Gobernador asegura que LUMA iniciará reconstrucción del sistema eléctrico en verano

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia aseguró hoy que la reconstrucción del sistema eléctrico empezará en verano, mientras insistió en que corresponde esperar por los hallazgos de las investigaciones relacionadas al apagón general ocurrido pasado 6 de abril antes de plantearse medidas, como la cancelación del contrato de LUMA Energy.

LUMA Energy tiene a su cargo el patio del centro de transmisión de la central Costa Sur en Guayanilla, donde ocurrió el incendio que provocó un efecto en cadena que dejó a todo Puerto Rico sin luz. El administrador privado ha recibido críticas por su lenta respuesta a la emergencia y que según algunos expertos en el tema energético refleja que la empresa no conoce el sistema eléctrico del archipiélago.

“El compromiso de LUMA conmigo desde hace meses atrás es que las obras de reconstrucción comiencen a más tardar en junio de este año y están en curso para que eso se logre. Ahora mismo ante FEMA hay 24 proyectos pendientes de aprobación por FEMA. Están todos los diseños sometidos y el alcance de los trabajos está sometido. Lo que falta es que FEMA valide, apruebe”, afirmó el mandatario en rueda de prensa en La Fortaleza para anunciar el inicio de la reforma del servicio público.

En medio del apagón, surgieron discrepancias entre LUMA y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) por la cantidad de proyectos sometidos para la aprobación de la agencia federal, que asignó casi $9,500 millones para la reconstrucción del sistema eléctrico, que colapsó tras paso del huracán María en septiembre del 2019. El 7 de abril, FEMA indicó en declaraciones escritas que no tenía ante su consideración proyectos para reconstruir el sistema de distribución y transmisión, pero que LUMA había sometido cinco proyectos para reparar subestaciones y la Autoridad de Energía Eléctrica había sometido cinco proyectos de generación.

El 1 de junio pasado, LUMA asumió la operación del sistema de distribución y generación y la AEE quedó a cargo del sistema de generación, que tenía capacidad para producir energía durante el apagón, pero no contaba con el sistema de distribución para reestablecer el servicio.

Pierluisi Urrutia señaló que hasta el momento, LUMA ha sometido 16 proyectos para la aprobación de FEMA y la AEE otros ocho.

“Entre los proyectos que deben estar siendo aprobados próximamente hay mejoras a la subestación en Cataño, mejoras a subestaciones de Culebra y Vieques, mejoras a la subestación en Lloréns Torres y como el apagón tuvo que ver con el patio de interruptores en las inmediaciones de la planta de Costa Sur, conforme a como estaba programado ese proyecto se someterá a FEMA en este mes de abril. No pasa del final de este mes”, indicó el gobernador.

Pero en un reportaje del 11 de abril, el Centro de Periodismo investigativo, reveló que e área de interruptores donde ocurrió el incendio de la Central Costa Sur debió estar renovada hace cuatro meses, de acuerdo con el plan de trabajo original de la AEE. Pero cuando LUMA asumió la administración del sistema de transmisión y distribución, los procesos se retrasaron y la fecha para completar las reparaciones en la central se pospuso para febrero de 2023, según se desprende de documentos del Negociado de Energía y FEMA que revisó el Centro.

El gobernador enfatizó en que toda la construcción tomará años, pero que hasta el momento ya se han asignado unos $7,800 millones de los $9,500 millones asignados para la reparación del sistema eléctrico.

Ante preguntas de la prensa, Pierluisi Urrutia volvió a descartar la idea de cancelar o enmendar el contrato de LUMA.

“No sería responsable de mi parte tomar una acción de esa naturaleza sin tener hallazgos serios conforme a una investigación independiente como la que el Negociado va a llevar a cabo. Cuando yo tenga ese tipo de información, entonces pudiera contestar una pregunta como esa. Pero antes de eso, sería una irresponsabilidad de mi parte”, afirmó al indicar que consideraba la pesquisa del Negociado de Energía la más importante por tratarse de un ente regulador.

