El Senado aprobó una medida que enmienda la Ley del Departamento del Seguridad Pública de Puerto Rico con el fin de aclarar los derechos o beneficios que ostentará un exgobernante, para establecer que no disfrutará de los beneficios de escolta si decide renunciar al cargo y además, eliminar la discreción del Comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico para proveer escoltas a un exfuncionario.
¿Tiene el Congreso la autoridad para negarle a Puerto Rico y a otros territorios beneficios de asistencia social?
Esta pregunta sirvió de guía a los jueces y las juezas de la Corte Suprema de Estados Unidos, que hoy celebró una vista para escuchar argumentos relacionados al caso Vaello-Madero, que involucra la extensión del beneficio del Seguro Social Suplementario (SSI, en inglés) a los residentes de Puerto Rico. Este programa federal ofrece asistencia económica a personas de escasos recursos, ciegas, incapacitadas o mayores de 65 años que residen en los estados, Washington DC y las Islas Mariana del Norte.
Durante la audiencia, algunos jueces expresaron preocupación de que un fallo amplio a favor del trato igual o de la extensión del programa a Puerto Rico alteraría numerosas políticas federales que diferencian a los territorios y de los estados.
Como parte de la discusión también afloró la situación colonial del archipiélago, la quiebra gubernamental y la confusión que genera la ambigüedad el Estado Libre Asociado, actual estatus de Puerto Rico.
La audiencia arrancó con una breve exposición del procurador general adjunto, Curtis Gannon, quien planteó que era racional dejar en manos del Congreso la decisión de decidir si correspondía extender el SSI a Puerto Rico. Pese a que reconoció que el principio de igual protección de las leyes aplicaba en este caso, justificó el trato diferente que recibían los puertorriqueños debido a la autonomía fiscal de la Isla, que no paga impuestos federales.
Afirmó que tanto la Corte Federal en Puerto Rico como el Primer Circuito de Apelaciones erraron al concluir que era inconstitucional no extender ese beneficio a los residentes de Puerto Rico porque violaba el principio de igual protección de las leyes consagrado en la Constitución de Estados Unidos.
“Corresponde la Congreso hacer ese balance entre impuestos y beneficios. Ya el presidente pidió al Congreso extender los beneficios del SSI a los residentes de Puerto Rico”, afirmó.
Como parte de las medidas de asistencia social incluidas en el proyecto de reconsideración presupuestaria, el presidente Joe Biden solicitó extender el SSI a la Isla a partir del 2024. Esa medida está pendiente de aprobación.
A pesar de la posición de Biden, su administración defendió la exclusión insistiendo en que se trata de un asunto de política que corresponde atender al Congreso. Pero varios jueces mostraron escepticismo al cuestionar la “justificación racional” para dicha política.
En su turno, Gannon enfrentó preguntas sobre el alcance de la clausula territorial y su fundamento para permitir las acciones del gobierno federal; así como de los casos insulares, que concluyeron que Puerto Rico es un territorio no incorporado, que pertenece a, pero no es parte de Estados Unidos.
“No creo que afecte el análisis de la Corte… Los casos insulares eran sobre si diferentes partes de la Constitución aplicaban de forma distinta a los territorios”, apuntó a preguntas del presidente de la curia, John Roberts.
En otro momento, el juez Neil Gorsuch preguntó ¿por qué no admitimos que los casos insulares de resolvieron de forma incorrecta?.
“La posición del gobierno en los casos insulares es que algo de ese razonamiento y de esa retórica son obviamente anatema y lo ha sido por décadas”, indicó.
La jueza puertorriqueña Sonia Sotomayor machacó en el asunto del trato diferente y la justificación económica para la exclusión puesto que se trata de un programa federal, que no contempla costos para los estados.
“Los puertorriqueños son ciudadanos y la Constitución les aplica a ellos”, apuntó. “Esas personas indigentes son tratadas de forma diferente a los indigentes en los 50 estados”, agregó Sotomayor.
El juez Stephen Breyer abordó la confusión que crea la relación de la Isla con Estados Unidos y mencionó el Estado Libre Asociado, que mencionó en español.
“Nadie sabe exactamente qué es eso”, esgrimió.
Como parte de esa línea de preguntas, Gannon aseguró que el gobierno “no le dijo algo a las Naciones Unidades que no era cierto” e insistió en la autonomía fiscal y política de Puerto Rico. Pero el juez replicó “ese es el mismo gobierno en bancarrota”. Continuó enumerando la Ley Promesa, la quiebra gubernamental y la Junta de Control Fiscal, impuesta por el Congreso para tomar decisiones por la Puerto Rico.
Gannon aseguró que la ley era temporera en lo que Puerto Rico recuperaba su solidez fiscal.
El abogado de José Luis Vaello-Madero, Hernann Ferré repasó los inicios del caso. Resumió que Ferré vivía en Nueva York, donde recibía el beneficio del SSI. Luego de mudó a la Isla y continuó recibiendo el beneficio hasta que las autoridades revocaron la ayuda. También lo demandaron para recuperar los $28,000 desembolsados desde que se mudó a la Isla pese a que se encuentra incapacitado y no puede trabajar.
“La decisión del Congreso de excluir a los pobres e incapacitados de Puerto Rico se apoya solamente en la premisa falsa de que viven fuera de Estados Unidos”, indicó el letrado.
“Es simplemente irracional tratar a Vaello-Madero diferente solo porque ahora vive en Puerto Rico”, abundó.
Apuntaló también que esta situación afecta a todo ciudadano estadounidense que se muda al archipiélago. Aunque el Congreso apruebe la legislación propuesta por Biden, este caso no muere a menos que no se elimine la exclusión de forma retroactiva.
Después de 11 meses de estar vacante el cargo, el Senado de Puerto Rico confirmó con 19 votos a favor y 5 en contra a Omar Marrero como secretario de Estado.
Esto significa que el también director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) ocupará la posición en propiedad.
Los senadores Rafael Bernabe y Ana Irma Rivera Lassen del Movimiento Victoria Ciudadana, la senadora María de Lourdes Santiago del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), el senador independiente José Vargas Vidot y el senador Juan Zaragoza del Partido Popular Democrático (PPD) votaron en contra de Marrero.
La votación del pleno de la Cámara alta ocurrió un día después de que la Comisión de Nombramientos rindió un informe positivo recomendando la designación. La Comisión refrendó el nombramiento con 10 votos a favor y tres en contra.
El pasado 16 de septiembre la Cámara de Representantes aprobó el nombramiento de Marrero debido a que este cargo requiere del consejo y consentimiento de ambos cuerpos legislativos.
El nombramiento del primer nominado por el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia a ocupar el cargo, Larry Seilhamer Rodríguez, naufragó en la Cámara de Representantes por su posición en torno al polémico contrato de LUMA Energy, consorcio canadiense que desde el 1 de junio administra el sistema de distribución y transmisión de la red eléctrica, y por diferencias con el mandatario, que rechazó negociar el nombramiento a cambio de la aprobación de una reforma electoral.
Marrero Díaz, como director ejecutivo de la Aafaf y presidente de la junta de directores de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, participó en el proceso de otorgamiento y evaluación del contrato de LUMA Energy.
La jefa interina de los fiscales del Departamento de Justicia, Jessika Correa González, informó que los fiscales a cargo de la investigación sobre la muerte de María Paola Hernández Agosto se encuentran entrevistando testigos y proveyendo al Instituto de Ciencias Forenses toda la evidencia adicional requerida para que pueda completar su análisis y determinar la causa del fallecimiento.
“Hubo una reunión inicial con los patólogos del Instituto de Ciencias Forenses, a quienes les hemos estado proveyendo evidencia adicional para complementar el análisis pericial. Como de ordinario, la fiscalía continúa trabajando en la investigación con el apoyo de la Policía y ha estado en contacto directo con el personal del Instituto de Ciencias Forenses. Este tipo de casos exige un trabajo arduo que toma su tiempo”, informó Correa González al rechazar publicaciones que apuntan a que los componentes investigativos no se han reunido.
“Los fiscales asignados a la investigación han estado trabajando todos los días en el caso de María Paola. Estos continúan realizando las entrevistas necesarias para completar la investigación que, con la prueba pericial sobre el estado del cuerpo y la evidencia recopilada en la residencia, nos deben dar un cuadro claro de lo que sucedió”, puntualizó Correa González.
Tal y como había expresado anteriormente, la jefa de los fiscales interina reiteró que la investigación del Ministerio Público es amplia e incluye todos los posibles escenarios. “El pueblo puede confiar en que estamos haciendo el trabajo que requiere este caso de una manera diligente y responsable. Se asignaron dos fiscales, uno de ellos de la unidad especializada de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del Departamento de Justicia, para asegurar que se cubran todos los ángulos. Vamos a tomar una determinación basada en evidencia. Nuestro objetivo es descubrir la verdad y hacer justicia”, destacó Correa González.
Hernández Agosto falleció de una herida de bala el pasado viernes, 29 de octubre. Su esposo, José Bobonis, informó que fue un suicidio.
La jueza Milagros Muñiz Más del Tribunal de Bayamón encontró hoy causa para el arresto del exalcalde de Corozal, Sergio Torres Torres, por un cargo de violación de comunicaciones personal del Código Penal, informó el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente.
