Mientras la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción aún espera respuesta de las peticiones de información que le han hecho a distintas partes concernientes con el caso de la muerte de Shannel Colón López, el director de la empresa que administra los servicios de salud en el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) arrojó un poco de luz sobre cómo se desarrolla la atención médica que recibe la población penal.

Cuando Shannel murió en circunstancias cuestionables dentro de la cárcel, su familia protestó frente a Fortaleza. Incluso, dos familiares de Shannel, su madriana Odemaris Noble Figueroa y su primo segundo, Christofer Escobar Torrens, resultaron arrestados, aunque luego esos cargos por obstrucción a la justicia se cayeron durante la vista preliminar.

Además, varias organizaciones, lideradas por Proyecto Matria, Kilómetro Cero y la Unión Americana de Libertades Civles (ACLU), le cursaron una carta al gobernador Pedro Pierluisi pidiendo que conformara un comité independiente que investigara la muerte de Shannell.

Pierluisi abordó el tema, pero apra indicar que esperaba el resultado de la investigación de las autoridades, pues no había cámaras en la cárcel para grabar lo sucedido.

“Aparentemente, no había cámara que pudiera haber filmado lo que ocurrió allí, para uno saber si eso realmente fue un suicidio o fue un asesinato o una muerte violenta de otra índole”, dijo ante periodistas en junio de 2022.

“Ana Escobar tiene un plan exacto para atender este problema. Ya hizo la subasta, ya tiene más de dos millones de dólares destinados, para [que a] finales de este año (2022) hayan cámaras en todas las cárceles de Puerto Rico”, señaló en aquel entonces.

El senador José Vargas Vidot realizó una vista en junio de 2022, a días de la muerte de Shannell. Tal y como indicamos al principio de esta historia, la comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción mantiene abierta una investigación sobre la muerte de Shannell.

“Yo voy a ser bien claro contigo. Yo no creo que hubo buena fe en la manera en que actuaron desde el principio con este senador, empezando con que a mí me pareció absolutamente extraño que la propia agencia, la secretaria de Corrección, se autoquerellara ante el NIE”, apostilló el senador Vargas Vidot.

“Y eso me llama muchísimo la atención, porque si bien es cierto que es un tema delicado, no es menos cierto que las autoridades pertinentes que investigan casos de esta naturaleza son suficientes como para que la propia agencia se autoquerelle contra si misma e inicie una investigación con el NIE”, añadió, indicando que “el NIE merece mucho respeto, más cuando intentan purificar su trabajo alejándose de las agencias”.

Para Vargas Vidot, “ese gesto tan bondadoso culmina en obstaculizar nuestra investigación, porque todo lo que estamos pidiendo durante un año está bajo esa sombra, bajo es cubierta del NIE, que ayuda a cualquiera a mantenerse en el más puro secreto”.

La familia de Shannell asegura que durante el mes y medio que la joven pasó en prisión, estuvieron constantemente indicándole a un trabajador social penal que identificaron como Jorge Plaza que Shannel dependía de tratamiento siquiátrico.

“Se les notificó también verbalmente a los oficiales que estaba pasando por depresión severa y trastorno de personalidad”, dijo. “Plaza me decía que estaba recibiendo el tratamiento adecuado”.

“Todo el mundo sabe que siguen las muertes en las instituciones penales y la mayoría, sino todas ellas, están vinculadas con lo que entiendo que es una inmensa negligencia de Physician Correctional y de la pobre gerencia de esos servicios de salud”, apuntó Vargas Vidot.

El senador desglosó el presupuesto que desde hace cinco años tiene Physician Correctional a su disposición con el DCR.

“En el 2018, fueron $ 64 millones de dólares. En el 2019, fueron $ 60 millones, en el 2020 fueron $56.5 millones de dólares y el de $ 53 millones, que fue en el 2021”, narró Vargas Vidot, indicando que son $ 233.5 millones de dólares en apenas cinco años.

“Sin embargo, lo que hay a cambio es tan pobre. Por ejemplo, el que no se compartan los expedientes entre una institución y otra, e que no haya un control de la calidad de los servicios y una fiscalización de parte de Corrección hacia Pyhisician Correctional. Parece ser que es al revés, que el privatizador es el que manda y decide cómo, cuándo y qué se debe incluir”, apuntó. 