“Cuando se tengan los hallazgos, el Negociado va a tomar las medidas que sean necesarias, las cuales incluyen conforme a la ley de política pública energética, imponer sanciones, imponer multas… El Negociado también puede ordenar que cualquiera de las dos entidades resarza los daños incurridos por terceros, consumidores, abonados de LUMA y la Autoridad. Todo eso y más el Negociado lo puede hacer. No los adelantemos. Lo importante es que esto se investigue a profundidad y cuando se sepa exactamente qué fue lo que ocurrió y quién es el responsable, que se tomen las medidas necesarias para que esto no se repita”, agregó.

Pese a que hoy trascendió una carta del director ejecutivo de la AEE, Josué Colón, recordándole al presidente de LUMA, Wayne Stensby, la obligación de darle mantenimiento a los interruptores, el gobernador pidió esperar a los hallazgos de las investigaciones en curso y repasó las expresiones del operador privado.

“LUMA ha dicho que dio el debido mantenimiento… Si mal no leí en los medios son 17 eventos de mantenimiento desde junio cuando entra hasta el momento del siniestro. Ahí tú tienes esa carta en la que meramente reclama que haya mantenimiento, pero LUMA, por otro lado, dice que lo ha dado. Veremos cuando se investigue esto y los peritos entren en el asunto y se hagan los hallazgos. Entonces sabremos realmente quién tiene la razón”, afirmó Pierluisi Urrutia.

“Yo lo que estoy diciendo no es que no haya voluntad para fiscalizar a LUMA. Es que el ente que realmente, bajo nuestra ley de política pública energética, tiene que estar fiscalizando, y lo ha estado haciendo, es el Negociado”, añadió.

Reconoció también el impacto negativo de la noticia del apagón, que trascendió a nivel internacional.

“Claramente el que ocurra un apagón en Puerto Rico, de esta naturaleza, es claramente negativo, o sea, esto es muy negativo. Lo importante es que no se repita”, apuntaló.

Arranca proyecto piloto de la reforma del servicio público

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia anunció hoy la implementación de la primera fase de la Reforma Administrativa de Servicio Público en el Departamento de Hacienda y en la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), con nuevas clasificaciones de puestos y ajuste en compensaciones salariales, que se reflejaron en esta primera quincena de abril.

Esta etapa abarca a 156 empleadas y empleados públicos que laboran en Hacienda y la OGP y tiene un costo de $2.4 millones.

En rueda de prensa desde La Fortaleza, Pierluisi Urrutia explicó que la reforma del servicio público costará $132 millones al año, una partida que está contemplada en el plan fiscal aprobado por la Junta de Control Fiscal (JCF).

El programa piloto arrancó el 15 de abril, pero el proyecto completo iniciará en enero del 2023 y se extenderá a 56 agencias y sobre 45,000 empleados. Algunas agencias, como el Departamento de Educación trabajan sus planes de reclasificación de puestos y revisión de salarios de forma independiente.

Como parte de este programa y a requerimiento de la JCF, el gobierno adoptará un sistema de evaluación y un sistema de ponche electrónico para trabajar la nómina de empleados y empleadas del sector público.

“Luego de nueve meses de trabajo, hoy comenzamos a ver el resultado de la primera fase de la Reforma Administrativa de Servicio Público en un grupo de empleados de Hacienda y de OGP, que fueron las dos agencias seleccionadas para desarrollar el plan piloto que persigue mejorar las condiciones laborales de todos los empleados de gobierno. El proyecto tiene el fin de mejorar las estructuras organizacionales en las agencias, el reclutamiento de personal, la compensación y oportunidades de desarrollo profesional”, indicó el primer ejecutivo en su primera rueda de prensa tras su regreso la semana pasada de su viaje a España.

En esta etapa, la Reforma Administrativa de Servicio Público impacta con un aumento de sueldo a unos 108 empleados de Hacienda y aproximadamente 48 de OGP, principalmente del componente fiscal. Los cambios son el producto de una nueva estructura organizativa que se realizó de forma individual en cada agencia, atemperando las funciones del personal a las necesidades reales del gobierno. Los cambios se enfocaron en áreas críticas como lo son las finanzas, contabilidad y tecnología, explicó el gobernador.

