuál ha sido la respuesta de ASUME? Cuarto Poder (WAPA-TV) investigó este caso.
Los hechos se remontan al 2018, cuando Minguela abrió el caso en la agencia en las oficinas de Sabana Grande. Posteriormente, en 2019, se activa la pensión… pero comenzó a notar que no estaba recibiendo ni un centavo. Mientras, en ASUME tampoco estaban registrando los pagos.
“Pasó un tiempo y el papá de la nena me decía ‘mira, del talonario a mí me están sacando cierta cantidad de dinero para la manutención de la nena… pero acá yo no estaba recibiendo nada”, expresó Minguela a Cuarto Poder.
Preocupada, y con evidencia en mano, acudió en varias ocasiones a las oficinas de ASUME para demostrar que al papá de su hija le estaban debitando el dinero correspondiente. Y que a ella no le estaba llegando.
“La respuesta (de la agencia) siempre era la misma: ‘No tengo ningún pago reflejado’. Inclusive, yo les decía: ‘Verifiquen bien qué es lo que está pasando porque yo les he enviado evidencia’”, expresó Minguela.
Y los chavos, ¿dónde están?
La madre de 31 años escribió en múltiples ocasiones y habló con varias personas. Después de tanto insistir, su caso lo movieron a las oficinas de ASUME en San Juan. Allí se percatan de algo que cambiaría las reglas del juego: el dinero que le estuvieron reteniendo al papá de su hija había estado enviándose a la cuenta de otro caso.
“Ahí es que ellos se dan cuenta que el dinero lo estaban enviando a otro número de caso. El mío termina en 07, el de la otra persona en 05”, apuntó.
Minguela mostró unos documentos a este medio en el que se evidencia, en efecto, un cambio en la numeración del caso. En 2018, la orden de retención estaba dirigida para el caso 05. Posteriormente, esa orden fue enmendada en 2020 para cambiar el caso a 07.
“Yo escribí un email bastante molesta con la situación y les dije ‘mira, yo tengo la evidencia de que quien cometió el error fueron ustedes’. No fue el patrono de la nena, no fui yo por lo tanto no tengo por qué pagar por lo que ustedes hicieron mal. Tienen que resolverlo”, señaló.
“Y la única respuesta que me dieron fue que la persona que había recibido el dinero había quedado como que voluntariamente en pagar $20 dólares mensuales en lo que saldaba la deuda que son casi 6 mil dólares”, sostuvo.
Y ahora, ¿quién asume la responsabilidad?
Aunque el caso ya se enmendó y Minguela recibe la pensión actualmente, todavía le quedan a deber casi $6 mil.
Expertos consultados por Cuarto Poder entienden que, si en efecto el error fue de ASUME, el rol de la agencia debería ser buscar la forma “inmediata” de reponer ese dinero.
“Una vez se comete el error y una vez esta mamá está yendo a ASUME constantemente diciendo mira que no me ha llegado (el dinero), mira que no me ha llegado… ASUME tiene que atender el asunto. Y si ASUME cometió el error, yo creo que ASUME tiene que resolverlo. Y la forma de resolverlo es escribirle un cheque de $6 mil dólares y pagarle a la señora”, dijo Reynaldo Alegría, presidente de la Comisión de los Derechos por la Niñez del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.
Este medio buscó una reacción de la agencia, pero la administradora de ASUME –Terilyn Sastre- comentó a través de un portavoz de prensa que “por las leyes y reglamentos federales y estatales que regulan el proceso y obligan a mantener todo de forma confidencial, no podrá hacer expresiones de este ni otros casos ante su administración”.
El Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) solicitó al Departamento de Justicia copia del informe preliminar que la agencia preparó tras investigar una querella que imputaba al entonces alcalde de Cidra, Javier Carrasquillo Cruz, incurrir en actos de corrupción y conflicto de interés por otorgar el polémico contrato de recogido de basura de $14.7 millones a la empresa Waste Collection, que pertenecía al entonces asesor legal del ayuntamiento y su “amigo personal” Oscar Santamaría Torres.
Justicia bajo la tutela del exsecretario César Miranda investigó el asunto pero nunca notificó al PFEI, como lo exige la Ley. Tampoco le envió copia del informe preliminar, reveló una investigación de Cuarto Poder (WAPA-TV).
Ese contrato abrió las puertas para que el contratista y ahora convicto federal amasara $121 millones en contratos gubernamentales a través de la empresa Waste Collection. En noviembre pasado, Santamaría Torres se declaró culpable de conspirar para pagar sobornos o “kickbacks” al exalcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado Montalvo, a cambio de recibir contratos para la empresa de recogido de basura.
La presidenta del Panel, Nydia Cotto Vives, confirmó que solicitó el informe del 5 de abril de 2016 tras la publicación del reportaje investigativo de Cuarto Poder, pero no entró en los detalles de la evaluación o en el posible curso de acción de la oficina.
Solo indicó que “lo recibimos y está bajo la evaluación de los miembros del Panel”.
Pese a que el informe calcó el enjambre de manipulaciones y malabares técnicos que propiciaron la polémica transacción, Justicia concluyó que no existía comisión de delito. Por eso, solo refirió el informe preliminar a la Oficina de Ética Gubernamental y la Oficina del Contralor, que tampoco encontraron irregularidades.
Sin embargo, la Fiscalía Federal inició una amplia investigación que desembocó en la convicción de Santamaría Torres y el exalcalde de Cataño, entre otros funcionarios públicos, y que involucró a la empresa de recogido de basura y otros frentes corporativos del abogado.
Mira el reportaje aquí: Cuarto Poder
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