Vargas Vidot dijo que en el DCR hay obreros de la salud mental comprometidos con los que ha dialogado en visitas sorpresas que ha realizado a distintas instituciones. Indicó que la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicciones le exigió documentos a Physicians Correctional, al DCR y al ICF, y que le ha pedido al NIE que indique cómo va su investigación para ver el informe final.

Mientras, el licenciado Rodríguez entiende que un caso civil contra el Estado pudiese llevarse incluso a nivel federal, donde no existe un tope para pagar demandas como esta, contrario a Puerto Rico, donde existe un tope de $ 75 mil dólares para pagar al demandante y de $ 150 mil dólares, si fuese más de uno.

“Según la versión que ellos mismos dan, esta joven cogió una sabana y se colgó fuera de la celda, entonces, ¿dónde estaban las personas para poder evitar eso, quién estaba vigilando ahí, ellos tenían que estar pendientes de esta situación para evitarla. Y si hubiesen sido diligentes no hubiese pasado esta situación”, puntualizó el licenciado Rodríguez.

Responde Physician Correctional

Mientras tanto, el doctor Raúl Villalobos, quien dirige Physicians Correctional, explicó y defendió la gestión que su empresa realiza desde hace cinco años con el DCR, al aceptar la invitación de Cuarto Poder.

La madre de Shannel envió precisamente esta semana una petición formal para que Physician Correctional entregue el informe final de lo que sucedió con Shannel y el récord médico de la joven. En la misiva figuran el abogado de la familia, el licenciado José ‘Cheo’ Rodríguez, al igual que Cuarto Poder y el periodista Hermes Ayala.

Villalobos no arrojó luz sobre el récord médico, aunque indicó que Shannel sí fue atendida con tratamiento siquiátrico y que tan pronto pueda hará pública la información. La comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicciones del Senado aún espera por bastante información que le ha requerido hacia Physicians Correctional, aunque Villalobos aludió también a la Ley Hippa en este caso como motivo de la lentitud de este proceso.

Por otro lado, Villalobos corrigió la información sobre las cifras que aparecieron en el reportaje de televisión de Cuarto Poder el pasado 2 de mayo, indicando que Vargas Vidot no se refería a los contratos que ha tenido Physicians Correctional con el DCR, sino al presupuesto con el que la agencia cuenta para proveer los servicios de salud a los confinados.

Como administradores, empero, Phyisicians Correctional mantiene un contrato de más de $ 53 millones de dólares desde 2018.

“Que bueno que me permitas corregir eso. Nuestro contrato, no solamente en salud mental sino en salud física, es un contrato de $10,377,000 anuales. Existe otro presupuesto que es propiamente del Programa de Servicios de Salud Correccional que cubre los empleados regulares, los enfermeros, los empleados transitorios, la compra de medicamentos de Sida, de cáncer, la compra de materiales médicos y servicios correccionales que asciende alrededor $50 millones de dólares, aparentemente el acceso de información pues une ambos presupuestos”, arguyó.

Villalobos puntualizó que “anterior a nosotros ese presupuesto era de 17 millones 600 mil dólares” y que su empresa estableció “un ahorro de seis millones de dólares anuales para el Estado”.

La carencia de atención medica que parece haber en la cárcel de mujeres de Bayamón, donde murió Shannel, salió a relucir durante su entrevista con Cuarto Poder. Villalobos reaccionó al ser confrontado con el hecho de que en la tabla de personal que totaliza Physician Correctional para atender a la población penal aparece que hay .25 de siquiatras para atender el recinto correccional de mujeres de Bayamón.

“.25 siquitaras para esa facilidad que actualmente tiene 202 confinadas sentenciadas y sumariadas es una razón de personal adecuada”, manifestó en entrevista con Cuarto Poder, ante cuestionamientos del anfitrión del programa, Jay Fonseca.

Dijo que eso equivale a 10 horas de tratamiento siquiátrico semanales en esa cárcel para 202 reclusas. Según el perfil del confinado de 2020, un 86 % de las mujeres confinadas padecen de dilemas de salud mental.

Nota de la editora: Tercera parte de tres. A casi un año de la muerte de Shannel Colón Ponce, Cuarto Poder investiga en qué quedó el caso, el cual es escrudiñado tanto por una comisión senatorial, como por el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE). Lea la primera y segunda parte pulsando aquí.

La familia de Shannel Colón Ponce no cree la versión del Instituto de Ciencias Forenses, que indica que la joven se suicidó. Para colmo, saben de testimonios de confinadas en videos que se filtraron desde la cárcel, donde afirman que la joven no se suicidó.

