El gobernador Pedro Pierluisi informó que más de la mitad del estudiantado del sistema público está vacunado contra el COVID-19. Dijo que los directores escolares darán seguimiento al estudiantado para asegurarse que se colocan la segunda dosis. Pierluisi aseguró que aquellos alumnos que no tengan la segunda dosis en el término indicado no podrán recibir educación presencial.
El gobernador Pedro Pierluisi dejó en manos de la Administración de Asuntos Federales (PRFAA, por sus siglas en inglés) la petición que hizo el secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), Carmelo Ríos para que no se le pague más a la delegada congresional Elizabeth Torres. Pierluisi dijo que PRFAA debe actuar según la ley y reglamento, lo que implica entonces un referido al Departamento de Justicia. El trabajo de Torres ha sido cuestionado recientemente por un tour en los medios hablando sobre cómo la vacuna de COVID-19 magnetizó su cuerpo lo que ha ejemplificado pegándose tenedores en su espalda y pecho.
La jueza federal Laura Taylor Swain acogió un pedido del grupo organizado de bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para que se nombre un mediador y se establezca un calendario que ponga fin, este mismo año, al proceso de quiebra en esa corporación pública. Dar paso al acuerdo que la Junta Fiscal pactó con los bonistas de la AEE en el verano de 2019 supondría que los abonados de la AEE podrían ver un alza de entre cuatro y seis centavos por kilovatio hora (kvh) durante el 2022.
Los mandatos de mascarillas para interiores en todos los estados, excepto Puerto Rico y Hawái, han expirado, o están programados para ser eliminados.
Varios estados anunciaron que terminarían cuando termine el mes de febrero sus mandatos de uso de mascarilla a medida que retrocede la ola Omicron.
Pasadas las 5:30 p.m. se restableció el servicio de energía eléctrica a todos los clientes, aseguró el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Josué Colón.
“100% clientes con luz. Generacion supliendo 100% demanda de energía”, sostuvo Colón a Cuarto Poder (WAPA-TV).
Diversos sectores de la isla se quedaron sin el servicio de energía eléctrica esta tarde desde la 1:00 p.m. aproximadamente.
A través de sus redes sociales más temprano, la AEE afirmó que un disturbio en las líneas de transmisión en el sistema ocasionó que unidades de la Central San Juan, Palo Seco y la unidad 2 de Aguirre salieran de servicio. Aseguró que quedaron generando energía las plantas de Aguirre, Costa Sur, AES y Eco Eléctrica.
Pero LUMA achacó el apagón a un problema de generación.
“Una baja de 1000MW en la generación provocó una interrupción de servicio que afectó aproximadamente 700,000 clientes. El proceso de restauración de servicio ya comenzó. Estimamos que este tomará aproximadamente entre 4 a 5 horas. Se vieron afectadas unas 200 subestaciones aproximadamente. El servicio ya fue reestablecido en Centro Médico, el Hospital del Maestro, parte de Carolina y Hato Rey. Se está trabajando ahora en áreas de Trujillo Alto”, indicó LUMA en declaraciones escritas.
Desde el pasado 1 de junio, LUMA Energy administra el sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) maneja la generación de energía.
Diversos sectores de la isla se quedaron sin el servicio de energía eléctrica pasada la 1:00 p.m.
Las centrales afectadas incluyen la unidad 3 del central de Palo Seco, las unidades 6 y 2 en la central de San Juan y la unidad 2 de Aguirre. Esto causó que la mitad de los 1.4 millones de clientes de LUMA Energy quedaran sin luz.
Desde el pasado 1 de junio, LUMA Energy administra el sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) maneja la generación de energía.
Josué Colón, director ejecutivo de la AEE estimó que el sistema se podrá restablecer entre cinco a seis horas cuando las líneas de transmisión estén disponibles.
Colón hizo las declaraciones en entrevista televisiva en Lo sé todo (WAPA-TV) y aseguró que el problema no se debió a generación.
A través de sus redes sociales, la AEE afirmó que “un disturbio en el sistema ocasionó que unidades de la Central San Juan, Palo Seco y la unidad 2 de Aguirre salieran de servicio”. Aseguró que quedaron generando energía las plantas de Aguirre, Costa Sur, AES y Eco Eléctrica.
Pero LUMA achacó el apagón a un problema de generación.
“Una baja de 1000MW en la generación provocó una interrupción de servicio que afectó aproximadamente 700,000 clientes. El proceso de restauración de servicio ya comenzó. Estimamos que este tomará aproximadamente entre 4 a 5 horas. Se vieron afectadas unas 200 subestaciones aproximadamente. El servicio ya fue reestablecido en Centro Médico, el Hospital del Maestro, parte de Carolina y Hato Rey. Se está trabajando ahora en áreas de Trujillo Alto”, indicó LUMA en declaraciones escritas.
La autoridades bajaran presentar cargos de alteración a la paz y de agresión menos grave en contra del senador popular, Javier Aponte Dalmau, por el incidente ocurrido con su chófer Rafael Rivera Ramos, según fuentes de Cuarto Poder (WAPA-TV).
Por tratarse de delitos menos graves, solo se expondría al pago de multas.
