La falta de empleados a consecuencia de la pandemia obligó a la empresa puertorriqueña Kikuet a automatizar parte de la producción de sus famosas empanadillas, por lo que ahora el cierre de este producto, que se realizaba a mano y creaba una trenza, tuvo un cambio de apariencia. La pérdida de empleados provocó una reducción en la producción, a la vez que la demanda aumentó, por lo que no tuvieron otra opción que automatizar con máquinas el cierre de las empanadillas.
El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia y el secretario de Salud, Carlos Mellado López, informaron hoy la partida abrupta del principal oficial de Epidemiología, José Becerra López, luego de que el funcionario denunció que la imagen del mandatario y el propio secretario van por encima de la comunicación de salud pública.
La controversia que desembocó en la salida del funcionario empezó cuando en la mañana del miércoles recurrió a su blog personal para atacar el trabajo y la fiscalización de la prensa. Horas más tarde, Mellado López -a través de su cuenta de Twitter- se distanció de esas expresiones.
Becerra López respondió a esas expresiones colgando en su blog una carta dirigida a Mellado López reclamando “autonomía científica” y solicitando un canal de comunicación directo sin la intervención de la portavoz de prensa de la agencia, Lisdián Acevedo.
“Yo no puedo trabajar con una Oficina de Comunicaciones cuyo “único fin es que el Departamento, Mellado y el Gobernador luzcan bien”. Como ya le he indicado desde nuestra entrevista inicial, tales condiciones serían inaceptables”, consignó Becerra López en su blog.
“La actual Oficina de Comunicaciones está dirigida por una relacionista público sin preparación en salud pública que pretende “establecer la estrategia del Departamento en respuesta a la pandemia”. Absolutamente inaceptable, más aun cuando añade: “requiero más diligencia en la información de epidemiología que solicito”, añadió.
Ante estas expresiones, la prensa preguntó al gobernador y al titular de Salud si el funcionario permanecería en la agencia.
“Me informaron hace un rato que el doctor Becerra renunció a su cargo. La información que me llegó es que renunció a su cargo. El secretario pudiera expandir si tiene más información”, soltó Pierluisi Urrutia en rueda de prensa en La Fortaleza para anunciar medidas que buscan frenar el repunte de casos de COVID-19 en la isla.
Mellado López ofreció una respuesta larga hasta describir la salida de Becerra López de la agencia como una “renuncia constructiva”, aunque aclaró que hasta ese momento no había recibido una carta formal de renuncia.
“Ciertamente yo respeto al doctor Becerra como científico. Es excelente científico. No obstante, me enteré por los medios que él había emitido una carta en su blog que decía que no aceptaba una serie de condiciones del Departamento de Salud. Muy lamentable porque vuelvo y repito, en su trabajo yo no tengo ningún tipo queja. No obstante, hay diferentes estilos y yo no comparto la opinión que tuvo en ese blog. Así que me limito a decir eso. La semana que viene estaremos anunciando que va a pasar”, apuntó.
“Yo hablé con él. Lo que pasa que él a mí no ha enviado una carta de renuncia. Lo hizo a través del blog”, abundó.
Mellado López también lamentó que las diferencias en estilos y visiones impidieran que ambos trabajaran juntos para derrotar la pandemia del COVID-19.
Pero en entrevista con radial en WKAQ con Jay Fonseca, Becerra López aclaró que envió a Mellado López esa carta que publicó hoy en su blog, el pasado 29 de julio. Señaló que no constituía una renuncia sino que se trató de una misiva para “condicionar mi permanencia (en la agencia) y se hizo hace varias semanas”.
“En salud pública tenemos el concepto de un comunicador de riesgo, una persona capacitada en poder comunicar los riesgos de covid, de las vacunas y poder educar a la opinión pública al respecto y que establezca una estrategia del Departamento de Salud para comunicar eso interna y externamente”, afirmó.
“Eso pues lo he buscado y no existe en el Departamento de Salud y me he encontrado con ese conflicto y por eso lo señalé desde mi inicio hace tres meses cuando ingresé al Departamento. Yo creo que debemos darle al doctor Mellado el beneficio de la duda de que no ha podido leer bien ese blog. Él fue informado sobre lo que yo escribí y quizás ha entendido algo que yo no he escrito”, agregó.
Apuntó que su denuncia sobre la imagen del gobernador y del titular de Salud constituyó una cita directa de una comunicación de la portavoz de prensa de la agencia. “No lo digo yo, así lo ha escrito ella”.
Mostró disposición a permanecer en la agencia si se atendía su reclamo para mejorar la estrategia de comunicación pública y se disculpó si sus palabras se entendieron como un ataque a la prensa porque aseguró iban dirigidas a un periodista “que me ha tratado muy hostilmente” y que indicó sacó sus palabras fuera de contexto en un artículo crítico sobre los centros de cuido de adultos.
Becerra López, quien ha sido señalado por algunos empleados municipales de epidemiología por un alegado trato hostil, indicó que procurará permanecer en la Coalición Científica que asesora al Ejecutivo, que no cuenta con un epidemiólogo. Aunque reiteró su señalamiento de que algunos epidemiólogos municipales tienen “graves deficiencias”, expresó su agradecimiento por “la labor que hicieron previo a la vacunación”.
El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia extendió el mandato de vacunación obligatoria contra el COVID-19 a los empleados y clientes de restaurantes y barras en un intento por frenar el repunte del virus en la isla.
Los establecimientos que no acojan esta directriz, que entra en vigor el 23 de agosto, tendrán que reducir su aforo a un 50% de capacidad.
Pierluisi Urrutia detalló que esta nueva orden ejecutiva también abarca a los empleados que laboran en chinchorros, cafetines ‘sports bar’, teatros, cines, coliseos, centros de convenciones u otros lugares cerrados que celebraren actividades donde las personas se concentren y se remuevan las mascarillas.
“Esto es para espacios cerrados… no aplica a los servicios de entrega, servicarro o delivery y lugares abiertos”, indicó el mandatario.
Quedan exentos de la vacunación obligatoria las personas que tengan alguna condición médico u objeten el pinchazo por razones de su credo. En esos casos, estos empleados deberán mostrar una prueba negativa del virus periódicamente.
“Este gobierno tiene como interés apremiante salvaguardar la vida de toda la población en general y asegurar minimizar la posibilidad de contagio en actividades medulares y lugares de alta exposición al virus”, afirmó el mandatario.
A tenor con esta orden, los comercios y establecimientos deberán colgar afiches en lugares visibles notificando la línea confidencial del Departamento de Salud e informando si en el lugar exige evidencia de vacunación o prueba negativa contra el COVID-19.
En esa línea, el gobernador subrayó que cualquier persona o empresa que infrinja la Orden Ejecutiva incurrirá en un delito menos grave y se expone a un máximo de seis meses de cárcel, una multa que no excederá $5,000 o ambos castigos, según la discreción del Tribunal.
Pierluisi Urrutia también informó que próximamente estará disponible una identificación digital de vacunación a través de la aplicación de CESCO Digital, que se implementará por fases.
Como parte de su estrategia para promover la vacunación, Pierluisi Urritia anunció que todas las personas que se inocularon o lo hagan en o antes del 25 de agosto podrán participar de la segunda edición de la iniciativa “VacunarTE paga”. Este sorteo contará con 2 premios de $25,000, 3 premios de $15,000, 6 premios de $10,000, 10 premios de $5,000 y 45 premios de $1,000.
Hoy, Puerto Rico despertó con una tasa de posibilidad de 11.2%, una marca que recoge el patrón de crecimiento de las personas infectadas en el país, particularmente entre la población que todavía no se ha vacunado. Esta mañana, el Departamento de Salud reportó 6 muertes. La isla también amaneció con 311 adultos hospitalizados y 76 en unidades de cuidado intensivo. Otros 35 menores permanecían hospitalizados y 2 se encontraban en unidades de cuidado intensivo. Hasta el momento, 2,626 han muerto tras contagiarse con el peligroso virus.
En respuesta al aumento sostenido en los casos de contagios debido a la presencia de la variante Delta en el país, el gobernador adoptó una política pública de vacunación mandataria contra el COVID-19 para los empleados que laboran en las 65 agencias públicas bajo la jurisdicción del Ejecutivo. Además, exigió la inoculación para los turistas y empleados de la industria turística, los empleados del sector de la salud y los contratistas del gobierno tras acoger las recomendaciones de la Coalición Científica, un grupo de expertos que lo asesora durante la pandemia.
De cara al nuevo año académico, el Departamento de Salud también promulgó una directriz para requerir evidencia de la vacunación a todos los empleados y estudiantes mayores de 12 años con un requisito para el retorno a las escuelas y universidades públicas y privadas durante el nuevo año académico.
El Departamento de Salud, reportó seis muertes a causa de COVID-19, lo que eleva la cifra a 2,620. Se trata de tres hombres de las regiones de Arecibo, Bayamón y Caguas de 21, 29 y 59 años, respectivamente, así como una mujer de Mayagüez de 45 años y otras dos del área metropolitana de 37 y 91 años.
Además, registraron un promedio de 288 casos positivos confirmados con prueba molecular y 299 casos probables al realizarse pruebas de antígenos.
Las hospitalizaciones, en tanto, incrementaron a 346, de estos son 311 adultos y 35 menores. Los datos de este informe del Departamento de Salud, corresponden al periodo del 26 de julio al 9 de agosto.