“¡A Shannel la mataron! ¡Nos quieren mandar a callar… que si hablábamos nos iban a meter a máxima y Regla 9! ¡Queremos Justicia para Shannel!”, exclaman algunas confinadas en uno de tres videos en posesión de Cuarto Poder, en los que aseguran que oficiales de Corrección las intimidan para que no hablen del caso.

“Hablamos desde aquí, de la cárcel de mujeres de Bayamón. Queremos que todos sepan el maltrato que tiene los oficiales con las confinadas, nos amenazan, que si hablamos de Shannel, nos van a aplicar Regla 9 o nos van a segregar, no tienen ética profesional, nos hablan malo, nos agreden, no nos dan los servicios como se suponen”, dice otra voz de una confinada en otro de los videos. 

Las denuncias llegaron hasta los oídos de la directora de la organización Kilómetro Cero, que lidia con la violencia policiaca en todos sus aspectos.

“Nosotros nos especializamos en los casos de violencia policial pero cuando ocurrió lo de Shannell, y al ver las denuncias de las confinadas y toda esta sospecha de que había sido un homicidio de una guardia penal, entramos a exigir que se hicieran investigaciones independientes sobre este caso y sobre muchos otros que hay, en las cárceles”, indicó Mari Mari Narváez.

“¿Tú sabes que se han duplicado las muertes en las cárceles de Puerto Rico en los últimos años? A cada rato nos contactan familiares, pero este caso nos conmovió mucho por las denuncias directas de las confinadas y por las manifestaciones de la familia y porque es bien parecido a la violencia policial en cuanto a que no existe ningún tipo de rendición de cuentas en este sistema de justicia criminal. ¿Se supone que la familia le crea?”, articuló.

Según datos ofrecidos por Corrección, entre otros recopilados para la organización Proyecto Matria por la estudiante de trabajo social forense, Analise Laureano, la curva de muertes – ya sea por causas “naturales”, que incluyen el padecimiento de enfermedades crónicas, o por causas “no naturales”, que incluyen asesinatos y sobredosis con substancias controladas – continúa en un aumento vertiginoso desde 2019.

Durante el año fiscal 2019-20, catalogado como periodo de pandemia COVID-19, el DCR registró 59 muertes de confinados, 30 de estas por causas no naturales, según reveló en agosto de 2021 la secretaria del DCR, Ana Escobar Pabón, ante la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico. De esas 30 muertes, dijo, el 83% fue por abuso de sustancias controladas, el 14% por homicidio y el 3% por suicidio, siendo estas las tres causas principales de los fallecimientos no naturales en las prisiones de la isla.

Por otro lado, durante 2020-2021 el DCR registró 21 muertes naturales, 27 no naturales, y 32 que aún están pendientes por la autopsia forense para un total de 59 muertes de confinados, mientras que para 2021-2022, los números continuaron en ascenso con 23 muertes naturales, 16 no naturales y 55 pendientes por el proceso del ICF para un total de 94.

Mientras tanto, desde que comenzó el 2023 hasta hasta el 22 de febrero, el DCR había registrado 13 muertes entre confinados en las cárceles de Puerto Rico, alertando sobre la situación actual que vive la agencia encargada de velar por las cárceles de Borinquen. 

En el caso de Shannell, a esta aparente crisis con el trato a los presos de parte del DCR y de Physician Correctional – la empresa que han subcontratado para atender las necesidades médicas de los confinados – habría que agregarle una interrogante: ¿será posible que Shannel recibió este trato durante su arresto y su encarcelamiento por ser una joven humilde de Llorens?

 “Los residenciales públicos en Puerto Rico son mundos paralelos al restod e zonas urbanas y urbanizadas que conocemos, las historias en los residenciales públicos con la violencia policial sigue siendo las mismas historias de hace años atrás en términos de como la policía entra, hacen allanamientos sin ordenes de registro y como incluso agreden a muchachitos, los bostean, los ponen contra la pared sin ninguna justificación aparente, de esos casos en residenciales públicos en general hemos documentado mucho”, manifestó Mari Mari Narváez, directora de Kilómetro Cero.

“La misma policía a ciertas áreas las denomina como de alta incidencia criminal y una de nuestras grandes preguntas es cuales son los criterios para ellos identificar esas zonas de alta incidencia criminal, porque todo aparenta ser una idea basada mas bien en raza y en pobreza”, añadió.