El viernes pasado, el senador por el Distrito de Carolina y portavoz del Partido Popular Democrático en el Senado, acudió junto a sus abogados José Andreu Fuentes y Ricardo Prieto García a una citación ante el Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina, que investiga la querella presentada por Rivera Ramos. Pero se acogió a su derecho a permanecer en silencio ante la inminencia de la presentación de cargos.
Rivera Ramos presentó una querella ante la Policía la noche del 4 de febrero por un incidente ocurrido en la Ruta 66, en dirección de Río Grande hacia Carolina, en jurisdicción de Canóvanas. El hombre alegó que el legislador lo agarró con sus manos en el área del cuello y le profirió palabras soeces. Aseguró también que su ahora exjefe estaba ebrio.
Posteriormente, Aponte Dalmau reconoció el incidente, pero no mencionó nada sobre las alegaciones de que estaba borracho al momento del altercado.
“Durante la noche del viernes, mientras regresaba a mi residencia tras haber culminado mis labores sostuve una discusión estrictamente verbal con mi chofer, Rafael Rivera. Esta discusión se debió a diferencias que ya habíamos mantenido sobre mi inconformidad con su desempeño en los pasados meses. En la discusión, le manifesté a mi empleado que prescindiría de sus servicios de manera inmediata, a lo que este reaccionó de manera virulenta y destemplada causándome total asombro”, afirmó en ese momento Aponte Dalmau.
Ese 4 de febrero, según información que trascendió, el senador realizaba visitaba varios lugares en Luquillo junto al alcalde, Jesús Gerardo Márquez. Al concluir la jornada, se detuvieron en unos chinchorros del ayuntamiento.
Según fuentes de Cuarto Poder, las diferencias entre Aponte Dalmau y su chófer se venían cocinando. En la semana previa al altercado, habían ocurrido varias situaciones en la oficina del senador, quien aparentemente ya había tomado la decisión de despedirlo.
Este medio solicitó una reacción al senador a través de su portavoz de prensa, pero por ahora no realizará comentarios.
El Centro de Diabetes para Puerto Rico continuará abierto hasta el 30 el junio de este año luego de que la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), identificó $266,000 para evitar el cierre de esta institución como estaba planificado en marzo.
El director ejecutivo del Centro de Diabetes, Miguel Bustelo, previamente informó a Cuarto Poder (WAPA-TV) que su solicitud original había sido por $405,000 para finalizar el año fiscal, pero OGP le pidió bajar esa cifra al mínimo que fue $295,000. Cifra que el propio director de OGP, Juan Carlos Blanco confirmó el pasado lunes al explicar que estaban buscando unos $300,000 y que el asunto se resolvería pronto.
La Junta de Control Fiscal le autorizó al Centro de Diabetes a usar un fondo de reserva de $140,000 y sumando los $266,000 asignados por el Ejecutivo se continuarán dando los servicios.
El reto ahora está en mantener el Centro abierto de julio en adelante. Para esa fecha, ya no contarán con la cuenta de reserva y no se autorizaron $30,000 solicitados como “working capital” para julio en lo que se cuadra el presupuesto del próximo año fiscal.
El anuncio sobre la asignación de fondos lo hizo hoy el gobernador Pedro Pierluisi, mediante comunicado de prensa. En ese mismo escrito Pierluisi sostuvo que la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) “se encuentra brindando asistencia técnica al Centro para que pueda solicitar y recibir fondos federales para expandir sus servicios a pacientes y familiares, además de llevar a cabo investigaciones relacionadas a la diabetes en Puerto Rico.”
De acuerdo a las últimas estadísticas publicadas por el Departamento de Salud, en el 2020, se estimó que el 15.8 por ciento (429,720) de los adultos de la población de Puerto Rico viven con diabetes, en comparación a nivel de Estados Unidos que es un promedio de 9.4 por ciento. Debido a la alta incidencia en la Isla, es importante que los pacientes cuenten con opciones para recibir sus tratamientos y servicios.
La Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario (UPAD), adscrita al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) iniciará una investigación administrativa sobre el supuesto manejo indebido de recursos costeados con fondos públicos en la Legislatura Municipal de Caguas.
Así consta en un documento al que tuvo acceso Cuarto Poder (Wapa TV), en el que se confirma el pronto inicio de la pesquisa administrativa. El pasado 8 de febrero, el programa noticioso publicó un reportaje investigativo sobre las presuntas irregularidades en el ayuntamiento.
Las confidencias recibidas fueron dirigidas específicamente al presidente de la Legislatura Municipal, José Torres Torres y al alcalde de ese pueblo, William Miranda Torres. En el caso de Torres Torres, se alega que supuestamente utilizaba un vehículo oficial del Municipio para su beneficio y no así con fines como líder de la Legislatura Municipal.
Varios empleados del ayuntamiento, incluyendo el exsecretario de la Legislatura, Manuel Díaz Torres, notaron varios de estos actos y alegaron que levantaron bandera por el asunto.
En una declaración jurada, Díaz notó en 2016 que los choferes asignados a Torres Torres no estaban registrando sus salidas.