Por ejemplo, un especialista de presupuesto de OGP que devengaba un salario mensual de $3,650 ahora ganará $5,589 al mes.

La reforma busca uniformar los salarios a través del gobierno y convertirlo en un patrono competitivo, aseguró Pierluisi Urrutia.

“En vez de tener sobre 170 planes de clasificación y retribución por todo el gobierno central, vamos a tener dos planes de clasificación y retribución: uno para el personal de carrera, que es fácilmente el 90% del personal del gobierno, y el 10% es personal de confianza”, precisó.

“Estamos decididos a actualizar la operación del gobierno, a invertir en la capacitación y readiestramiento del personal, buscando la máxima eficiencia operacional, reclutando el mejor talento con salarios competitivos y desarrollando un plan de sucesión y de transferencia de conocimientos a largo plazo”, agregó el primer ejecutivo, quien estuvo flanqueado por el secretario de Hacienda, Francisco Parés, el director ejecutivo de OGP, Juan Carlos Blanco, la directora ejecutiva de la OATRH, Zahira Maldonado y la secretaria de la gobernación, Noelia García.

El secretario de Hacienda destacó que es la primera vez que se revisan las escalas salariales en el Departamento en más de dos décadas y agradeció a las partes por la justicia salarial a los empleados de la agencia que dirige.

“Desde que llegué al Departamento hace cinco años, he sido vocal y consistente en el reclamo de mejores condiciones laborales para mis compañeros de trabajo, que incluyan una compensación digna. Agradezco al Gobernador por priorizar a nuestros colaboradores y a la Junta por reconocer nuestra petición y asignar los recursos para hacer justicia a todos los servidores públicos. Esta Reforma Administrativa de Servicio Público es una ambiciosa, la implementación de este proyecto piloto es solo el inicio y requiere el compromiso de todos los que formamos parte del gobierno.  Confié en mi equipo de trabajo y hoy los resultados que tenemos anticipan un futuro positivo para la agencia”, sostuvo.

Parés Alicea indicó que los avances tecnológicos y la digitalización han sido clave en el buen desempeño y la prestación de servicios a los ciudadanos, pero reconoció que detrás de los números y de esos resultados están los empleados.

“El eje de la buena gestión pública es nuestro recurso humano y estamos reconociendo la labor de todos los trabajadores y haciéndoles justicia, al tiempo que ayudamos a crear un mejor Puerto Rico. Esta reforma les permite desarrollarse y capacitarse para poder defender su rol de una manera más digna y eficiente. Repiensa cuál debe ser la estructura que persigue una reorganización más atemperada a los tiempos y le provee al empleado una plataforma para alcanzar sus aspiraciones profesionales”, afirmó.

La directora ejecutiva de la OATRH, Zahira Maldonado Molina, expresó que su Oficina tiene como norte asegurar la óptima utilización de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico.

“Estamos trabajando arduamente para la implementación los Planes de Retribución Uniforme para los empleados del servicio de carrera del Gobierno Central. Hemos colaborado con la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico en el desarrollo del Proyecto Piloto que se inició en el Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Este proyecto piloto nos permite afinar detalles para la implementación en enero de 2023 en el gobierno central. Nuestro objetivo es retener el personal valioso que tenemos y asimismo atraer nuevo talento al Servicio Público de Puerto Rico”, indicó la funcionaria.

De la misma forma se expresó el director de OGP, Juan Carlos Blanco. “Estamos confiados en que esta Reforma redundará en grandes beneficios para todos los componentes del gobierno y en especial para los trabajadores que recibirán compensaciones económicas comparables con las del sector privado. También crearemos nuevas posiciones y brindaremos servicios más eficientes a la ciudadanía”, apuntaló.

“Fue un trabajo serio y minucioso. Utilizamos el comportamiento del mercado laboral para ajustar nuestras escalas y ofrecerle a los empleados retribuciones más justas. Esta es la primera vez que el gobierno contará con escalas salariales nuevas y modernas, creadas a partir de un análisis de mercado”, abundó.

La Oficina de Innovación y Servicios de Tecnología (PRITS, en inglés) también está desarrollando una plataforma que centraliza y facilita el acceso a la solicitud de empleos de carrera en el gobierno.

