EL JEFE TE LLAMA O ESCRIBE CUANDO LE DA LA GANA – ¿Se puede limitar eso o hay que aguantarlo? Hay una iniciativa que pretende limitar los horarios en que se te puede contactar del trabajo para que una vez salgas puedas desconectarte, pero ¿esto es bueno para el crecimiento y desarrollo profesional? El proyecto del Senado 867 propone limitar las comunicaciones laborales. Jessica Santiago de Recursos Humanos con Calle explica los detalles.
La jueza Ann Margaret Higginbotham Arroyo del Tribunal de Carolina acogió hoy una petición de la defensa del senador Javier Aponte Dalmau y trasladó su caso relacionado a un altercado con su antiguo chófer a otra jurisdicción.
En una resolución de cuatro páginas, la togada explicó que no atendió la petición de inhibición del juez Eduardo Otero Ortiz porque se tornó académica al acceder al traslado.
“Si se resuelve a favor del acusado, se atribuirá a su posición y la de su familia en la región y si se resuelve para su detrimento podría ser calificado de acto de revanchismo u oportunismo político, ejemplificación pública de una figura relevante, entre muchas otras posibilidades. Lo que sí es innegable es que, en este acertijo, pierde el Poder Judicial si no vigila la pulcritud de sus procesos tanto en la realidad como en la apariencia. Si existe la posibilidad de minimizar estas dudas, mover al sosiego que trae un proceso impecable, entonces es nuestra exigencia el así hacerlo”, reza la resolución.
Posteriormente, la jueza administradora del Tribunal de Carolina, Rosa del Carmen Benítez Álvarez, ordenó su traslado al Tribunal de Fajardo. La vista en alzada sigue en pie el 14 de junio a las 10:00 a.m.
El pasado 28 de abril debía llevarse a cabo la vista de causa para arresto en alzada contra Aponte Dalmau, pero su defensa solicitó la inhibición del juez Otero Ortiz, un pasado adversario político del imputado, y el traslado a otra jurisdicción para salvaguardar la apariencia de neutralidad.
Aponte Dalmau encara dos cargos menos grave de agresión y alteración a la paz.
El pasado 8 de marzo, el juez Orlando Puldón Gómez no encontró causa para el arresto del senador por un altercado con su entonces chófer Rafael Rivera Ramos por entender que el ministerio público no cumplió con el requisito de identificación del imputado, una determinación que el fiscal Omar Barroso Rosario rechazó de inmediato y que generó un debate sobre el acceso de la defensa a la prueba del Estado en esta etapa del trámite penal.
El exalcalde de Trujillo Alto, Javier Carrasquillo Cruz, renunció a su cargo como asesor del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia tras la designación de un fiscal especial independiente para que investigue posibles irregularidades en el otorgamiento de un contrato de recogido de basura a la empresa Waste Collection durante su incumbencia en el ayuntamiento.
El mandatario informó la baja en su equipo de trabajo en declaraciones escritas poco después de que el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) le entregara a Carrasquillo Cruz copia de la resolución informando el inicio de la investigación en su fondo.
“Advine en conocimiento hoy sobre la designación de un Fiscal Especial Independiente para el exalcalde de Cidra, Javier Carrasquillo, quien es actualmente Secretario Auxiliar para Asuntos Municipales. Como establece el comunicado de prensa del FEI, se trata de asuntos que trascendieron en el 2016, los cuales fueron investigados por Justicia y archivados”, indicó el mandatario.
“Sin embargo, he sido claro de que la vara en mi gobierno es bien alta. Carrasquillo ha presentado su renuncia efectiva inmediatamente mientras el FEI hace su trabajo investigativo. Aunque reconozco que a todos siempre les cobija la presunción de inocencia y soy respetuoso de las agencias de ley y orden, es importante que en mi administración no haya distracciones que nos desvíen del trabajo duro que estamos haciendo por Puerto Rico”, agregó.
Hoy, el PFEI encauzó una investigación a fondo para determinar si procede la radicación de cargos en contra del exalcalde de Carrasquillo Cruz por posibles delitos de soborno, aprovechamiento ilícito de trabajo o bienes públicos e intervención indebida en operaciones gubernamentales.
Por ello, designó al fiscal especial Manuel Núñez Corrada para examinar las alegaciones contenidas en un informe preliminar que el Departamento de Justicia falló en referir al Panel, según reveló Cuarto Poder (WAPA-TV).
El Panel de jueces solicitó dicho informe preliminar al Departamento de Justicia luego de que Cuarto Poder divulgó detalles del documento. Hace siete años Justicia bajo la tutela del exsecretario César Miranda investigó una querella que imputaba al entonces alcalde de Cidra incurrir en actos de corrupción y conflicto de interés por otorgar el polémico contrato de recogido de basura de $14.7 millones a la empresa Waste Collection, que pertenecía a Oscar Santamaría Torres, entonces asesor legal del ayuntamiento.
Originalmente, el contrato tenía una vigencia del 14 de febrero de 2015 al 15 de febrero de 2021, pero 16 días después de perder las elecciones del 2020, Carrasquillo Cruz extendió su vigencia hasta el 15 de febrero de 2031.
Justicia nunca informó la querella al PFEI, ni le refirió el informe preliminar, como lo exige la Ley. Luego de determinar que no había comisión de delito, la agencia solo refirió el asunto a la Oficina de Ética Gubernamental y la Oficina de la Contralora, que eventualmente archivaron los referidos.
El director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), ingeniero Josué A. Colón Ortiz, informó que la Unidad 2 de la Central Aguirre tiene una rotura en la caldera que limita su producción y requerirá retirarla de servicio para repararla.
Las siguientes unidades base o principales están averiadas y no disponibles desde hace varios años: Unidad 10 de Central San Juan (marzo 2016), Unidad 8 de Central San Juan (junio 2021), Vapor 1 del Ciclo Combinado de Aguirre (octubre 2021), CT 2-1 del Ciclo Combinado de Aguirre (julio 2021), CT 2-2 del Ciclo Combinado de Aguirre (septiembre 2016), Vapor 2 del Ciclo Combinado de Aguirre (junio 2017) y la Unidad 1 de la Central Cambalache (septiembre 2011). Esto equivale a un aproximado de 574 megavatios no disponibles.
La AEE realiza actualmente reparaciones programadas en las unidades 5 de Central San Juan, 1 de Central Aguirre, 6 de Central Costa Sur, 1-A y 1-B de Central Mayagüez.
Las unidades 5 de Central San Juan y 1 de Central Aguirre, se proyecta que retornen a servicio a finales de junio de 2022; las unidades 1-A y 1-B de Central Mayagüez, así como la Unidad 6 de Central Costa Sur, en o antes del próximo domingo.
“El escenario mencionado y dada la demanda de energía proyectada para el día de hoy de 2,845 megavatios, nos indica que, de salir la Unidad 2 de la Central Aguirre en cualquier momento desde hoy hasta que entre en servicio la Unidad 6 de Central Costa Sur, será altamente probable que no contemos con la generación suficiente para atender la demanda.
Esto provocará interrupciones en el servicio durante los periodos que no contemos con la generación suficiente para atender la demanda”, explicó el ingeniero Colón Ortiz.
El Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) determinó encauzar una investigación a fondo para determinar si procede la radicación de cargos en contra del exalcalde de Cidra, Javier Carrasquillo Cruz, y actual asesor del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia.
Por ello, designó a un fiscal especial para examinar las alegaciones contenidas en un informe preliminar que el Departamento de Justicia falló en referir al Panel, según reveló Cuarto Poder (WAPA-TV).
El Panel de jueces solicitó dicho informe preliminar al Departamento de Justicia luego de que Cuarto Poder divulgó detalles del documento. Hace siete años Justicia bajo la tutela del exsecretario César Miranda investigó una querella que imputaba al entonces alcalde de Cidra incurrir en actos de corrupción y conflicto de interés por otorgar el polémico contrato de recogido de basura de $14.7 millones a la empresa Waste Collection, que pertenecía a Oscar Santamaría Torres, entonces asesor legal del ayuntamiento.
Originalmente, el contrato tenía una vigencia del 14 de febrero de 2015 al 15 de febrero de 2021, pero 16 días después de perder las elecciones del 2020, Carrasquillo Cruz extendió su vigencia hasta el 15 de febrero de 2031.
Al llegar a la Casa Alcaldía, el alcalde Ángel David Concepción González canceló el contrato el 1 de julio de 2021, según los registros de la Oficina de la Contralora.
Miranda no notificó al PFEI el recibo de la querella, ni le refirió el informe preliminar, como lo exige la Ley. Ante preguntas de este medio, el exsecretario minimizó el olvido diciendo que no había tenido consecuencias puesto que la investigación preliminar concluyó que no se había cometido delito.
Ese contrato abrió las puertas para que el otrora contratista y ahora convicto federal amasara $121 millones en contratos gubernamentales a través de la empresa Waste Collection. En noviembre pasado, Santamaría Torres se declaró culpable de conspirar para pagar sobornos o “kickbacks” al exalcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado Montalvo, a cambio de recibir contratos para la empresa de recogido de basura.
Como parte de esta pesquisa federal también se han declarado culpables el exalcalde de Aguas Buenas, Luis Arroyo Chiqués y el exalcalde de Guayama, Eduardo Cintrón Suárez. Las autoridades federales también presentaron cargos en contra del exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero; el exalcalde de Aguas Buenas, Javier García Pérez y el exalcalde de Humacao, Reinaldo Vargas Rodríguez, entre otros.
El alcalde de Caguas, William Miranda Torres, sostuvo esta tarde en conferencia de prensa, que “aquel que tenga información, es su deber cooperar”. Esto respecto a la investigación que se lleva a cabo para dar con los responsables de los tiroteos ocurridos desde el domingo pasado en el municipio.
Además, instó a la ciudadanía a que no se deje amedrentar por rumores en las redes sociales ante la preocupación de salir de sus hogares. Según el mandatario, la comunidad de la barriada Morales “esta muy contenta” con la presencia policíaca que hay en la zona.
Por otra parte, el coronel Juan Cáceres, director del Negociado de Operaciones de Campo de la Policía Estatal, no especificó si Nelson Maldonado (El Burro), líder de la organización La Lorenzana, está vinculado al asesinato de Margarita Rodríguez Morales. La educadora retirada, fue víctima de una balacera frente a un salón de belleza.
Mientras que el comandante de Caguas, Manuel De Jesús Crespo, aseguró que son dos organizaciones criminales las que están implicadas y ya han sido identificadas. También recordó a la ciudadanía que se está ofreciendo una recompensa de $50 mil por la captura de estos criminales.
Aunque no preciso el número, Miranda Torres aseguró que hay “muchos” oficiales activados para atender la situación. Explicó que hay tres turnos de trabajo destacados en la barriada, como en otros seis puntos de la ciudad, además de un cuartel rodante.
Pero a preguntas de la prensa sobre si las autoridades ejecutan estrategias preventivas para dar con este tipo de organizaciones, el coronel José Luis Caldero expresó que sí se hace, pero que “los recursos son limitados y tenemos que utilizarlos de manera correcta.”
Por el momento agentes de la Uniformada están destacados en la barriada Morales de forma indefinida tras un operativo en el que un oficial resultó herido mientras se disponía a llevar a cabo un arresto en una residencia.
Hoy comienza la demolición del centro hospitalario Susana Centeno, en Vieques, para darle paso a la construcción del nuevo centro de salud en la Isla Nena, anunció esta tarde en conferencia de prensa el gobernador Pedro Pierluisi.
“Sé que algunos han estado incrédulos de que al fin Vieques tendrá un hospital”, expresó el gobernador durante la conferencia en Vieques, flanqueado por varios funcionarios, entre ellos el alcalde de ese municipio, José “Junito” Corcino y el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado.
La demolición está a cargo de la empresa Applied Engineering Group & Company, Corp, y el ingeniero José Acosta Ojeda liderará el plan que se llevará a cabo. Se estima que los trabajos de demolición se extenderán entre cuatro a seis meses, pero el primer ejecutivo dijo que espera que se haga “en cuatro meses” por el sentido de urgencia que tiene este proyecto.
La construcción estará dividida en fases: la primera constará de establecer el centro de diálisis, la segunda va a incluir el edificio principal y sala de emergencia, entre otros y la tercera -y última- será para la clínica ambulatoria, administración y servicios relacionados.
“Vamos a construir una nueva y más moderna estructura”, aseguró Pierluisi. “Vamos a garantizar que el hospital tenga todo el personal que necesita”.
Dijo que ya tienen una estructura identificada que servirá de hospedaje permanente para el personal médico. Se mostró, incluso, esperanzado en que el hospital sirva para realizar la residencia de los doctores en formación.
El secretario de Salud, por su parte, dijo conocer de primera mano la frustración de los viequenses por la falta de servicios especializados en la Isla Nena. “Me puedo solidarizar con el reclamo perfectamente. Mi familia es de Vieques”, dijo.
El proyecto cuenta con los fondos asignados y disponibles de los cuales la mayoría son federales con pareo, así como con adelantos estatales.
Ahsha Tribble, exadministradora regional de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) en Nueva York se declaró culpable esta mañana de procurar y recibir sobornos de Donald Keith Ellison, entonces presidente de Cobra Acquisitions, a cambio de presionar para que la empresa realizara trabajos para mejorar la red eléctrica en Vieques tras el devastador paso del huracán María por el archipiélago.
En una vista separada, Ellison también se declaró culpable por otorgar los sobornos para garantizar que su empresa recibiera un trato preferente en el proceso de reconstrucción del sistema eléctrico.
El ministerio público recomendó una sentencia de seis meses y 1 día de cárcel y otros seis meses de libertad supervisada, que contempla detención domiciliaria.
Ambas vistas se celebraron mediante el mecanismo de videoconferencia y las presidió el juez federal Raúl Arias Marxuach, quien advirtió a los ahora convictos que esperaría a la elaboración del informe presentencia para decidir si acogía las recomendaciones del ministerio público.
“Quiero declararme culpable del acuerdo alcanzado”, afirmó Tribble a preguntas del togado en la mañana.
Una hora después, el coacusado repitió palabras similares.
El acuerdo con la Fiscalía Federal contempló declararse culpable de los incisos a y b del cargo de 18 USC 201 de soborno a funcionarios públicos. La alegación de culpa no incluyó una cláusula de cooperación.
Como parte de los hechos aceptados, el fiscal Seth Erbe detalló que los sobornos o “cosas de valor” que Tribble recibió incluyeron viajes en primera clase, estadías en hoteles, servicio de seguridad personal y uso de un apartamento en San Juan
Tribble, por su parte, presionó para que a Cobra se le otorgara un contrato para diseñar y construir el sistema de distribución eléctrico en Vieques, señaló Erbe. La empresa no recibió el contrato.
Los abogados Deana Timberlike-Wiley y Diego Alcalá representaron a la ahora convicta federal durante la vista, que se extendió unos 50 minutos. La licenciada Sonia Torres Pabón y otros abogados del bufete Norton Rose Fulbright representaron a Ellison, de 46 años.
La vista de sentencia de ambos quedó pautada para el 17 de agosto de 2022. Tribble, de 50 años, y Ellison quedaron en libertad bajo fianza hasta la audiencia.
El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) archivó hoy una querella que pesaba en contra del presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, por alegaciones de que usó indebidamente el presupuesto de la Comisión Conjunta sobre Informes Especiales del Contralor para gastos que no estaban relacionados al trabajo de dicho cuerpo.
De esta forma, el Panel acogió una recomendación del Departamento de Justicia, que en marzo pasado recomendó el archivo del caso.
El año pasado Justicia recibió una querella anónima contra el líder cameral y un reportaje de marzo pasado de Cuarto Poder (WAPA-TV) adelantó que la agencia investigaba las alegaciones.
El presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, Henry Neumann, aseguró que presentará legislación para que el proceso de otorgamiento de contratos de las empresas que manejen el funcionamiento de grilletes electrónicos en la Isla sea uno más riguroso.
El año pasado, 28 personas bajo arresto domiciliario lograron zafarse de estos aparatos electrónicos, que usualmente se colocan en el área del tobillo. Los grilletes funcionan como localizadores para determinar en qué punto se encuentra la persona que se encuentra bajo la supervisión de Estado y en muchas instancias bajo un régimen de prisión domiciliaria.
Mientras, en lo que va de año -entre enero y mayo- han sido nueve personas las que han logrado evadir este tipo de seguridad, siendo la más reciente una persona llamada Carlos “Mueca” Cruz—quien supuestamente amenazó de muerte a su expareja.
“La forma de corregir (este asunto) es asegurándose en las subastas que se llevan a cabo que tengamos un grillete más a prueba (fuerte), a prueba de que se pueda quitar”, afirmó Neumann en el programa Los Datos son los Datos (WAPA-TV).
Actualmente, se celebran vistas públicas en la Legislatura para evaluar una medida que busca aumentar las penas e imponer grillete electrónico a todo agresor que viole la Ley 54 de Violencia Doméstica.
En una vista reciente, salió a relucir que casi 1,000 imputados de violencia de género, ofensas sexuales y otros delitos están bajo supervisión electrónica en Puerto Rico.
Mira la entrevista aquí: Pendientes a la efectividad de los grilletes electrónicos en la Isla