De igual forma, observó que supuestamente en el 2020, enviaba tareas de sus hijas para que se las imprimieran en la Legislatura y empleados, en horas laborables, se las llevaran a su casa. Cuando se le cuestionó sobre eso, supuestamente dijo que “el alcalde hacía lo mismo”.
Además, en el 2017 habría intentado usar vehículos oficiales del municipio para transportar a los conferenciantes de un seminario en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Cayey, cuando era el organizador del evento.
Ese mismo año, después del huracán María, el presidente supuestamente se llevaba el vehículo oficial a su casa para dormir con aire acondicionado toda la noche en momentos en que el País permanecía sin electricidad.
Tanto Díaz como varios exempleados del ayuntamiento también señalan al alcalde pues, supuestamente sabía sobre el mal uso de recursos y “no tomó cartas en el asunto”.
Entre otras cosas, el colectivo alega haber sido removidos de sus puestos por represalias.
Cuarto Poder (Wapa TV) revisó al detalle al menos tres declaraciones juradas correspondientes a Díaz Torres; Antonio Cruz Gorritz, ex primer vicepresidente de la Legislatura y Yamil Cotto, exchofer del municipio. En las tres, todos alegaron que Torres Torres se “aprovechó” de los poderes legislativos como presidente de ese cuerpo municipal.
También se buscó conversar con Torres Torres y una reacción del alcalde.
El presidente de la Legislatura Municipal negó las alegaciones. “Te aseguro que jamás he utilizado el vehículo asignado a la legislatura para un asunto personal. Ni para interés personal, yo tengo un vehículo propio. Ese vehículo de la legislatura, para que tengas una idea, lo he usado diez veces, como mucho. Es un vehículo que está asignado a la legislatura, pero es para todas las operaciones de la Legislatura”, indicó.
“Yo utilizo siempre para mi trabajo vehículos privados. Jamás se utilizó, ni se puede utilizar, ni se utilizará un vehículo oficial para un asunto que beneficie a un legislador a nivel personal”, reiteró.
El alcalde de Caguas, por su parte, emitió una reacción por escrito, diciendo que estaría refiriendo el asunto a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) para su investigación. El presidente de la Legislatura indicó que también estaría haciendo el mismo referido.
Dentro de esa coyuntura, el alcalde también emitió una comunicación dirigida a Díaz Torres para removerlo de su puesto de carrera por acusaciones de hostigamiento sexual y acoso laboral mientras este laboraba como secretario de la Legislatura. Ante esto, el licenciado reaccionó diciendo que este acto era uno en “represalia” por denunciar las supuestas irregularidades a nivel municipal.
Sobre referidos
El bufete de Maya López Mulero, representación legal de Díaz Torres, refirió el caso al Departamento de Justicia y al PFEI.
La directora de la UPAD, Melanie Grandoné, emitió una comunicación para citar a Díaz Torres a la entidad y entregar documentación.
“Atendido el referido del Panel, el Lcdo. Díaz Torres deberá comparecer personalmente a la UPAD el jueves, 24 de febrero de 2022, a las 10:00 a.m. para presentar los documentos que darán inicio a la investigación administrativa”, lee la misiva firmada con fecha de hoy.
Se solicitó la reacción del presidente de la Legislatura Municipal y del alcalde de Caguas a esta noticia.
Vea el reportaje de Cuarto Poder aquí.
Mientras la representante Lourdes Ramos solicita la renuncia de la presidenta de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Mayda Velasco Bonilla, el secretario de Educación, Eliezer Ramos pide explicaciones por los gastos excesivos realizados en dos reuniones llevadas a cabo en un hotel de Isla Verde.
La representante Ramos dijo que someterá una resolución de investigación en la Cámara de Representantes la próxima semana para que Velasco Bonilla ofrezca explicaciones sobre los gastos excesivos.
En tanto, el titular de Educación dijo que “la forma en que el dinero se gasta requiere explicación…y $25 mil en un fin de semana para una reunión, a todos nos cuesta. Así que vamos a estar pidiendo explicación”.
Los funcionarios hicieron las declaraciones en entrevista en Radio Isla 1320 AM.
“La doctora Velasco, si se respeta a ella misma, debería renunciar a la presidencia de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico,” sostuvo la representante Ramos.
Ramos fue más allá al compartir que la doctora Velasco le faltó el respeto cuando la llamó para pedir explicaciones de la información que publicó Cuarto Poder (WAPA TV) sobre el gasto de más de $30 mil en dos reuniones con integrantes del Comité Externo de Colaboradores.
Asimismo, Ramos le cuestionó a Velasco Bonilla por qué la Junta de Gobierno insiste en cambiar el Sistema de Retiro de la Universidad que es un Fideicomiso y que recientemente el Tribunal retiró a la Junta de Gobierno como fiduciaria. La Junta de Gobierno ha querido, por solicitud de la Junta de Control Fiscal, cambiar el sistema de pensiones de la Universidad de Puerto Rico a un plan definido o un 401k.
“Me grito, me faltó el respeto. Ella hasta me dijo bruta. Es que usted no sabe, usted no comprende, usted no entiende,” recordó Ramos de la conversación telefónica.