Gobernador asegura lote en Guánica mercadeado en portales de bienes raíces está protegido

Foto del terreno a la venta en el barrio Ensenada en Guánica.

La venta de un lote terreno en una zona protegida en Guánica, cuyo anuncio apareció en el portal de la empresa de bienes raíces que dirige la nuera del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, parece que se hizo sal y agua.

Hoy, en rueda de prensa desde La Fortaleza, el mandatario afirmó que ese terreno costero no cambiará de zonificación como anticipaba el anuncio que identificaba esas tierras como “un espectacular lote en bahía de Guánica”.

“Ya la secretaria interina del Departamento de Recursos Naturales (Anaís Rodríguez) se expresó. El Departamento de Recursos Naturales se opone a cualquier cambio en esa zonificación. Al revés, quiere proteger la zona y hasta identificó la especie que está en peligro de extinción, que está allí, y que hay que proteger”, afirmó el primer ejecutivo visiblemente incómodo con la pregunta de la prensa, pero sin aclarar la confusión creada por el anuncio.

“Así que quien sea que está pensando en eso, que cambie de parecer porque eso no va para ningún lado”, agregó.

Aunque el gobernador no aclaró que la firma de bienes raíces de su nuera no mercadea esta propiedad, una fuente con conocimiento del mundo de los bienes inmuebles se comunicó con Cuarto Poder y explicó que “muchas páginas de corredores de bienes raíces publican de manera aleatoria y automática anuncios de otras ofertas registradas en el Multiple Listing Service”. “Esta práctica es común en Florida y Nueva York”, agregó.

Pese a que López Pierluisi no vende estas propiedades en Corcoran Group , estos anuncios aparecen en su portal de forma automática, según la fuente.

Hace unos días, saltó a la discusión pública un anuncio que apareció en el portal del Corcoran Group que consignaba que el lote ostentaba una zonificación protegida pero que próximamente cambiaría a su zonificación original de desarrollo turístico selectivo. El anuncio provocó especulaciones y un amplio debate en las redes sociales sobre la aparente información de privilegio que manejaba la agencia de bienes raíces, cuya principal ejecutiva es Blanca Hebe López Pierluisi, esposa del hijo del gobernador y exsecretario de Asuntos del Consumidor, Michael Pierluisi.

Pero el anuncio corresponde a otra compañía de bienes raíces de nombre Two20 Group y no a Corcoran Puerto Rico, la empresa que dirige López Pierluisi. Cuarto Poder se comunicó con los dos números de teléfonos que están en el anuncio. Inicialmente, alguien que no se identificó dijo que la propiedad había sido opcionada, pero cuando este medio trató de obtener más información sobre la transacción a la luz de las expresiones del gobernador, la persona escribió “pensé que me hablaba de otra propiedad”. Después no volvió a responder preguntas por mensaje de texto, ni atendió el teléfono.

El listado ya no aparece en la web de Corcoran, pero el terreno que ubica en Punta Pescadores, en el barrio Ensenada de Guánica, todavía aparece en totalcommercial.com. El precio se ofrecerá “upon request” o por petición.

La empresa Corcoran Puerto Rico abrió una oficina en Condado en diciembre pasado, luego de establecer una alianza con Gramercy Real Estate Group, una firma fundada por López-Pierluisi, según informó El Nuevo Día. El gobernador Pierluisi Urrutia participó en la actividad del corte de cinta de la oficina.

Justicia solicita archivo de caso contra Elianni Bello Gelabert

El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández.

Tal y como había anticipado el pasado jueves, el Departamento de Justicia solicitó hoy el archivo del caso iniciado contra Elianni Bello Gelabert por una violación al Artículo 60 de la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores luego de haber dejado sola a su bebé en el patio frontal de la residencia de su padre en Santurce.