La togada impuso una fianza de $10,000 y pautó la vista preliminar para el 22 de noviembre.
Los fiscales especiales independientes Miguel Colón Ortiz y Zulma Fúster Troche presentaron la denuncia durante la mañana del martes.
Torres Torres será fichado mañana 10 de noviembre, a las 10:00 a.m., en la oficina del Panel en Santurce.
El pasado 21 de junio, el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, informó que la agencia culminó su investigación preliminar y recomendó al Panel la designación de un fiscal especial Independiente para el exalcalde de Corozal.
Según detalló Emanuelli Hernández, Justicia recibió el 9 de octubre de 2020 un referido relacionado a una auditoría realizada por la oficina de la Contralora, Yesmín Valdivieso Galib, que detectó que el entonces alcalde grababa las comunicaciones telefónicas en el municipio. La Contralora ordenó que el funcionario desistiera de esa práctica.
El presidente de LUMA Energy, Wayne Stensby, tiene hasta hoy a las 5:00 p.m. para entregar la información que debe a la Cámara de Representantes. De fallar a esta orden, el juez Anthony Cuevas Ramos del Tribunal de San Juan advirtió que ordenará su arresto.
“Se le advierte que tiene hasta el día de hoy 9 de noviembre de 2021 a las 5:00p.m. para cumplir con esta Orden. Transcurrido dicho término sin haber cumplido y apercibido el Tribunal de su incumplimiento se procederá a ordenar el arresto e ingreso inmediato del Sr. Wayne Stensby hasta que cumpla con la entrega de todos los requerimientos aquí ordenados”, reza la resolución y orden del togado.
Luego de la vista en su fondo celebrada por Cuevas Ramos el pasado 27 de octubre, afloraron rumores de que Stensby dimitiría al cargo para evitar un posible arresto y para frenar la crisis mediática que esta situación causaba al consorcio canadiense, que administra el sistema de transmisión y distribución de la red eléctrica desde el 1 de junio pasado.
El documento de 16 páginas, con fecha del 9 de noviembre, repasa los documentos entregados y la información pendiente por entregar a la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía de la Cámara baja.
Según la resolución, LUMA tiene que entregar:
-Todas las facturas, timesheets, documentos de apoyo, generadas por los empleados, consultores y contratistas de LUMA Energy durante el proceso de transición (front end transición period). (No los resúmenes que aparecen en la página de la P3 y los informes mensuales de LUMA Energy al negociado)
-Estudios, proyecciones y estimados preparados por LUMA Energy sobre la cantidad de empleados que tiene que contratar para poder operar el sistema de transmisión y distribución conforme al contrato.
-Las minutas, audios y grabaciones de todas las reuniones celebradas por LUMA Energy ServCo, LLC y LUMA Energy ManageCo, LLC y cualquier de sus subsidiarias, desde el comienzo de sus operaciones en Puerto Rico hasta el presente.
-Todas las comunicaciones, tales como, pero sin limitarse a cartas, correos electrónicos (emails), mensajes de texto, entre el presidente de LUMA Energy, y cualesquiera de sus subsidiarias, con cualquier funcionario del gobierno de Puerto Rico, sobre información que tenga cualquier funcionario del gobierno de Puerto Rico, sobre información que tenga cualquier clase de relación o conexión con los procesos antes, durante y después de la aprobación y certificación del acuerdo o contrato de LUMA ENERGY en Puerto Rico.
-La compensación anual total del Presidente, y los seis principales ejecutivos de LUMA ENERGY en Puerto Rico. Favor hacer un desglose de los beneficios marginales.
-Información, tal como, pero sin limitarse a cartas, minutas, correos electrónicos (emails), entre otros, de la reunión o las reuniones, que certifiquen la elección del Presidente de LUMA ENERGY en Puerto
Rico.
-Información de los miembros de la Junta de Directores de LUMA ENERGY SERVCO y LUMA ENERGY MANAGECO, incluyendo nombre legal, compensación, posición y lugar de residencia.
-La lista de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que han sido entrevistados hasta la fecha.
-La lista de cualquier empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica que ha sido reclutado hasta la fecha, incluyendo sus puestos y salarios.
La Junta de Supervisión está sumamente preocupada por los Proyectos 775 y 776 de la Cámara de Representantes de Puerto Rico. Estos proyectos de ley perjudican la transformación –que debió de haberse producido hace tiempo– del sector energético de Puerto Rico. Contrario a los requisitos de los Planes Fiscales Certificados para el Gobierno y la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE), los proyectos de ley devuelven a la AEE el control del sector energético de Puerto Rico.