“No sé qué elementos pudo haber pesado mas que otro, pero yo no tengo duda de que en Shannell se dramatizan todas esas condiciones de vulnerabilidad, de marginación que existen en Puerto Rico, empezando porque es mujer. Si venia de un residencial publico mas todavía, que era una muchacha negra, joven, con problemas de salud mental. Estos son los cuerpos con los que el Estado siente que puede hacer lo que sea, es como si no tuviera protecciones”, subrayó.

Nota de la editora: Segunda parte de tres. A casi un año de la muerte de Shannel Colón Ponce, Cuarto Poder investiga en qué quedó el caso, el cual es escrudiñado tanto por una comisión senatorial, como por el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE). Lea la primera parte pulsando aquí.

De lo que le pasó a Shannel Colón Ponce poca gente de los que se supone que sepan habla.

Desde hace casi un año, la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción del Senado espera respuesta de las partes pertinentes, sobre distintas peticiones de informaciones correspondientes a una investigación sobre la muerte de la joven, quien falleció el 2 de junio de 2022 en el Complejo para Rehabilitación de Mujeres en Bayamón.

La familia de Colón Ponce se presta a radicar una demanda civil por daños y perjuicios en contra del Gobierno de Puerto Rico, interponiendo que su negligencia en proveer cuidado siquiátrico a la joven propició la tragedia.

“El término prescriptivo para presentar el caso es de un año, desde el día en que ocurren los hechos. En este caso el término prescriptivo comienza a correr a partir del 2 de junio de 2022, que es cuando ocurre el incidente en el que alegadamente, la joven Shannel se quita la vida, porque eso también está en controversia, si se quitó la vida o se la quitaron”, articuló el licenciado José Rodríguez, quien este mes presentará la demanda contra el Gobierno a nombre de la familia Colón Ponce.

De hecho, los familiares de Shannel cuestionan también la determinación del Instituto de Ciencias Forenses, que señaló la muerte de la joven como un suicidio. Apuntan a videos de testimonios de confinadas, que indicaron en aquel momento que oficiales penales las intimidaron para que hicieran silencio y que fueron oficiales de custodia quienes le dieron fin a la vida de la joven.

Mientras, un manto de misterio arropa la investigación del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) de este suceso, catalogado como “suicidio” por el Instituto de Ciencias Forenses (ICF). Jahaira Ponce, madre de la joven que el 12 de febrero que pasó hubiese cumplido 23 años de edad, indicó a Cuarto Poder que no ha recibido el informe completo de la autopsia, con las fotos correspondientes.

Según el licenciado Rodríguez, “el informe habla que tenía en el cuello una marca, ellos ponen la causa y ponen la manera”. Dijo, no obstante, que en el informe de la autopsia no se incluyeron fotos.

“La causa es una cuestión científica: es asfixia. La manera es una interpretación del patólogo, que ahí dicen que es suicidio, al estar ahorcada con una soga. Pero eso habrá que discutirse”, apostilló.

Según indicó la madre de Shannell, la experta forense Yocasta Brugal también realizó una autopsia privada, pero tampoco en esta le mostraron fotos.

“Todo es tan raro”, apostilló Jahaira Ponce, quien vive en el estado de Pennsylvania, desde hace varios años.

“Un día le dio un arranque y se fue”

A pesar de que en su certificado de nacimiento dice “Shannet”, la joven obligaba a su familia, amistades y quienes la conocieran, a que le llamaran Shannel, porque, según explicó su tía Laura Ponce, “así era ella, quería como que darle más brillo a su nombre y quería que le dijeran Shannel, no Shannet”.

Era una fuente de alegría para toda su familia, hasta que comenzaron los dilemas con sus padecimientos de salud mental.

“De repente se fue sin decir nada. Ella cogía tratamiento siquiátrico, pero un día estaba aquí y al otro ya se había ido. Fue bien difícil para mí bregar con todo cuando ella se fue. Imagínate, dejó a la nena, y en un arrebato mental se fue a Puerto Rico”, recordó Jahaira sobre aquel 2 de abril de 2022, cuando Shannel se montó en un avió para llegar a Puerto Rico.

Al llegar a Borinquen, la pobre afectada mental de la mujer parece haber desatado una serie de eventos descabellados. El 20 de abril del 2022 se regarían imágenes de Shannell donde se veía a la joven aparentemente hurtando un vehículo.