“Hemos establecido comunicación con el Departamento de la Familia para garantizar el mejor bienestar de la bebé y que, a su vez, la madre pueda recibir servicios de las distintas agencias. Tras evaluar la totalidad de la información obtenida con posterioridad a la radicación del caso y las circunstancias particulares de Bello Gelabert, entendimos que la decisión más justa es detener el proceso penal y que el caso se pueda atender a nivel interagencial. Nuestra misión es hacer justicia y para ello no se puede ignorar el aspecto social y todo lo que afecta a una persona”, informó el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández. 

En el día de hoy, la fiscal Frances Ortiz Fernández, coordinadora de la Unidad Especializada de Violencia Doméstica, Maltrato de Menores y Delitos Sexuales de la Fiscalía de San Juan, presentó la moción solicitando el archivo y sobreseimiento del caso conforme a la Regla 247 (a) de las de Procedimiento Criminal.

“Cuando el caso fue referido por parte de la Policía a la Fiscalía de San Juan, el Ministerio Público actuó para proteger a una menor de tres meses, cuya situación ya era objeto de investigación por querellas previas en el Departamento de la Familia. Lo anterior no impide que podamos reevaluar el enfoque que adoptamos en el descargue de nuestro deber ministerial”, expresó Ortiz Fernández.

“Conforme lo anterior y tomando en consideración el balance más prudente y justiciero en el caso que nos ocupa, solicitamos que este Honorable Tribunal proceda con el archivo y sobreseimiento del caso ante su consideración”, lee la moción radicada hoy.

“Desde la semana pasada hemos estado evaluando el proceder en este caso con un enfoque no punitivo. Como hemos expresado, no en todos los casos radicados se persigue una pena de cárcel, sino que la conducta ilegal no se repita. Confiamos en que las agencias puedan atenderlo de manera diligente y asegurar el bienestar de la niña y su mamá”, manifestó la jefa de los fiscales, Jessika Correa González.

Gobernador pide a Justicia desistir del procesamiento de Elianni Bello Gelabert

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia urgió hoy al Departamento de Justicia a desistir de su intención de procesar a Elianni Bello Gelabert, quien enfrenta un cargo de negligencia por dejar a su bebé frente a la casa del padre de la infante en un intento por obligarlo a asistirla en su cuidado.

“Yo le tengo gran respeto al Departamento de Justicia, como saben yo fui secretario de Justicia y mi norma es no intervenir en casos en curso o investigaciones en curso, pero tengo que decir a base de los reportajes que he visto en los medios que ese caso el Departamento de Justicia debe desistir de los cargos que radicaron, que aquí lo que hay que hacer es darle apoyo a esa dama, a la imputada”, afirmó el mandatario en rueda de prensa para anunciar el inicio del servicio público.

“Hay que asegurarnos también que se le exija responsabilidad al padre del bebé. Que todas las agencias que puedan aportar, aporten. Estoy hablando del Departamento de Familia y sus dependencias. Estoy hablando del Departamento de Justicia. Todas pongan de su parte. Tengo que elogiar a las entidades sin fines de lucro que han intervenido y la verdad que es un caso bastante penoso, muy penoso”, agregó.

Durante el fin de semana, Justicia anticipó que estudia retirar el cargo, que contempla una pena de dos años de cárcel. El caso de Bello Gelabert, una mujer de 22 años con estatus migratorio no definido, zarandeó la conciencia pública porque Justicia optó por la ruta punitiva penal en vez de atender este caso por la vía civil ante la situación de precariedad que enfrentaba la mujer. Por ejemplo, inició su procesamiento sin tomar en cuenta que se encontraba en medio de un proceso de desahucio y que era víctima de violencia de género.

Agentes de la Policía arrestaron a Bello Gelabert la madrugada del 8 de abril, luego que llamó para informar que su bebé de tres meses estaba sola, en un asiento protector, en el patio de la residencia de su padre, Yon Arias Lugo, en Santurce. El Nuevo Día reportó que Arias Lugo, de 42 años, se negó a reconocer la paternidad de la menor hasta que una prueba lo confirmó. Luego, de acuerdo al diario, ha rehusado asumir su obligación en la crianza y cuidado de la bebé, aunque en una entrevista que concedió a TeleOnce, tras la indignación colectiva que provocó este caso, dijo que cooperaba con algún dinero y que haría gestiones para obtener su custodia.

Desde que quedó en libertad bajo fianza el pasado miércoles, Bello Gelabert se encuentra bajo la cuido del Centro para la Mujer Dominicana. El Departamento de la Familia tiene la custodia temporera de la bebé.

Salud anunciará esta tarde uso obligatorio de la mascarilla en actividades con aglomeración de personas

Se espera que esta tarde el secretario de Salud, Carlos Mellado, informe nuevas medidas de salubridad como el uso de mascarilla obligatorio en eventos con más de 1,000 personas.

Así lo adelantó el gobernador Pedro Pierluisi a preguntas de la prensa ante el alza en la tasa de positividad que alcanza casi el 20% en Puerto Rico.

El anuncio ocurre mientras un juez federal de Florida anuló el lunes la regla de la administración Biden que obligaba a usar mascarillas en aviones, trenes y otras formas de transporte público.

La jueza de Sistrito de EE. UU. Kathryn Kimball Mizelle dijo que los CDC excedieron su autoridad legal y no justificaron adecuadamente su decisión.

La semana pasada, los CDC extendieron el mandato hasta el 3 de mayo.

Fuente: Axios

Instituto de Cultura Puertorriqueña dice no entregará el Parque Ceremonial Indígena de Caguana a Utuado

Según una comunicación oficial, el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) dice que no avalará la Resolución Conjunta del Senado 45 que ordena una evaluación para la transferencia total del Parque Ceremonial Indígena de Caguana al Municipio de Utuado de forma gratuita.

La medida legislativa hace el ordenamiento bajo la “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”. 

La resolución propone que el municipio realice todas las acciones necesarias para lograr su máximo potencial de uso en beneficio de su desarrollo económico. El ICP recalcó que bajo ley es su función conservar y custodiar el patrimonio histórico cultural del país para el alcance y conocimiento del público.

La Alianza Indígena Boricua en Resistencia (AIBER) convocó una manifestación en contra de la Resolución Conjunta del Senado para mañana martes 19 de abril de 2022 a las 10:00 am en el Capitolio.

Aseguran investigación en Legislatura Municipal no surge por referido del Alcalde de Caguas

Luego que el alcalde de Caguas, William Miranda Torres sostuvo que la investigación en la Asamblea Municipal surge a raíz de un referido suyo, una fuente de Cuarto Poder aseguró que la investigación ya había comenzado tras testimonios de personas que conocen los hechos.

El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, se limitó a confirmar que el allanamiento fue encomendado por la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia.
“El allanamiento está relacionado a una investigación que realiza la División Integridad Pública y Asuntos del Contralor, bajo la Ley de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, tras evaluar una querella que se recibió en el Departamento de Justicia. Debido a que la investigación está en curso, en este momento no podemos ofrecer detalles adicionales”, indicó el secretario.

Las órdenes de allanamiento y registro fueron diligenciadas por el Negociado de Investigaciones Especiales.

Se agregó que en el 2021, la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia completó 26 investigaciones, cuyos resultados fueron referidos a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI). Este año, Justicia ha remitido nueve referidos a la OPFEI y actualmente mantiene 11 investigaciones activas.

En febrero de este año, Cuarto Poder (WAPA-TV) le solicitó una reacción al alcalde de Caguas, William Miranda Torres, a las alegaciones que recibimos sobre supuesto mal uso de vehículos oficiales y recursos costeados con fondos públicos en la Legislatura Municipal de ese municipio.

En aquel momento, el alcalde indicó al equipo investigativo, por medio de declaraciones escritas, que “tras advenir en conocimiento” de las alegadas acciones “a través del requerimiento de información del programa Cuarto Poder”, decidió referir el asunto a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).

“Luego de advenir en conocimiento de alegadas acciones impropias realizadas por parte del presidente de la Legislatura Municipal, José R. Torres Torres, según trascendieron a través del requerimiento de información del programa El Cuarto Poder, y cumpliendo con nuestra responsabilidad de velar por el buen manejo de los recursos municipales, hemos procedido a generar el referido correspondiente a la Oficina de Ética Gubernamental. De esta manera, el ente con competencia en la materia será quien investigue las imputaciones efectuadas”, dijo el Alcalde de Caguas en declaraciones a Cuarto Poder.

 “Toda denuncia de irregularidad levantada por cualquier empleado o ciudadano en nuestra Ciudad, es investigada y encausada a través de los foros correspondientes”, señaló el Primer Ejecutivo Municipal.

“No obstante, cabe destacar que fuera de esta solicitud de comentarios sobre las alegaciones que involucran al presidente, hoy en día, nuestra Oficina de Auditoría Interna no ha recibido una querella formal por parte de algún ciudadano o empleado municipal que denuncie los actos imputados al presidente de la Legislatura Municipal por virtud del requerimiento de comentarios cursado”, agregó Miranda Torres.

Hoy, alrededor de dos meses más tarde, el municipio amaneció con siete vehículos del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) que allanaron el tercer piso de la Legislatura Municipal de la Ciudad Criolla.

Poco tiempo más tarde, el alcalde confirmó a la prensa que el allanamiento se daba tras las denuncias que este programa reseñó en febrero.

“De ahí es que viene la cosa… por ahí es que va la cosa”, comentó, luciendo un poco incómodo por la situación.

Exempleados y exlegisladores municipales aseguraron a Cuarto Poder que las denuncias iban dirigidas al presidente de la Legislatura Municipal, José Torres Torres, por haber utilizado recursos costeados con fondos públicos y vehículos oficiales para beneficio personal.

También, según consta en declaraciones juradas a las que tuvimos acceso, se encontró que las denuncias incluyen al alcalde de ese municipio, William Miranda Torres, por supuestamente encubrir las actuaciones y no tomar cartas en el asunto.

El alcalde informó esta mañana que desconocía el paradero de Torres Torres, y que este había dejado a una persona para que fungiera como presidente interino.

Luego, en declaraciones escritas, dijo que “es lamentable todo el despliegue de agentes que llegaron aquí al municipio para solicitar información e incautar material de computadoras. Pudieron hacer una llamada y hacer los requerimientos necesarios. Aquí todo el mundo tiene instrucciones de cooperar con las peticiones de información de cualquier entidad investigativa. No sé cuál fue la intención de llegar de esta manera, estos operativos laceran las instituciones innecesariamente y en nada aporta”. 

“En estos momentos sería impropio especular u opinar sobre una investigación que está en desarrollo. Tan pronto surjan los resultados de las investigaciones se estarán compartiendo públicamente como siempre nos hemos caracterizado en nuestra administración. Nuestra política siempre ha sido una de no tolerancia a los actos impropios de cualquier funcionario, cada servidor público es responsable de realizar un trabajo de excelencia y de transparencia”, sentenció el Alcalde.

Miranda Torres hizo una exhortación a la prensa para que investigue y reseñe toda la información relacionada a este caso y recabó a los empleados municipales a colaborar con cualquier investigación y solicitud de información. “A nuestros constituyentes le solicitamos mantenerse informados con los medios oficiales y que esta investigación nada tiene que ver con los servicios que se ofrecen a la ciudadanía”, concluyó diciendo Miranda Torres. 

Vea la investigación de Cuarto Poder publicada en febrero 2022

Alcalde de Caguas refirió a Presidente de Legislatura Municipal tras solicitud de Cuarto Poder

En febrero de este año, Cuarto Poder (WAPA-TV) le solicitó una reacción al alcalde de Caguas, William Miranda Torres, a las alegaciones que recibimos sobre supuesto mal uso de vehículos oficiales y recursos costeados con fondos públicos en la Legislatura Municipal de ese municipio.

En aquel momento, el alcalde indicó al equipo investigativo, por medio de declaraciones escritas, que “tras advenir en conocimiento” de las alegadas acciones “a través del requerimiento de información del programa Cuarto Poder”, decidió referir el asunto a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).

“Luego de advenir en conocimiento de alegadas acciones impropias realizadas por parte del presidente de la Legislatura Municipal, José R. Torres Torres, según trascendieron a través del requerimiento de información del programa El Cuarto Poder, y cumpliendo con nuestra responsabilidad de velar por el buen manejo de los recursos municipales, hemos procedido a generar el referido correspondiente a la Oficina de Ética Gubernamental. De esta manera, el ente con competencia en la materia será quien investigue las imputaciones efectuadas”, dijo el Alcalde de Caguas en declaraciones a Cuarto Poder.

 “Toda denuncia de irregularidad levantada por cualquier empleado o ciudadano en nuestra Ciudad, es investigada y encausada a través de los foros correspondientes”, señaló el Primer Ejecutivo Municipal.

“No obstante, cabe destacar que fuera de esta solicitud de comentarios sobre las alegaciones que involucran al presidente, hoy en día, nuestra Oficina de Auditoría Interna no ha recibido una querella formal por parte de algún ciudadano o empleado municipal que denuncie los actos imputados al presidente de la Legislatura Municipal por virtud del requerimiento de comentarios cursado”, agregó Miranda Torres.

Hoy, alrededor de dos meses más tarde, el municipio amaneció con siete vehículos del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) que allanaron el tercer piso de la Legislatura Municipal de la Ciudad Criolla.

Poco tiempo más tarde, el alcalde confirmó a la prensa que el allanamiento se daba tras las denuncias que este programa reseñó en febrero.

“De ahí es que viene la cosa… por ahí es que va la cosa”, comentó, luciendo un poco incómodo por la situación.

Exempleados y exlegisladores municipales aseguraron a Cuarto Poder que las denuncias iban dirigidas al presidente de la Legislatura Municipal, José Torres Torres, por haber utilizado recursos costeados con fondos públicos y vehículos oficiales para beneficio personal.

También, según consta en declaraciones juradas a las que tuvimos acceso, se encontró que las denuncias incluyen al alcalde de ese municipio, William Miranda Torres, por supuestamente encubrir las actuaciones y no tomar cartas en el asunto.

El alcalde informó esta mañana que desconocía el paradero de Torres Torres, y que este había dejado a una persona para que fungiera como presidente interino.

NIE allana Legislatura Municipal de Caguas

La semana comienza con un allanamiento en la Legislatura Municipal de Caguas.

Fuentes aseguran que se trata de una investigación sobre este organismo que de hecho fue revelada en primicia por Cuarto Poder.

El allanamiento es diligenciado por el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), una agencia de orden público estatal.

La portavoz de prensa del Departamento de Seguridad Pública, Mariana Cobián, confirmó que el allanamiento comenzó cerca de las 9:30 a.m. en el edificio de la Casa Alcaldía pero en las oficinas de la Legislatura Municipal y el área de informática.

Se supo que se diligencia una orden de registro y allanamiento y entrega inmediata. El esfuerzo es coordinado con la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia, división a cargo de investigar y diligencias crímenes por corrupción.

El comisionado del NIE, Rafael Freytes Cutrera, confirmó que esta mañana agentes del Negociado adscrito al Departamento de Seguridad Pública (DSP) diligencian una orden de allanamiento en la Oficina de Tecnología e Información y en la Legislatura Municipal del municipio autónomo de Caguas.

Freytes Cutrera indicó que la orden fue expedida por la juez Maranyelí Colón Requejo, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, relacionado a una investigación en conjunto con la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia.

“Agentes del NIE junto a peritos del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) diligencian la orden de allanamiento. Por tratarse de una investigación en curso, no podemos ofrecer más información”, agregó el comisionado del NIE.

En febrero del año pasado, Cuarto Poder (Wapa-TV) investigó unas alegaciones sobre presuntas irregularidades en la Legislatura Municipal.

Se alega que el presidente de ese cuerpo, José Torres Torres, habría utilizado recursos costeados con fondos públicos y vehículos oficiales para beneficio personal, según denunciaron varios legisladores y exempleados del ayuntamiento en unas declaraciones juradas a las que Cuarto Poder (Wapa TV) tuvo acceso.

Durante una investigación para este programa, se encontró que las denuncias incluyen al alcalde de ese municipio, William Miranda Torres, por supuestamente encubrir las actuaciones y no tomar cartas en el asunto.

Vea la investigación de Cuarto Poder aquí