Ambas medidas pasaron el crisol de la Cámara de Representantes, pero quedaron pendientes de votación en el Senado. La última anotación en el registro electrónico de medidas consigna que el 28 de octubre quedaron en el calendario de órdenes especiales a la espera de la consideración de la Cámara alta.
La AEE es motivo de preocupación para la mayoría de las personas en Puerto Rico. Durante décadas, la AEE ha ignorado sistemáticamente el mantenimiento y se ha centrado en reaccionar a los problemas en lugar de prevenirlos proactivamente. Esta mala administración ha dado lugar a un rendimiento constantemente deficiente y a interrupciones regulares del servicio eléctrico. En la década previo a los huracanes y a la quiebra de la AEE, ésta tenía un déficit presupuestario que finalmente tuvo como desenlace la quiebra.
Los Planes Fiscales ofrecen un enfoque detallado para transformar el sector energético de Puerto Rico y proporcionar una energía más fiable, asequible y limpia. Un componente clave es evitar la interferencia política que ha afectado a la AEE durante décadas. En efecto, los proyectos de ley reintroducen el potencial de interferencia política y obstaculizan la transformación del sector energético.
El PC 775 disminuiría la participación de la Autoridad AAPP (P3A, en inglés) y del regulador energético independiente de Puerto Rico, el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR). Según el proyecto de ley, la AEE tendría la autoridad de supervisión sobre cualquier contrato de alianza, no la AAPP, según se define en la Ley 29-2009. Además, el proyecto de ley protegería a los funcionarios que se negaran a cooperar con las AAPP de las graves consecuencias de la ley actual.
El PC 776 pretende dejar a la Junta de Directores de la AEE a cargo de la supervisión de los operadores privados y perjudica la transformación de la AEE, lo cual es directamente contrario a los Planes Fiscales del Gobierno y de la AEE. La AEE ha fracasado durante muchos años en operar la red eléctrica y las instalaciones generatrices de manera efectiva y competente. Facultar a la Junta de la AEE para que supervise y controle esencialmente al operador privado impedirá, como mínimo, la transformación del sistema energético que es fundamental para mejorar la calidad de vida y el clima empresarial en Puerto Rico.
Los proyectos de ley también interfieren con el método de los Planes Fiscales para que la AEE logre la responsabilidad fiscal y el acceso a los mercados de capital, según lo dispone PROMESA. El proceso de transformación en cuanto a las instalaciones generatrices de la AEE está bien encaminado y la AAPP ya ha recibido propuestas de los participantes del mercado, las cuales están siendo evaluadas. Cambiar la naturaleza de supervisión de los acuerdos vigentes en este momento amenaza con retrasar el proceso en cuestión. Puerto Rico necesita continuar con la transformación. El pueblo de Puerto Rico merece algo mejor que lo que la AEE le ha brindado.
La Junta de Supervisión se reserva el derecho de tomar las medidas que considere necesarias, incluida la búsqueda de recursos para evitar la adopción y aplicación de la ley. La Junta de Supervisión espera que tales acciones sean innecesarias.
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Si el Plan de Ajuste de la Deuda se confirma como se ha propuesto, entre 5,000 y 6,000 maestros podrían renunciar a sus puestos de trabajo, advirtió la Asociación de Maestros.
La organización que agrupa al magisterio del sistema público de enseñanza dijo que estos profesionales ya cumplen con alguno de los criterios para jubilarse, y las condiciones para acogerse al retiro que se contemplan supondrán más cargas y menos beneficios después de una vida dedicada a la enseñanza.
Entre otras cosas, el Plan de Ajuste de la Deuda establecería que los educadores que no sean elegibles para jubilarse al momento de la confirmación de la propuesta tendrían que aguardar tres años para acogerse al retiro. Y aquellos que hoy tengan una edad aproximada de 45 años tendrían que trabajar otros 18 años, hasta los 63 años de edad, para acogerse a la jubilación.
Las personas están dispuestos a pagar más por una propiedad residencial, debido a la falta de inventario de casas a la venta en Puerto Rico.Las estadísticas mensuales hipotecarias indican que en el segundo trimestre del 2021, el pago promedio de las nuevas hipotecas en la Isla ronda los $1,200.
Esta cifra es más alta que la del primer trimestre, con un promedio de mensualidades que rondaba los $1,050 y que compara con el mismo trimestre del 2019 y el 2020.
De acuerdo a José Camacho, presidente de la Asociación de Corredores de Bienes Raíces de Puerto Rico (PRAR, por sus siglas en inglés), “esto demuestra que las propiedades están más caras y que la gente está dispuesta a pagar más por ellas por la escasez que hay de unidades residenciales disponibles para la venta”.