Las metas específicas estarían listas a mediados o finales de diciembre mientras Luma debe empezar a bajar el ausentismo de empleados de 13.1% (histórica) a 2.4% (referencia).
En cuanto al promedio en la frecuencia y duración de las interrupciones en el sistema, la métrica histórica es de 10.6 apagones por cliente al año, que se extienden por 1,243 minutos. La métrica de referencia –o lo mínimo a lo que LUMA debe aspirar– es una interrupción por cliente al año, con una duración de 102 minutos.
En el área de servicio al cliente, el tiempo promedio para contestar llamadas debe bajar de 8.3 minutos (histórica) a 0.4 minutos (referencia), mientras que el número de querellas formales de abonados por cada 100,000 debe reducirse de 841 (histórica) a siete (referencia).
Se trata de Abner Gómez que dos meses después del paso del huracán María por Puerto Rico, renunció como director de Manejo de Emergencias y sobre su cabeza recaía la presunción de que la respuesta lenta que el gobierno había dado hasta ese entonces se debía en parte a su gestión.
Además, se tomó dos semanas de vacaciones en medio del caos que dejó aquel poderoso huracán, aunque tiempo después el exfuncionario alegó que continuó trabajando, aunque no desde el Centro de Convenciones donde la administración de Ricardo Rosselló estableció su Centro de Operaciones de Emergencia. Gómez es el gerente de Manejo de Crisis en LUMA Energy, la empresa que ahora se encarga de los sistemas de distribución y transmisión de energía. Para el representante popular Luis Raúl Torres se trata de otro cuestionamiento que debe responder la compañía cuando en las próximas semanas los vuelva a citar a vistas públicas.
El Departamento de la Familia defendió anoche sus acciones en el caso del niño de ocho años presuntamente asesinado por su padre en Aguas Buenas, aunque fueron las decisiones de la agencia las que pusieron a Jeiden Elier Santiago Figueroa en las manos del hombre que, según la Policía, terminó matándolo.
Mientras, Glenda Gerena, jefa de la Administración de Familias y Niños (Adfan), la dependencia a cargo del programa de protección de menores, recordó que más de un mes antes de la muerte del menor, ya un trabajador social había determinado que el niño debía volver con su madre, Saraí Figueroa Centeno. La funcionaria dijo que en principio la agencia decidió permitirle a Santiago Cortés que se quedara con el niño porque no había ninguna querella previa en su contra y vecinos y otros familiares dieron opiniones positivas sobre él. No se permitió a la madre hacerse cargo del menor porque, según Gerena, Jeiden vivía con los abuelos, que fue donde presuntamente ocurrió el abuso sexual, y solo pernoctaba con la madre, que vive en una casa aparte, los fines de semana.La orden de protección en contra de la madre, que no está involucrada de ninguna manera en la denuncia de abuso sexual, la emitió en principio la jueza Yaritza Santiago San Antonio el 10 de junio. Fue extendida por la jueza Ingrid Alvarado Rodríguez el 22 de junio. El 2 de julio, un trabajador social de Adfan dijo en sala que recomendaba que el menor volviera con la madre.
Pero la jueza Alvarado Rodríguez pidió que se lo pusiera por escrito y los citó para el 30 de julio, casi un mes después. El 30 de julio, el informe escrito todavía no estaba. La jueza Ingrid Caro Kobb, que vio el caso ese día, volvió a citar para el lunes 9 de agosto.
Cuando la madre y otros familiares del niño, esperaban al niño en el Tribunal de Caguas ese lunes 9 de agosto, lo que llegó fue la noticia de que había muerto. Se alega que el lunes por la mañana, Santiago Cortés fue a donde se bañaba Jeiden, le preguntó por una tableta y como este no pudo responderle, le golpeó con tal violencia que lo dejó convulsando. Cuando llegó al hospital ya el niño había muerto.
La secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales dijo el martes en Vista Publica de la Cámara de Representantes que la única función en la controversia con los permisos de reconstrucción de unas facilidades en el Condominio Sol y Playa de Rincón fue de supervisión.
“Lo que revisó Fortaleza fue el procedimiento de la otorgación de los permisos y si se cumplió el proceso administrativo”, aseguró García Bardales.
Agregó que se comunicó con el secretario del Departamento de Recursos Naturales, Rafael Machargo, para pedir una “aclaración” a la orden de cese y desistimiento que emitió esa agencia para proteger el hábitat de las tortugas marinas. Pese a que reconoció que había una presunta ilegalidad en la otorgación de los permisos, el secretario de Recursos Naturales defendió haberse retractado de paralizar los trabajos, pues aseguró que correspondía en realidad a la Junta de Planificación auditar la otorgación de los permisos y hacer los trámites para su revocación.