“Llegó ese día normal, tranquila, saludó y se metió al cuarto como de costumbre, porque ya había comido”, recordó su tía Laura, durante una entrevista con Cuarto Poder en su apartamento en el Residencial Luis Llorens Torres.

“Luego, más tarde me mandaron unos mensajes, unos videos de lo que había ocurrido con los vehículos y yo no lo creía porque nadie me había hablado de eso. Ella no me había hablado nada de eso. Le pregunto y ella me dijo que estaba en un lugar y sentía que la estaban persiguiendo. Y ella pues cogió el vehículo y se fue a la huida”, señaló.

Ese mismo día se coordinó su entrega con la División de Vehículos Hurtados de San Juan. Desde temprano en la investigación, la Policía supo que la joven se encontraba en casa de su familia, en el residencial Luis Llorens Torres.

“Ella a mí me lo dijo llorando, que fue que la estaban persiguiendo que no quería hacer eso y que la perdonara. Y yo le dije: pues tenemos que buscar ayuda porque te estan buscando mami, y esto no es nada facil. Me dijo: sí, está bien titi”, resaltó su tía Laura.

“Se llenó el residencial de Policías buscándola, recibí muchas llamadas. Como estamos en un residencial, pues hay códigos como uno dice, ¿verdad?”, apuntó.

Ante la tensión que vivía el caserío por el asedio policiaco buscando a Shannel, se coordinó la entrega de la joven. Al Cuartel de Vehículos Hurtados de San Juan, Shannel arribó junto a Chelian Rosario, quien es como su tía, mostrando a las autoridades los fármacos que le recetaron a la joven para su condición mental.

“Con el miedo de que pasaran otras cosas que no tenían que pasar, pues así se decidió entregarla… por cuidarla… Cosa que no fue así, ya que confiaos en otras personas y lo que hicieron fue maltratarla, hasta que nos llegó la noticia de que estaba sin vida. Eso fue lo más doloroso, confiamos en esas personas, en que iba a estar la nena bien ahí y salió peor”, manifestó la tía.

Curiosamente, la joven se entregó el 20, pero la orden de arresto no se diligenció hasta el 22 de abril, según la fecha de su fichaje. La madre de Shannell afirma que durante estos dos días la Policía le desinformó, pues no le indicaron que aún no había una orden de arresto. Peor aún, indicó que les señalaron que no podían llenar el formulario de la Ley 408 para exigir el ingreso de la joven madre en un hospital siquiátrico pues ya había una orden de arresto… solo que, como indicamos, dicha orden no se concordó de manera final y firme hasta el 22 de abril.

“Como Shannell es mayor de edad, se me hizo complicado que me dieran el récord médico de ella de Pennsylvania. Solo se pudo mostrar los medicamentos que le habían recetado. Si yo hubiese sabido que no había orden de arresto, arrancaba hacia a Puerto Rico a pedir la 408, pero la misma Policía me dijo que no podía, porque ya había una orden de arresto. Me mintieron o me mal informaron”, acotó Jahaira Ponce, madre de la joven.

En enero de 2022, la famila de Shannell buscó ayuda de las autoridades en York, Pennsylvania, para atender una crisis mental de la joven. Según nos relató su mamá, Shannell tuvo un episodio crónico de psicosis y su mismo doctor recomendó que fuese ingresada involuntariamente a un centro siquiátrico mediante una orden de un juez. O sea, la familia ya conocía de recursos legales como este, pero no pudieron ejecutarlo ante la desinformación que indican que le dio la Policía.

Según el diagnóstico que recibió cuando fue ingresada involuntariamente en Pennsylvania, Shannel padecía de psicosis, un malestar mental que provoca que se torne agresiva de manera involuntaria y que puede ocasionar que incurra en comportamiento socialmente errático y hasta ilegal. Le recetaron el medicamento antidepresivo Sertraline, conocido comercialmente como Zoloft.

En el documento del tribunal de York, se indica también que había “una probabilidad razonable de que esta conducta se repitiese durante los próximos 30 días, a menos que se le diera el tratamiento adecuado”.

En el informe médico en aquel momento en Pennsylvania, se establece que, aún con sus condiciones mentales, Shannel no era vista como una posible víctima de suicidio. Su familia afirma que era en momentos de alta tensión cuando Shannel exhibía el comportamiento errático de su enfermedad. 

Nota de la editora: Primera parte de tres. A casi un año de la muerte de Shannel Colón Ponce, Cuarto Poder investiga en qué quedó el caso, el cual es investigado tanto por una comisión senatorial, como por el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE)