Inminente el cierre del Centro de Diabetes en marzo

A pesar de las promesas es inminente el cierre del Centro de Diabetes para Puerto Rico en marzo de este año. El director ejecutivo del Centro, Luis Bustelo lo advirtió el año pasado y recalcó hoy que es real la desaparición del único lugar que atiende a todos los pacientes sin importar sus recursos económico.

La razón; los continuos recortes en el presupuesto del Centro que lo llevaron a eliminar servicios e investigaciones. De seis endocrinólogos que tuvo en su momento, ahora solo hay dos a tiempo parcial lo que limita la cantidad de pacientes que pueden atender.  

Por su parte, la secretaria de la Gobernación, Noelia García confirmó que el Centro tiene fondos para operar hasta marzo y que se sometió una solicitud de presupuesto a la Junta de Control Fiscal.

“Ellos van a estar tomando una decisión este 21 de enero,” dijo la funcionaria en entrevista en el programa Los datos son los datos (Wapa TV).

Agregó que el Director del Centro había pedido $2 millones para la operación pero “en estos momentos no van a ser posibles.”

Sin embargo, en septiembre pasado García aseguró que el Centro de Diabetes no iba a cerrar y que se identificarían los fondos de la ley del Plan de Rescate Americano (ARPA), luego de que en el programa Cuarto Poder se denunciara el posible cierre y la importancia de este Centro.

“No se va a cerrar. Puerto Rico tiene 3.2 millones de personas. El 19% de los ciudadanos de Puerto Rico padece de diabetes,” dijo Noelía García en septiembre pasado, en Los Datos son los Datos.

En esa misma entrevista, García recalcó que asignar los fondos ARPA era una opción viable para que el Centro de Diabetes continuara su operación.

Hoy, la tónica de la Secretaria de la Gobernación era diferente al reiterar que “en el próximo año fiscal podemos analizar si hay espacio, si es viable y si es prudente expandir (los servicios del Centro).”

El licenciado Bustelo sostuvo hoy en Radio Isla que hizo la propuesta para la asignación de fondos ARPA en septiembre pasado y la entregó a la Secretaría de la Gobernación. Pasó el tiempo y la misma no ha sido autorizada. Llegó el 2022 y el documento sigue sin firmarse luego de pasar por el proceso burocrático para tener acceso a este dinero. Hasta la Junta de Control Fiscal vio con buenos ojos autorizar el uso de los fondos ARPA.  No obstante, García no hizo mención en la entrevista de hoy sobre estos fondos que en su momento era la solución inmediata para evitar el cierre del Centro.

García enfatizó que el Centro tiene la capacidad para ser autosustentable y “tienen que haber estrategias creativas que traigan fondos externos para poder subvencionar esta operación”.

La diabetes es la tercera causa de muerte en Puerto Rico.

Vea el reportaje de Cuarto Poder sobre el Centro de Diabetes de Puerto Rico

Secretario de Salud asegura hospitales no han pedido activación de recursos médicos militares

El gobernador Pedro Pierluisi aseguró que 58 % de ocupación de los hospitales no es tanto y que al momento los dueños de hospitales no ven necesario activar a la Guardia Nacional o el ejército para dar apoyo al personal médico de las instituciones que brindan servicios de salud.

Mientras, el secretario de Salud, Carlos Mellado, dijo que esta tarde tendrá otra reunión con los dueños de hospitales para indagar si la situación sigue siendo la misma.

“En este momento, los hospitales no nos han pedido ese tipo de ayuda o activación”, aseguró el titular de Salud.

Desde que el presidente de Estados Unidos Joe Biden hizo el anunció de disponibilidad de los recursos médicos militares, se han activado grupos de trabajo para laborar en hospitales en Nueva York, Newark, Boston, Detroit, Philadelphia y Michigan, entre otras jurisdicciones. Al momento, en Puerto Rico no ha surgido una petición aunque pudiera solicitarse como una asignación de respuesta que se canalizaría a través de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

De otro lado, Mellado informó que todavía no tiene el censo de empleados de los hospitales. Indicó que esta tarde se reúne nuevamente con los administradores de los hospitales para saber el personal con el que cuentan. En Puerto Rico hay 69 hospitales y solo 28 han contestado sobre el censo de sus empleados.

Pierluisi ordena tercera vacuna para mayores de 12 años que quieran tomar clases presenciales

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia.

El gobernador Pedro Pierluisi anunció la firma de una nueva Orden Ejecutiva (OE) a fin de extender hasta el miércoles 2 de febrero las disposiciones vigentes de restricciones relacionadas a la ley seca y el cierre de negocios de 12:00 a. m. a 5:00 a. m.; el 50 por ciento de aforo para todo negocio en interiores donde las personas se remuevan sus mascarillas para consumir alimentos y bebidas; y el 75 por ciento para estos lugares con ocupación en el exterior.

La nueva orden también establece como medida cautelar —a partir del próximo lunes 17 de enero— el 75 por ciento de aforo en todo lugar que atiende público en interiores, tales como centros comerciales, supermercados y farmacias. Esta capacidad de ocupación también aplicará a instalaciones de gobierno que atiendan público.

Sobre actividades multitudinarias con 250 personas o menos, Pierluisi también indicó que solo podrán participar aquellas personas que presenten dosis de refuerzo contra el COVID-19 o una prueba negativa realizada 48 horas o menos antes de asistir al evento.

Las actividades de sobre 250 personas tendrán que ser autorizadas por el Departamento de Salud para la evaluación de sus protocolos, tal como fue el caso de los juegos de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente.

En el caso de los estudiantes de cualquier entidad pública o privada que tengan 12 años o más y que cuenten con la dosis completa de la vacuna, deberán tener la dosis de refuerzo para poder tomar clases presenciales.

Los estudiantes que por alguna razón médica o religiosa no reciban la dosis de refuerzo tendrán que acudir a un profesional de la salud y realizarse cada siete días una prueba viral cualificada, que incluye la de antígenos.

Mientras, quienes ya tuvieron COVID-19 pueden presentar ante la administración de la escuela o institución universitaria un resultado positivo de los pasados tres meses junto con documentación de su recuperación. También podrán recibir educación de forma virtual.

En torno al sector empresarial, los decretos de esta orden ejecutiva aplican a los empleados, dueños, comerciantes, administradores, contratistas y voluntarios que laboran en hoteles, paradores, hospederías, teatros, cines, coliseos, centros de convenciones y centros de actividades.

Por esta razón, Pierluisi instó a los patronos a que permitan a sus empleados vacunarse en horas laborables y les concedan el tiempo necesario para atender los efectos secundarios, si algunos, mediante las licencias de enfermedad o especiales para vacunación.

Tanto los estudiantes como los empleados de la industria del turismo y del entretenimiento que no puedan recibir la dosis de refuerzo —ya sea porque aún no están aptos para recibirla— deberán hacerlo en un término de 30 días desde que sean aptos o cese la condición de salud que se lo impida.

Gobierno destina $3.8 millones para reparar la Calle Fortaleza en el Viejo San Juan

Con una inversión $3.8 millones, el Municipio de San Juan iniciará próximamente la reconstrucción de la Calle Fortaleza, una de las arterias principales de la ciudad capital que se encuentra en un grave estado de deterioro.

Flanqueado por el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia y el secretario de Vivienda, William Rodríguez Rodríguez, el alcalde Miguel Romero Lugo indicó que las mejoras a esta vía se extenderán desde la entrada de la Mansión Ejecutiva hasta el Teatro Tapia. Los trabajos se realizarán por fases para minimizar el impacto en el tránsito y la actividad comercial en la zona.

Las mejoras incluyen la remoción y reparación de los adoquines, mejoras a los drenajes y la reparación de aceras, que se costearán con fondos del programa federal de mejoras a las ciudades. También se utilizará hormigón para evitar el hundimiento de los adoquines, un problema que afloró luego de la última reparación de la transitada vía.

Romero Lugo aseguró que los trabajos se completarán en 11 meses.

“Esperamos que en el pico de la temporada turística esté finalizada”, señaló en rueda de prensa.

La remodelación previa de esta calle desembocó en una demanda entre el ayuntamiento y la constructora Jafer Construction. Hoy el alcalde explicó, a preguntas de la prensa, que las grietas y el hundimiento de los adoquines se debió a un problema de diseño y no a problemas de ejecución de la empresa que realizó el trabajo.

“Para que un contratista responda cuando hay un problema en el diseño que no estaba a su cargo tiene que ser un error de una envergadura. Realmente las posibilidades de triunfo en esta demanda eran mínimas. Había una reconvención contra el municipio y si esto no se reconstruía iba a continuar deteriorándose”, apuntó.

“No hubo que pagar nada por la demanda, pero sí hay unas deudas pendientes de pago con el contratista que tienen que ver con obras que se han realizado, pero no tienen que ver necesariamente con las alegaciones que se hicieron en la demanda”, agregó Romero Lugo.

Suprema jura para hija de conocido líder del PNP en Ponce

(Pablo Colón, su hija Adriana Colón y el juez asociado Erick Kolthoff)

La juramentación privada para ejercer la abogacía de la hija del prominente abogado ponceño, Pablo Colón Santiago, se coordinó directamente con la oficina del juez asociado del Tribunal Supremo, Erick Kolthoff Caraballo, y sin conocimiento de los otros miembros de la curia, confirmó el portavoz de prensa del Poder Judicial.

Pese a que la ceremonia privada se celebró con dos semanas de anticipación a la ceremonia oficial y que su hija es la única que ha juramentado de la clase que pasó la reválida en septiembre pasado, hoy Colón Santiago defendió el acto y argumentó que las críticas son parte de la campaña en su contra porque pronto anunciará su intención de aspirar a la alcaldía de la Ciudad Señorial.

Ayer, en la tarde, Kolthoff Caraballo tomó juramento a la licenciada Adriana Colón en su oficina en la sede del Tribunal Supremo en Puerta de Tierra en momentos que muchos trámites se realizan de forma virtual debido al repunte de contagios causado por la variante Ómicron.

Más tarde, Colón Santiago publicó fotos del acto en su página de Facebook y agradeció al juez asociado y al secretario del tribunal, Javier Sepúlveda, el gesto.

Pero la divulgación de las fotos prendió como la pólvora en las redes sociales por tratarse de un privilegio que se concede a “los amigos del alma”.

“Esta juramentación se coordinó directamente con el despacho del Juez Kolthoff Caraballo. El Tribunal Supremo de Puerto Rico no acostumbra a juramentar de manera individual a los aspirantes al ejercicio de la abogacía. Se desconocen las razones excepcionales que motivaron la juramentación efectuada ayer”, indicó Jean-Carlo Pérez Nieves, portavoz de prensa del Poder Judicial, en declaraciones escritas a este portal de noticias.

También indicó que el pleno del Tribunal ya había acordado celebrar la juramentación de los abogados y las abogadas que aprobaron la reválida de septiembre pasado, en solo dos semanas: el 29 de enero.

“Según informó el Secretario del Tribunal, el Lcdo. Javier Sepúlveda, aparte de la Lcda. Adriana S. Colón, de ese grupo, no se ha juramentado a otro u otra aspirante”, respondió Pérez Nieves.

En septiembre pasado, 163 aspirantes aprobaron el examen de derecho general y podrían juramentar a finales de mes si cumplen con los requisitos que establece el Reglamento del Tribunal Supremo, entre ellos, pasar por el crisol de la Comisión de Reputación de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía.

Colón Santiago, un conocido abogado ponceño cuyo nombre en un momento se mencionó para ocupar la silla de Secretario de Justicia, señaló que el Reglamento del Tribunal Supremo permitía este tipo de excepción y que en su caso existía una razón válida para adelantar la jura de su primogénita.

“En mi caso particular, yo me voy a someter a una operación quirúrgica que va a afectar mi desempeño como abogado por un término que no tenemos certeza porque todo depende de como salga la operación”, indicó en entrevista telefónica.

“Ante eso yo le pedí al juez Kolthoff, que es mi amigo, porque lo considero mi amigo y él a mí, que si me podía asistir en eso. Él me dijo que después que se cumplieran con todas las disposiciones y requisitos para esa juramentación, como lo respectivo a la Comisión de Reputación, que ya también se hizo, que él la juramentaba. Evidentemente, tuvo la deferencia probablemente por la estima que tiene por mí de hacerlo en su oficina presencialmente”, agregó.

La Regla 13 del Reglamento del Tribunal Supremo establece que “luego de cumplir con los requisitos exigidos por dicha Comisión y aprobados por este Tribunal, y que la Comisión (de Reputación de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía) expida un certificado acreditativo de su buena reputación, el o la solicitante prestará juramento ante el Tribunal Supremo en Pleno o ante cualquiera de sus salas o de sus Jueces y Juezas”.

“Lo podía hacer virtualmente. Lo podía hacer de cualquier forma. Lo importante es que lo hiciera, pero quiso hacerlo personalmente. Yo probablemente cuando venga la juramentación general yo no esté disponible tampoco. Esta es mi primogénita. Es lo más que quiero en el mundo”, apuntaló el abogado.

¿No cree que es un privilegio indebido?, preguntó este medio.

“Para nada y pueden preguntar todas las veces que esto ha pasado en el Tribunal Supremo. No es ningún privilegio indebido. Al contrario, es un acto de buena voluntad, un acto de reconocimiento de que hay circunstancias y hay circunstancias. No creo que haya un ser humano que pueda hablar mal de la reputación del juez Kolthoff, que es un ser humano extraordinario. Me duele en alma esto a mí”, abundó.

¿Es cierto que está considerando lanzarse como candidato a la alcaldía de Ponce?

“Por eso, es que tiran todo esto. Claro que lo voy a hacer y con mucho gusto. Por eso, es que pasa esto, porque todo en este país se mezcla con la política. Yo voy a anunciar próximamente que voy a aspirar como candidato a la alcaldía del Ponce por el Partido Nuevo Progresista. Todo es cuestión política, aquí todo es política en este país, pero sabes qué, no me van a quitar tampoco el deseo que tengo de servir a la ciudad que me ha dado la vida, que me sacó de un campo donde dormía con 5 en una cama y me ha llevado a donde estoy”, concluyó.

¿La elección por la Alcaldía de Guaynabo o el regreso a la política de Héctor O’Neill?

Aunque hace solo dos meses, Héctor O’Neill García se declaró culpable de cargos de hostigamiento sexual en el empleo, un cargo de maltrato de la Ley de Violencia Doméstica y una violación a la Ley de Ética Gubernamental, la elección especial por la Alcaldía de Guaynabo afianza su regreso a la política, al menos tras bastidores.

Mientras O’Neill García espera por su sentencia pautada para el 18 de febrero en el Tribunal de Bayamón, diversas fuentes aseguran que se mantiene en la calle, organizando las comunidades y delineando la estrategia política de su hijo Edward O’Neill Rosa, quien se perfila como virtual ganador de la contienda electoral en Guaynabo.

Aunque Edward O’Neill Rosa dice que su administración será diferente a la gobernanza de su padre, quien regentó los destinos de Guaynabo durante 24 años, y al gobierno del exalcalde Ángel Pérez Otero, quien renunció tras ser acusado por aceptar sobornos a cambio de contratos municipales, el excelador de la Autoridad de Energía Eléctrica ha insistido en que viene a “reinvindicar” la gestión de su padre.

El hoy convicto exalcalde O’Neill García se mueve en una guagua por Guaynabo colocando rótulos de la campaña de su hijo, comentó una fuente que lo vio en esa faena.

Aunque en el camino, Edward se desliga del apellido O’Neill y no lo menciona en los letreros y anuncios de campaña también se supo mediante fuentes que su hermano Héctor “El Cano” O’Neill Rosa lo ayuda en la contienda.

En un caso civil, un jurado federal determinó que “El Cano” cometió actos de acoso sexual y ordenó al Municipio de Guaynabo pagar más de $1 millón a la víctima.

Otra persona, con conocimiento del proceso electoral, indicó que “El Cano” es un duro en el asunto de “la pesca de votos”. “Conoce como mover a los líderes de barrio. Sabe a quién tocar y a quién no tocar”, precisó.

También surgen otros indicios del regreso del exalcalde y del cambio de percepción en torno al clan O’Neill.

A una semana de la elección especial, el senador y secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), Carmelo Ríos Santiago, minimizó las acciones que desembocaron en la convicción de O’Neill García al tildarlas de asuntos “personales” que no han afectado las aspiraciones de su hijo, quien perdió la primaria cuando se enfrentó a Ángel Pérez Otero.

“Parecería que al momento está a favor de Edward O’Neill cuando vimos una encuesta que salió publicada que el 75% de los guaynabeños estiman que Héctor O’Neill, su papá, fue un gran alcalde, pues es un número bien alto… Y esto lo que me dice a mí es que ese voto que estuvo disponible para Héctor O’Neill en algún momento, ahora estaría disponible para traspasarlo a su hijo que tiene su mérito, pero no deja de ser un apellido fuerte”, indicó Ríos Santiago el periódico Metro.

No acaba ahí.

Previamente el portavoz del PNP en el Senado, Thomas Rivera Schatz tuvo un desliz, algunos pudieran decir que freudiano, y anticipó en una intervención como analista político televisivo que Héctor O’Neill ganaría la elección especial del 15 de enero antes de titubear y aclarar que se refería a Edward O’Neill Rosa.

Georgie Navarro asegura sus empleados no participan en campaña write-in para Alcaldía de Guaynabo

El representante Jorge “Georgie” Navarro Suárez negó que empleados de su oficina trabajen en la campaña “write-in” que busca convertirlo en el próximo alcalde de Guaynabo, mientras indicó que está listo para acudir a los tribunales a “defender la voluntad del pueblo” si prevalece en la elección especial de este sábado.

El actual representante del Distrito 5, que comprende a Aguas Buenas, San Juan y Guaynabo, no participa oficialmente en el proceso porque apenas lleva unos meses viviendo en el ayuntamiento. El Código Municipal exige que haya vivido por lo menos un año previo a la fecha del evento electoral. Previamente residía en San Juan.

Pero Navarro Suárez ya cambió su domicilio electoral y podrá votar en la elección especial, que cuenta con cinco candidatos y candidatas certificados para escoger al sustituto de Ángel Pérez Otero, quien renunció al cargo tras ser acusado de participar en un esquema de sobornos a cambio de conceder contratos municipales.

“No (no hay empleados), esto es un movimiento que surge de los líderes de barrios”, indicó ante cuestionamientos que han surgido sobre su participación de empleados en el proceso.

En entrevista con este portal de noticias, Navarro Suárez indicó que el presidente de la Unidad 9 del barrio Mamey, Antonio Betancourt preside el grupo que impulsa su candidatura por el método de nominación directa.

“Ya fue certificado por el auditor electoral, por ende, todo lo que se ha levantado por ese movimiento está ya registrado y siendo evaluado por los auditores”, respondió.

La elección especial se llevará a cabo este sábado. Los aspirantes a regentar el Municipio de Guaynabo son: Dana Miró Medina, una ayudante del Secretario de Salud y esposa del productor Luis Vigoreaux, Edward O’Neill Rosa, el hijo del convicto exalcalde Héctor O’Neill García; el excandidato a la alcaldía Ricardo Aponte Martínez, el legislador municipal Julio “Pipe” Abreu Sáez y la doctora Marigdalia Ramírez Fort.

Las encuestas colocan a O’Neill García al frente de la contienda. Pero Navarro Suárez adelantó estaba preparado para dar la batalla legal de imponerse en la elección porque “pienso que el Partido impugnaría la certificación porque la Ley así lo establece”.

Aunque no cumple no el requisito de residencia, insistió en que lucharía “para que se respete la voluntad del pueblo”.

Gobernador insiste en no identificar a personas que indultó pero asegura no están vinculados a políticos

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia.

Una vez más el gobernador Pedro Pierluisi insistió en que no dará a conocer los nombres de las personas que indultó porque a su juicio no contribuye con el proceso de rehabilitación que persigue pero ofreció al diario Noticel algunos detalles de los casos. Aseguró además que las personas no tienen vínculo con ningún político y que no se trata de casos que hayan sido casos de alto interés público. Los beneficiarios tienen entre 28 y 71 años. Las dificultades de conseguir trabajo con su récord criminal y, en uno de los casos, por figurar en el Registro de Ofensores Sexuales, así como cambios en la vida de los solicitantes fueron las razones para recibir la clemencia ejecutiva. Ninguno de los beneficiarios estaba encarcelado al momento de la clemencia.

Noticel